A medida que el imperialismo estadounidense pasa de un teatro de intervención al siguiente, Cuba vuelve a ocupar su lugar tradicional en la propaganda estadounidense como el archienemigo que amenaza la sociedad burguesa supuestamente estable. Mientras se prepara para el próximo enfrentamiento del capitalismo mundial entre Estados Unidos y China, la burguesía revive el familiar fantasma del comunismo estalinista y del terrorismo aventurero, al tiempo que prepara su Estado para una represión interna más intensificada dirigida contra el proletariado. Mientras tanto, el reciente fortalecimiento de la corriente socialdemócrata dentro del Partido Demócrata proporciona a la facción burguesa opositora otra ocasión para resucitar la mitología anticomunista mediante la cual el Estado estadounidense ha fomentado, durante generaciones, su propia capacidad para dirigir violencia intensificada contra el proletariado, mientras que sus programas políticos reformistas, envueltos en retórica socialista, no ofrecen nada más que un programa para estabilizar el mismo capitalismo que supuestamente corrompen. Ambas partes se benefician de este espectáculo. Una infla la amenaza; la otra invoca la conciencia violada de la democracia. Cada una fortalece al Estado, mientras que la falsa oposición en las calles solo suplica la restauración de una administración más humana del mismo orden burgués. Contra toda esta comedia, la posición comunista sigue siendo de completa indiferencia. El proletariado no tiene derechos democráticos que recuperar, solo tiene la dictadura del capital que destruir mediante la reconstitución de su movimiento de clase independiente.

La burguesía proclamó el “fin de la historia” tras la disolución de la URSS. Para los marxistas, esto nunca fue un punto de inflexión histórico, sino simplemente otro episodio en el desarrollo del capitalismo mundial. La contrarrevolución rusa había consumado hacía tiempo su régimen desarrollista de capitalismo de Estado bajo una fraseología socialista; el colapso de su forma estatal no alteró nada fundamental en la dominación global de las relaciones capitalistas totalizadoras. Desprovisto de su adversario ideológico tradicional, el imperialismo estadounidense descubrió otro en el “terrorismo internacional”, en torno al cual organizó dos décadas de intervención militar, movilización patriótica y represión doméstica. Hoy, mientras las contradicciones de la acumulación capitalista se agudizan y los antagonismos interimperialistas dominan de nuevo el horizonte mundial, el viejo vocabulario anticomunista vuelve a ser utilizado. Los espectros que ahora se invocan no son el comunismo revolucionario, sino las sombras inofensivas del radicalismo burgués, la socialdemocracia y el antifascismo, todos denunciados como “comunistas” precisamente porque el comunismo genuino ha estado ausente del escenario histórico durante décadas. Es más fácil para la burguesía procesar a una facción del capital bajo el nombre de comunismo que enfrentarse a la reaparición espectral del movimiento proletario que acecha en el horizonte.

Estas corrientes constituyen el apéndice callejero indispensable del ala democrática del capital. Sus incesantes llamamientos al activismo, la participación, la movilización electoral y la “organización comunitaria” no hacen más que reproducir la más vieja ilusión de la política burguesa: que las contradicciones del capitalismo pueden resolverse mediante una administración más democrática del orden existente. Su función práctica es disolver al proletariado en la categoría amorfa de “el pueblo”, subordinando el antagonismo de clase a la regeneración perpetua del Estado democrático. A medida que las contradicciones de la acumulación capitalista se agudizan y avanzan los preparativos para un nuevo ciclo de conflicto interimperialista, esta movilización democrática se convierte en el complemento necesario de un aparato represivo en expansión. La burguesía se prepara a la vez para la guerra externa y para el inevitable retorno del conflicto interno de clases. En la ausencia temporal de un movimiento proletario independiente, fabrica antagonismos sustitutos, pánicos morales y enemigos ficticios, ensayando de antemano las formas ideológicas mediante las cuales la lucha de clases del mañana será nuevamente mistificada.

El Estado burgués nunca ha esperado pasivamente a que sus enemigos aparecieran. Fabrica las condiciones bajo las cuales la represión se presenta como una necesidad obvia. Durante los años de la llamada Guerra contra el Terror, cientos de informantes y agentes encubiertos del FBI penetraron mezquitas, organizaciones comunitarias y foros en línea, no solo para descubrir conspiraciones sino para provocarlas hasta hacerlas existir. En un caso ampliamente reportado, un informante entró en una mezquita de California ofreciendo acceso a misiles Tomahawk y otras armas de grado militar con la esperanza de identificar participantes dispuestos. En Portland, agentes federales pasaron meses manipulando a Mohamed Osman Mohamud, un joven de diecinueve años, antes de proporcionarle lo que él creía era un dispositivo explosivo funcional para la ceremonia de encendido del árbol de Navidad de la ciudad, arrestándolo solo después de que cada elemento esencial del supuesto complot hubiera sido proporcionado por el propio Estado. Docenas de operaciones encubiertas similares siguieron el mismo patrón: objetivos seleccionados entre individuos políticamente aislados o vulnerables, planes sugeridos por informantes, armas proporcionadas por las autoridades y arrestos espectaculares presentados después como prueba de una amenaza terrorista siempre presente. Estos no fueron abusos excepcionales sino mecanismos ordinarios mediante los cuales el Estado capitalista amplió sus poderes policiales mientras cultivaba el consentimiento público para su expansión. Imaginar que tales métodos han desaparecido porque el enemigo designado ha cambiado sería confundir una función permanente del Estado burgués con un episodio histórico pasajero.

La misma operación reaparece ahora bajo una bandera ideológica diferente. Según el burgués Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el “extremismo de izquierda” fue responsable de treinta y cinco ataques y trece muertes entre 2016 y 2025, identificando 2025 como el primer año en que los ataques de izquierda supuestamente superaron a los de derecha. Sin embargo, el propio informe registra ciento cincuenta y dos ataques de derecha que resultaron en ciento doce muertes durante el mismo período, mientras separa además la violencia yihadista y etnonacionalista en categorías distintas, un procedimiento contable que estrecha artificialmente la disparidad aparente, otorgando peso estadístico a la narrativa política que se está construyendo. Las cifras en sí mismas son de importancia secundaria. Su propósito no es la investigación científica sino la preparación ideológica. Así como ayer toda contradicción social fue subsumida bajo la categoría universal de “terrorismo”, hoy una variopinta colección de antifascistas, socialdemócratas, anarquistas, militantes ecologistas e imaginarias conspiraciones comunistas se ensamblan en un nuevo enemigo interno contra el cual el aparato coercitivo del Estado puede ser nuevamente ampliado. El comunismo genuino, ausente del escenario histórico durante décadas, es invocado solo como un nombre vacío bajo el cual la burguesía procesa conflictos internos de su propio orden social mientras prepara los instrumentos que, mañana, serán dirigidos contra el resurgimiento del movimiento proletario independiente.

El asesinato de Charlie Kirk, el intento de asesinato contra Trump, ambos dejando muchas preguntas sin respuesta, y la transformación de Luigi Mangione en el último producto del espectáculo político individualista, sirven como pretextos para una ofensiva burguesa renovada contra la quimera del “terrorismo de extrema izquierda”. Como tal, el 16 de julio, el Departamento de Estado de EE. UU. convocó una conferencia de más de sesenta países para combatir el “terrorismo de izquierda”, a pesar de que la violencia política de la izquierda es significativamente menor que la de la derecha, y mucho menor que la de cualquier tendencia proletaria o seudocomunista. La apertura de la conferencia invoca a las ya extintas Brigadas Rojas, Baader-Meinhof, el Weather Underground, los Tupamaros y Sendero Luminoso, para evocar, en la mente de la burguesía mundial, el terror del “comunismo” o una conspiración para socavar la civilización occidental y la civilización como tal. Esto le viene muy bien a la burguesía en el marco de los preparativos generales para la guerra contra un falso rival comunista −el imperialismo− y contra la clase trabajadora nacional, a la que, por encima de todo, quiere impedir que se afilie a un verdadero partido comunista.

El Estado estadounidense ha designado a cuatro grupos anarquistas y antifascistas europeos como organizaciones terroristas globales: Antifa Ost en Alemania, la Federación Anarquista Informal en Italia, y Justicia Proletaria Armada y Autodefensa Revolucionaria en Grecia. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta diez millones de dólares por información sobre estos grupos para interrumpir sus finanzas y operaciones. Esto coincide con la orden del régimen que designa a “Antifa’ como un grupo terrorista doméstico en el país, y con la firma, el año anterior, de NSPM-7, que crea un grupo de trabajo federal para combatir lo que llama grupos terroristas domésticos caracterizados por “antiestadounidismo, anticapitalismo y anticristianismo, apoyo al derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos”.

Mientras que, ayer, la administración se centraba en combatir a los anarquistas callejeros y antifascistas, hoy el enfoque se desplaza a la guerra electoral con los socialdemócratas y a la caza de rojos, trazando líneas de batalla antes de un posible movimiento contra Cuba mientras continúa la preparación para la guerra con China. Reflejando la manía McCarthyista del “Comunismo sin Dios” de la segunda Caza de Rojos, el régimen del capital ha aumentado su retórica anticomunista bajo la apariencia de proteger las libertades civiles y religiosas, declarando el Teniente Gobernador de Texas, Dan Patrick, en cámara: “Sabemos lo que los comunistas hacen en todo el mundo. Eliminan a Dios. Cierran las iglesias. Castigan a los creyentes”. Un documento publicado por el Departamento de Estado de EEUU sobre el “comunismo” en Cuba nombra a la DSA, BLM, el Amalgamated Labor Union y Code Pink como exportaciones de la supuesta revolución comunista del régimen cubano, que subvierten el capitalismo estadounidense desde dentro. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) ha sido sancionado, y tres ciudadanos cubanos vinculados al instituto se encuentran en custodia federal a la espera de deportación bajo el cargo de tener “vínculos con la red de subversión comunista transnacional”. Esto coincide con el aumento del gasto del gobierno estadounidense, en cientos de millones de dólares, en programas para combatir la influencia imperialista de China en el Caribe y Centroamérica, ocupándose principalmente de los cables de telecomunicaciones submarinos y la propiedad de puertos comerciales a lo largo del Canal de Panamá, y con un documento interno del Departamento de Estado, obtenido por Associated Press, que propone gastar hasta quinientos millones de dólares en perturbar la influencia china en todo el mundo para asegurar el imperialismo capitalista estadounidense contra su rival chino.

La Caza de Rojos tiene una historia

El anticomunismo estadounidense no es un método nacido de la Guerra Fría, ni de ninguna temporada electoral. Es, ante todo, la política interna del capital estadounidense hacia su propia clase trabajadora, una política que precede, por décadas, a cualquier Estado en el extranjero contra el cual pudiera ser dirigida posteriormente durante el período de la guerra fría. Esta política interna se convirtió en un asunto de estrategia internacional en el momento en que la Revolución Rusa le dio un Estado al que atacar: tropas estadounidenses desembarcaron en Arcángel y Vladivostok, y el capital estadounidense financió la contrarrevolución Blanca. La misma lógica rigió más tarde en el mundo descolonizado, donde Washington luchó para incorporar a cada Estado recién independizado a su órbita financiera y para prevenir cualquier revolución proletaria dentro de él, colaborando, cuando era útil, con las fuerzas del estalinismo global hacia ese mismo fin, mientras ambos se repartían el planeta en bloques imperialistas rivales. La orientación de esta estrategia hacia Cuba, Vietnam o Venezuela no significa que estos Estados encarnaran el poder obrero que decía temer, solo que cada uno es un capital nacional que administra su propio proletariado, del cual Washington desea poder capturar una mayor parte del plusvalor extraído del proletariado en estos países. Esta es la misma disciplina que siempre ha aplicado en casa.

Mucho antes de Lenin, antes de que ningún cubano hubiera oído hablar de Marx, la burguesía estadounidense ya había construido el aparato físico de la guerra de clases contra el trabajo en su propio suelo. Después de la Gran Huelga Ferroviaria de 1877, que se extendió por una docena de Estados, y que tuvo que ser sofocada por tropas federales y milicias estatales, las ciudades de todo el país levantaron arsenales tipo fortaleza en sus propios centros urbanos para albergar unidades de la Guardia Nacional para la represión del trabajo. La Gran Huelga Ferroviaria y la Comuna de París, ambas estallando en la misma década, ya prefiguraban el pánico que la burguesía atribuiría más tarde al nombre del bolchevismo; pero los arsenales en sí mismos no fueron levantados contra un espectro. Fueron la infraestructura que la burguesía construyó en respuesta directa a un levantamiento real de los trabajadores estadounidenses, y la ideología del anticomunismo se ajustó a esa infraestructura solo después.

El patrón se repitió con las Leyes de Espionaje y Sedición y las Redadas de Palmer después de la primera guerra imperialista, cuando la Organización de Trabajadores Industriales del Mundo (IWW) fue aplastada por negarse a la intoxicación nacionalista, y nuevamente en 1947, cuando la mayor ola de huelgas en la historia del país fue respondida con la Ley Taft-Hartley, que obligaba a todo funcionario sindical a repudiar el comunismo bajo amenaza de perder el reconocimiento legal. En cada caso, el aparato represivo precedió a la amenaza que decía combatir.

El miedo detrás de estos episodios nunca ha sido fingido; la prensa nacional estalló en pánico sobre los “Comunistas” cincuenta años completos antes de que los bolcheviques existieran para ser culpados de algo. Pero la misma clase también teme algo más cercano: la inestabilidad histórica de su propia posición dentro de la producción. Marx mostró, en el vigésimo séptimo capítulo del tercer volumen de El Capital, que la sociedad anónima ya realiza, dentro del propio capitalismo, “la abolición del capital como propiedad privada”, convirtiendo al propietario en un solo reclamante de interés, una “contradicción que se disuelve a sí misma” que vacía a la burguesía desde dentro. Superpuesto a la presente crisis de sobreproducción, este viejo miedo y esta nueva inquietud se fusionan en una disposición crónica a ver peligro en todas partes, en el proyecto de ley de control de alquileres de un alcalde tanto como en un piquete, en un activista de la DSA tanto como en Antifa Ost. Pero el verdadero, real y apremiante “terror rojo” es el de la burguesía −ya sea democrática o fascista− de que la clase obrera, en lugar de someterse a los preparativos para la confrontación más amplia del capital con China, se organice y se levante en cada país en defensa de sus intereses de clase, hasta la revolución por el comunismo.

Siempre ha sido marca del vulgar “marxismo” de manual medir la naturaleza de clase de un régimen por el registro de la propiedad, ¿quién es el dueño de la fábrica? Una vez que responde “el Estado”, concluye triunfalmente: ¡socialismo! Nuestra doctrina nunca ha razonado de esta manera. Marx fundó su crítica en el capital como relación social, la subordinación del trabajo vivo a la acumulación, y la persistencia de la dependencia del salario independientemente de quién firme el cheque de pago.

Como señalamos en nuestro artículo de 2017 Sobre la Muerte de Fidel Castro, el Capitalismo ya se había establecido en Cuba durante muchas décadas antes de que el Movimiento 26 de Julio de Fidel Castro tomara el camino al poder. El movimiento anticolonial de la isla, nacido en oposición a la dominación económica estadounidense que se había impuesto constantemente desde la independencia formal de Cuba de España en 1898, nunca poseyó el carácter de una lucha contra estructuras feudales o semifeudales, del tipo que sacudió grandes partes de Asia y África en el mismo período. Fue, desde el principio, una lucha dentro del horizonte burgués, librada no para derrocar el capitalismo cubano sino para redistribuir la parte del plusvalor extraído de la clase trabajadora cubana: la joven burguesía cubana, ella misma un producto de décadas de acumulación capitalista en la isla y criada, generación tras generación, en sujeción al capital estadounidense, había para la década de 1950 acumulado suficiente peso propio, en azúcar, en tierra, en una clase profesional y comercial nativa, para encontrar en esa misma historia y en esas mismas fuerzas de acumulación la determinación de separar su destino del de su poderoso vecino. Esta era una burguesía que se irritaba por su posición subordinada bajo un burgués más grande, no un proletariado que buscaba abolir el dominio de clase como tal, y cada etapa del movimiento que produjo, desde sus primeros manifiestos hasta la propia guerra de guerrillas, lleva ese origen. El liderazgo de este movimiento nacional anticolonial permaneció firmemente en manos burguesas durante todo el proceso, aunque fue el proletariado cubano el que luchó más valientemente contra el régimen desmoronado de Batista, el dictador y guardián de los intereses económicos estadounidenses. La clase trabajadora no pudo disputar ese liderazgo por dos razones: la ausencia de un Partido Comunista capaz de orientarla hacia sus propias tareas históricas, y un contexto internacional en el que la clase trabajadora de las metrópolis capitalistas, paralizada por la hegemonía del estalinismo y el reformismo, no podía ofrecer apoyo a los pueblos coloniales y dependientes que luchaban por sacudirse el dominio burgués.

Ese proletariado, y el subproletariado del campo, era sin embargo numeroso y fundamental en los acontecimientos de 1959. Nuestra corriente escribió, en una reunión en Roma en marzo de 1961, que, de una población trabajadora de aproximadamente dos millones, un millón y medio eran asalariados puros, de los cuales 800.000 eran trabajadores agrícolas; 500.000 de estos dependían solo de la industria azucarera, trabajando solo cuatro meses al año en la cosecha, con un desempleo estacional durante el “tiempo muerto” que alcanzaba del quince al veinte por ciento. Fue esta masa de trabajadores agrícolas extremadamente pobres y permanentemente inestables la que llenó las filas de la guerra de guerrillas de Castro en el campo, pero la revolución también se basó en la lucha urbana, en gran parte borrada de la historiografía posterior de Castro-Guevara: sabotaje, acción violenta y, sobre todo, la huelga, el arma proletaria por excelencia. La burguesía cubana, sin una dirección revolucionaria que la contrarrestara, canalizó este compromiso de la clase trabajadora enteramente para su propio proyecto de afirmación nacional.

El azúcar era la columna vertebral de ese proyecto y de la economía que heredó. En 1957 representaba más de tres cuartas partes de las exportaciones cubanas, un monocultivo arraigado por décadas de propiedad estadounidense; a mediados de la década de 1950, la mayor parte de la tierra cultivada de la isla y dos tercios de su capacidad de refinación pertenecían al capital estadounidense. Esta dependencia no estuvo exenta de convulsiones, habiendo colapsado los precios del azúcar en más de un setenta y cinco por ciento en la década de 1920, y se extendía a casi todos los artículos de consumo diario: Cuba importaba casi todo de su vecino del norte, exportando azúcar cruda solo para recomprarla como productos terminados, acumulando un déficit de quinientos millones de dólares durante toda la segunda dictadura de Batista, un déficit cubierto por préstamos del mismo acreedor que extraía los intereses. Una prosperidad relativa en algunas ciudades, y una tasa de alfabetización e ingreso per cápita entre las más altas de América Latina, coexistían con la pobreza extrema de los trabajadores azucareros, junto a la economía del juego y la prostitución que creció para atender el turismo estadounidense a través del Estrecho de Florida.

Fue contra esta dominación, más que contra la persona de Batista, que elementos de la burguesía media y baja, habiendo agotado sus esperanzas de un cambio democrático pacífico, volvieron la oposición hacia la violencia. El asalto armado al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 marcó la ruptura definitiva, aunque incluso esto no puso todavía al movimiento de Castro en conflicto abierto con Washington. Sectores de la administración estadounidense acogieron inicialmente la oposición a un Batista cada vez más inestable e incluso sopesaron apoyar su giro hacia la lucha armada. La ausencia de cualquier contenido revolucionario proletario en esta lucha se confirma por el propio “Programa de Moncada”, leído solo después de la captura inicial y el juicio de Castro: restauración de la constitución de 1940, redistribución de tierras a pequeños campesinos mediante expropiación estatal compensada, una participación del treinta por ciento de las ganancias para los trabajadores en grandes empresas, el cincuenta y cinco por ciento de los ingresos de la caña de azúcar para los colonos que la cultivaban, y confiscación de activos estatales malversados. El propio Fidel insistió, en su defensa, en que nada de esto excedía los límites de la constitución existente, invocando dos de sus artículos que prohibían los latifundios y obligaban al Estado a emplear todos los medios a su alcance para proporcionar trabajo a los desempleados; resumió su propio programa, en esa misma defensa, como dirigido a seis puntos, “el problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo”, junto con “el logro de las libertades públicas y la democracia política”. Ni uno solo de estos seis puntos toca la relación salarial, la empresa impulsada por la ganancia o las relaciones de intercambio de mercado como tales; cada uno de ellos es el contenido ordinario de un programa de reforma burguesa, del tipo que cualquier constitucionalista liberal de la época podría haber firmado sin vergüenza, y fue sobre esta base, no sobre ninguna base socialista, que el movimiento construyó primero su legitimidad, años antes de que la hostilidad de Washington lo empujara hacia Moscú.

Tres años y medio de guerra de guerrillas siguieron al desembarco del Granma en diciembre de 1956, abriendo el camino al poder. El programa no cambió en el camino a La Habana ni en los primeros días después del 1 de enero de 1959: las medidas iniciales del nuevo régimen nacionalizaron el noventa por ciento del débil sector industrial cubano y aproximadamente el setenta por ciento de sus tierras, expropiaciones dirigidas a propiedades superiores a 405 hectáreas que afectaron abrumadoramente a empresas y ciudadanos estadounidenses. Esto, y no ningún antagonismo social previo, es lo que produjo la ruptura con Washington a lo largo de 1960, y con ella el bloqueo económico estadounidense que estancaría la acumulación capitalista cubana durante el próximo medio siglo. Fue esta enemistad entre dos capitales nacionales, no un conflicto entre clases opuestas, lo que empujó a La Habana a una alianza con la Unión Soviética y el bloque del Pacto de Varsovia, y con ella la adopción de una fachada “socialista” que no cambió nada en la relación de producción subyacente. El lugar de Cuba en la división internacional del trabajo siguió siendo lo que había sido: el bloque soviético compraba azúcar por encima del precio de mercado a cambio de petróleo, y para 1978, casi treinta años después de que Castro tomara el poder, el azúcar había subido al ochenta y siete por ciento de las exportaciones totales, habiendo fracasado la diversificación agraria bajo esta imposición externa, de la misma manera como había fracasado bajo los estadounidenses.

La relación de la Unión Soviética con Cuba y otros movimientos anticoloniales reflejó un proceso más amplio en el que el derrocamiento del dominio colonial produjo Estados capitalistas nacionales alineados con uno u otro de los bloques del capital financiero en lugar de revoluciones proletarias. En Cuba, los subsidios rusos, el petróleo barato, el crédito concesional, las armas y la inversión industrial ayudaron a sostener al nuevo Estado, mientras que La Habana se convirtió en un intermediario clave para extender la influencia rusa en el extranjero a través del entrenamiento, la coordinación y la exportación de militantes, asesores militares y cuadros vinculados a la inteligencia a movimientos insurgentes alineados con los soviéticos en América Latina y África. Las misiones militares cubanas y los programas de entrenamiento, a menudo apoyados materialmente por el financiamiento, equipo y logística soviéticos, ayudaron a sostener a gobiernos e insurgencias aliadas en lugares como Angola, Etiopía y Nicaragua, extendiendo así el alcance geopolítico soviético y reforzando las dependencias financieras y estratégicas del bloque soviético en general. Esto se desarrolló dentro de un contexto más amplio de la Guerra Fría en el que Estados Unidos también dio forma activamente a los resultados poscoloniales, apoyando la descolonización cuando se alineaba con sus intereses mientras se oponía a movimientos que amenazaban las posiciones estratégicas o económicas occidentales, a menudo a través de facciones rivales, golpes de estado, ayuda militar e integración en los mercados occidentales. Como resultado, muchos Estados poscoloniales se formaron no solo a través de dinámicas de clase internas sino también bajo presiones externas competidoras de ambas superpotencias, cada una estructurando el orden emergente para expandir su propia influencia. En estos casos, la burguesía colonial fue desplazada, pero la clase trabajadora no tomó el control de la producción; en cambio, un nuevo estrato político y burocrático nacional administró la economía y controló la distribución del plusvalor. Tanto la ayuda rusa como la participación occidental crearon formas de dependencia, ya sea a través del comercio, el crédito, la energía, la asistencia militar o la integración financiera, que diferían en el mecanismo, pero similarmente ataban el desarrollo nacional a bloques de poder externos. Así, la independencia política a menudo cambió quién controlaba el Estado sin transformar las relaciones capitalistas de producción subyacentes: la dominación colonial extranjera fue reemplazada por el control estatal nacional, mientras que el trabajo asalariado, la acumulación de capital y las divisiones de clase persistieron bajo la influencia estructural de los sistemas soviético y estadounidense.

Cuba, una isla de once millones de habitantes cuya economía, azúcar en décadas anteriores, hoy una mezcla incómoda de turismo, níquel, biotecnología, exportación de servicios médicos y remesas, todavía hambrienta de energía y moneda fuerte, sigue tan dependiente como siempre de un mercado mundial con el que no puede establecer términos. El Estado se convirtió en el administrador colectivo y nacional del capital cubano; los años de subsidio ruso cambiaron la dirección de su dependencia sin tocar su sustancia. El colapso de la URSS a principios de la década de 1990 arrancó ese apoyo, y con la persistencia del bloqueo estadounidense la isla cayó en el “período especial”: el PIB colapsó un treinta y seis por ciento entre 1990 y 1993, el consumo anual de carne cayó de treinta y nueve a veintiún kilos por persona, el pescado de dieciocho a ocho, y la escasez de combustible paralizó la propia producción de azúcar incluso cuando obligó a La Habana a ceder tierras para cultivos alimentarios para la supervivencia local. De esa crisis surgieron los “mercados agropecuarios” de 1994, mercados legales para productos cultivados de forma privada o cooperativa, la autorización de la circulación del dólar junto al peso convertible y no convertible, una apertura a la inversión extranjera y el turismo, y el trabajo por cuenta propia con licencia en casi ciento cincuenta oficios. La participación del sector privado en el empleo aumentó del ocho por ciento en 1981 al veintitrés por ciento en el año 2000, cifras que no mencionan el mercado negro que ha florecido ininterrumpidamente desde el inicio de la crisis. Nada de esto, ni el petróleo venezolano de bajo costo que siguió, trajo a la economía cubana una mejora real. La prohibición de las huelgas se mantuvo en todo momento, el propio Guevara descartando su legalidad ya en 1961 alegando que los trabajadores acostumbrados al trabajo colectivo no podían retenerlo para presionar demandas económicas, y en 2008 el régimen elevó la edad de jubilación, de cincuenta y cinco a sesenta para las mujeres y de sesenta a sesenta y cinco para los hombres, con pensiones ya exiguas y pagadas en moneda no convertible, una medida antiproletaria entre muchas, indistinguible de lo que cualquier otro gobierno burgués en el mundo estaba haciendo en el mismo momento. El paso del poder entre hermanos tampoco cambió nada, no siendo más que la imposibilidad de perturbar la vasta red de intereses construida dentro de la máquina estatal que ha mantenido vivo al régimen tanto tiempo, un régimen que ahora se desvía hacia un modelo vietnamita de liberalismo de mercado bajo un gobierno unipartidista.

El acuerdo que La Habana alcanzó con Chávez en el 2000, médicos, maestros y otros servicios cubanos a cambio de crudo venezolano subvencionado, se convirtió en la década siguiente en el principal apoyo externo de la acumulación cubana. Posteriormente fue incorporado a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o ALBA, el intento de Chávez de construir un bloque económico regional fuera del sistema de integración hemisférica liderado por Estados Unidos. El ALBA descansaba en el intercambio preferencial de Estado a Estado, con la riqueza petrolera de Venezuela respaldando el comercio entre gobiernos que buscaban construir un poder imperialista regional independiente para romper con la dominación de Washington. Cuba pudo, por lo tanto, continuar importando combustible y otras necesidades sin poseer los ingresos por exportaciones o el acceso al crédito que habrían sido necesarios para comprarlos a precios de mercado mundial, mientras que Venezuela recibía mano de obra médica cubana y otros servicios a cambio. El acuerdo permitió al Estado cubano mantener su solvencia y reproducir su economía a pesar de su crónica escasez de capital extranjero, pero lo hizo haciendo que la isla fuera cada vez más dependiente del petróleo venezolano y de la capacidad del Estado venezolano para subvencionar el intercambio. Para 2024, los envíos de crudo y combustible venezolanos a Cuba habían caído a aproximadamente 32.000 barriles por día, desde 56.000 el año anterior, a medida que los propios problemas de producción y refinación de Venezuela empeoraban. El posterior colapso del salvavidas venezolano ha expuesto, por lo tanto, la debilidad subyacente. Cuba sigue siendo una pequeña economía nacional pobre en capital, dependiente de combustible importado, maquinaria, alimentos, tecnología y divisas, y la desaparición del subsidio venezolano ha dejado a La Habana buscando otra fuente externa de crédito e insumos productivos.

China y el nuevo impulso a la industrialización

En lugar de seguir con la Ley de Reforma Agraria original de 1959, que buscaba romper los grandes latifundios de Cuba, imponer un límite de 402 hectáreas a la tierra, redistribuir la tierra a pequeños agricultores y crear una economía agrícola doméstica más amplia, la Cuba castrista se retiró cada vez más de ese modelo a medida que se integraba al imperialismo soviético. Desde el período colonial español, la agricultura cubana se había organizado en torno a grandes plantaciones de exportación que producían productos básicos, sobre todo azúcar, para un mercado externo. La revolución abolió al propietario privado de las plantaciones, pero no rompió con la economía de plantación. La integración soviética, en cambio, la modernizó bajo la gestión estatal: mercados garantizados, precios subvencionados, petróleo, maquinaria, fertilizantes y crédito permitieron a Cuba mantener la producción de azúcar a gran escala, con el azúcar representando todavía aproximadamente el 80 por ciento de los ingresos por exportaciones en la década de 1980. El petróleo soviético suministraba la energía necesaria para mecanizar y consolidar estas empresas, permitiendo a Cuba posponer el desarrollo de una clase agrícola independiente y el mercado interno que una auténtica revolución agraria podría haber producido. A principios de la década de 1990, los agricultores verdaderamente independientes controlaban solo aproximadamente el 9 por ciento de la tierra agrícola. El colapso de la URSS expuso en consecuencia la dependencia de todo el modelo. Las grandes fincas de monocultivos fueron particularmente vulnerables a la desaparición del combustible, fertilizante y maquinaria importados, forzando a Cuba hacia la tracción animal, los fertilizantes orgánicos, la diversificación de cultivos, la agricultura urbana y la producción a menor escala. La FAO registra que el número de yuntas de bueyes aumentó de menos de 100.000 antes de la crisis a aproximadamente 300.000 después. Lo que la revolución había dejado sin terminar fue, por lo tanto, puesto nuevamente en la agenda por necesidad: el desarrollo de una agricultura capaz de reproducirse sin el subsidio permanente de una potencia imperial externa.

El petróleo venezolano pospuso temporalmente esa transformación. El petróleo subvencionado de Chávez suministró aproximadamente un tercio del consumo de petróleo cubano durante años, permitiendo al Estado mantener una estructura agrícola e industrial intensiva en energía que se había vuelto imposible después del colapso soviético. Cuando esa relación se deterioró, la presión hacia una producción a menor escala y menos dependiente del petróleo se intensificó. Las reformas posteriores de usufructo transfirieron cantidades crecientes de tierra estatal a agricultores y cooperativas, y para 2017, el sector no estatal cultivaba aproximadamente el 83 por ciento de la tierra agrícola cubana, aunque el Estado todavía poseía formalmente alrededor del 79 por ciento. Esta contradicción entre la propiedad estatal y la producción de mercancías cada vez más descentralizada se ha convertido ahora en la base de un sector privado más amplio, mientras el Estado continúa cobrando rentas de la tierra. Las reformas recién anunciadas en junio de 2026 permiten a entidades legales privadas, estatales, mixtas e individuales obtener derechos de uso a largo plazo sobre tierras agrícolas; permiten a los titulares de usufructo emplear mano de obra asalariada; permiten a las cooperativas realizar comercio exterior directo y obtener financiamiento externo; permiten a productores y compradores negociar precios sin mediación estatal; y abren los mercados de insumos agrícolas a empresas privadas nacionales y extranjeras. La importancia no es simplemente que haya más agricultores privados. Está surgiendo un circuito cada vez más completo de producción de mercancías: los agricultores requieren maquinaria, herramientas, combustible, riego y fertilizante; producen para un mercado doméstico; intermediarios privados distribuyen esas mercancías; y la acumulación resultante genera demanda para una mayor inversión. Las empresas no estatales representaron el 55 por ciento de las ventas minoristas por valor en 2024, frente al 44 por ciento en 2023. Washington está simultáneamente intentando acelerar este desarrollo abriendo canales para que las empresas cubanas independientes calificadas obtengan servicios financieros estadounidenses, equipos agrícolas y acceso al mercado estadounidense, mientras dirige los suministros de combustible hacia las empresas privadas y lejos de las empresas controladas por el Estado. La crisis ha transformado, por lo tanto, lo que una vez fue un mecanismo de supervivencia en los inicios de una burguesía agrícola más autónoma y un mercado doméstico.

La cuestión energética conecta esta transformación agraria retrasada, directamente con la industrialización. El problema histórico de Cuba no fue simplemente que careciera de petróleo; su agricultura e industria se organizaron en torno a un modelo en el que los medios para reproducir la producción se suministraban repetidamente desde el exterior: primero a través de los mercados españoles y luego internacionales, luego a través del petróleo soviético y los insumos industriales, y finalmente a través del petróleo venezolano. La energía externa permitió al Estado preservar una economía de exportación a gran escala sin desarrollar la cadena interna completa de producción agrícola e industrial que sustentaría un capitalismo relativamente independiente. Cuba está ahora intentando reconstruir precisamente esos eslabones perdidos. El giro hacia la generación solar, el riego descentralizado, los insumos biológicos y la agricultura a menor escala no es meramente una respuesta ecológica a la escasez. Los proyectos fotovoltaicos financiados por China, el riego con energía solar y otros equipos de energía renovable ofrecen un medio para electrificar la producción al tiempo que reducen la dependencia del petróleo importado. Al mismo tiempo, La Habana está intentando revivir los propios medios de producción industrial. La modernización de Antillana de Acero, el principal complejo siderúrgico de Cuba, incluye un nuevo horno de arco eléctrico y equipo relacionado, con planes iniciales para aproximadamente 62.000 toneladas de palanquillas de acero anualmente y un tren de laminación diseñado para aproximadamente 226.000 toneladas de productos terminados, principalmente barras de refuerzo. La importancia se extiende más allá del acero: la reconstrucción de una industria de este tipo requiere electricidad confiable, transporte, insumos importados, crédito e infraestructura financiera. China se ha vuelto cada vez más importante precisamente porque ahora posee una escala de capital industrial y financiero capaz de suministrar estos requisitos de una manera que ni la Unión Soviética ni Venezuela pudieron finalmente hacerlo. El financiamiento chino está apareciendo, por lo tanto, no solo en la generación de energía renovable sino en la maquinaria, infraestructura y equipo productivo necesarios para reducir la dependencia de Cuba del combustible importado y reconstruir la capacidad productiva doméstica. La Habana está simultáneamente abriendo cautelosamente la economía a empresas privadas más grandes, inversión extranjera e instituciones financieras privadas, mientras Estados Unidos intenta dirigir su propio capital hacia el sector privado emergente y lejos de GAESA. La industrialización de Cuba se está convirtiendo, en consecuencia, en una lucha sobre qué capital extranjero suministrará los medios de producción: el capital chino que entra a través de infraestructura dirigida por el Estado y asociaciones industriales, el capital estadounidense que entra a través de un sector privado en expansión, o el capital estatal y militar cubano que intenta retener el control sobre los circuitos estratégicos. La revolución agraria iniciada en 1959 pero interrumpida por la consolidación de la agricultura estatal y la dependencia externa está, por lo tanto, regresando como parte de una transformación capitalista más amplia. Cuba se ve forzada a desarrollar la producción agrícola doméstica, el mercado interno, el sistema energético y la capacidad productiva industrial que su dependencia del petróleo soviético y venezolano le permitió posponer anteriormente, dejando la cuestión central de la próxima etapa no en si Cuba se industrializará, sino en qué capital imperialista financiará y estructurará esa industrialización.

GAESA, el aparato gobernante cubano y la campaña de presión estadounidense

La contraparte interna de esta lucha externa es la estructura del capitalismo de Estado cubano, organizado a través del conglomerado de propiedad militar GAESA y controlado en última instancia por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La característica distintiva del Estado cubano es que la burguesía militar-política cubana, organizada a través de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), tras su revolución, como siempre sucede, construyó una nueva máquina estatal a raíz de la revolución, un campo armado desde el principio, diseñado para asegurar y reproducir su propio poder político y económico. Ese aparato se consolidó primero como una estructura militar-política permanente para defender la revolución y fue fuertemente armado, entrenado y sostenido logísticamente por la Unión Soviética, que suministró a Cuba tanques, aviones, artillería y otro equipo pesado. Más tarde evolucionó hasta convertirse en una fuerza expedicionaria integrada en la estrategia global alineada con los soviéticos, desplegando Cuba aproximadamente 300.000 tropas en el extranjero durante el transcurso de la Guerra Fría, incluyendo intervenciones importantes como decenas de miles en Angola y más de 15.000 en Etiopía. El movimiento revolucionario que derrotó al régimen de Batista y desplazó al antiguo orden del capital extranjero transformó posteriormente su organización militar en un aparato estatal permanente capaz de defender la capital cubana de la subordinación al capital yanqui, proyectar poder en el exterior y, eventualmente, administrar la acumulación económica y reorientar el excedente derivado de la explotación de los trabajadores cubanos hacia su propio aparato estatal.

Esto ayuda a explicar el desarrollo posterior de GAESA. Surgiendo como una importante institución económica durante la crisis de la década de 1990, GAESA proporcionó a las fuerzas armadas un mecanismo para generar y controlar divisas a través del turismo, el comercio minorista, la logística, las finanzas, los puertos y el comercio exterior. Es, por lo tanto, más que una empresa estatal convencional: representa una forma en la que el mando político, la organización militar y la gestión económica se fusionan en un solo aparato de acumulación. El liderazgo de Castro no permaneció al margen de este proceso, sino que lo organizó. Figuras incrustadas en la red de la familia gobernante, más notablemente el General Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl Castro y jefe de GAESA hasta su muerte en 2022, encarnaban la fusión de la autoridad política, el mando militar y la gestión empresarial.

Visto desde esta perspectiva, el aparato económico-militar cubano no debe ser entendido necesariamente como un obstáculo para el desarrollo ulterior del capitalismo cubano. Su función histórica ha sido precisamente preservar la autonomía del Estado cubano y crear la capacidad institucional a través de la cual el capital puede ser acumulado sin ceder el control de la economía al capital financiero estadounidense. La reciente apertura hacia la agricultura privada, las empresas privadas, la inversión extranjera, el crédito agrícola y la actividad de mercado más autónoma puede, por lo tanto, entenderse no como un retroceso de un sistema supuestamente “socialista”, sino como la evolución de un capitalismo de Estado desarrollista hacia su forma más altamente desarrollada.

Lenin, el capital financiero y la exportación de los medios de producción

Aquí es donde la concepción de Lenin sobre el imperialismo se vuelve útil. Lenin identifica cinco características definitorias del imperialismo, incluyendo la concentración de la producción y el capital en monopolios, la fusión del capital bancario e industrial en capital financiero, la creciente importancia de la exportación de capital, la formación de asociaciones monopolistas internacionales y la división del mundo entre las principales potencias capitalistas. El punto no es necesariamente que China preste dinero a Cuba, sino que el capital acumulado busca salidas rentables más allá de sus fronteras nacionales y, al hacerlo, lleva consigo la maquinaria, la tecnología, la infraestructura, las corporaciones, los bancos y las relaciones contractuales a través de las cuales ese capital se reproduce. La discusión de Lenin sobre los préstamos extranjeros es especialmente relevante porque enfatiza cómo el país prestatario recibe menos que el valor nominal del préstamo, mientras que los bancos y las firmas industriales del país prestamista aseguran comisiones, contratos, pedidos y control sobre el desarrollo económico. La exportación de capital vincula, por lo tanto, las finanzas con la exportación de mercancías y los medios de producción: un préstamo puede financiar un ferrocarril, una central eléctrica, una fábrica, un puerto, una red de telecomunicaciones o una red eléctrica, mientras que las firmas del país acreedor suministran el equipo y obtienen los contratos necesarios para construirlo. La creciente dependencia de Cuba del financiamiento chino y de los bienes industriales chinos encaja en este patrón, así como la integración de la manufactura de México en la producción estadounidense refleja otra configuración de la misma economía mundial. La rivalidad entre estas formas de capital externo no es una rivalidad entre capitalismo y socialismo. Es una rivalidad entre capitales organizados a través de diferentes Estados y sistemas financieros por mercados, activos productivos, infraestructura y esferas de influencia. El Estado cubano puede negociar mejores condiciones, diversificar sus acreedores y usar el capital chino para industrializarse; nada de esto abole la relación del capital. Cambia la configuración nacional a través de la cual opera esa relación. El período venezolano fue una forma de dependencia inusualmente favorable porque el petróleo subvencionado permitió a La Habana reproducirse sin pagar los costos completos del mercado mundial. El período chino es potencialmente más transformador porque puede implicar la exportación directa de capital y medios de producción hacia la economía cubana. Pero para el trabajador cubano la cuestión esencial sigue siendo la misma: ya sea que la fábrica, la central eléctrica, el hotel, el puerto o la red de telecomunicaciones esté financiado por Washington, Pekín, Moscú o La Habana, la abolición de la explotación no puede identificarse con el reemplazo de un capital nacional por otro. El imperialismo de Lenin describe la lucha entre esos capitales. La tarea del proletariado es abolir la relación social que hace necesaria esa lucha.

Los falsos socialistas y el capital de gestión que se necesitará para la guerra venidera

Hoy, la facción burguesa gobernante califica a los Socialistas Democráticos de América como “comunistas y radicales”, incluso cuando el Presidente se reunió, meses antes, con el recién elegido alcalde de la DSA de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, llamándolo “una persona muy racional”, prediciendo que haría la ciudad “grande otra vez”, y declarando que esperaba “ayudarlo, no perjudicarlo”. Como nuestra corriente ha argumentado en otra parte, Mamdani no es una amenaza real para el capital sino su agente, asegurando la paz social a través de la ilusión democrática y reformista. La derecha burguesa pinta con alegría a la izquierda burguesa como una “gran amenaza roja”, reviviendo la histeria de la Guerra Fría contra un rival soviético que ya no existe, precisamente cuando necesita un enemigo interno para justificar el aparato represivo que está construyendo para uno externo. La izquierda, mientras tanto, puede presentarse ante su propia base como defensora de la clase trabajadora y la democracia contra el fascismo y la oligarquía. Los dos realmente se ayudan y se necesitan mutuamente. Este teatro es más fácil de montar porque la propia base del Partido Demócrata se ha ido reduciendo precisamente a los estratos que nuestra corriente siempre ha identificado como el clásico terreno de reclutamiento del radicalismo pequeñoburgués: ya no tanto la aristocracia obrera de épocas anteriores, sino más bien la intelectualidad y una clase media a la que el capital está aplastando constantemente. La acumulación disuelve este estrato con la misma certeza con la que despoja al trabajador, pero ello no lo convierte en inútil para el capital; en el interés general del capital en su conjunto, esta misma clase media, precisamente porque el suelo bajo sus pies se está desmoronando, sigue siendo, como la historia ha demostrado una y otra vez, el material más eficaz que tiene la burguesía para movilizar a las masas descontentas detrás de un programa de restauración que nunca toca la relación salarial.

Nada en el programa del alcalde cambió entre la reunión y la denuncia; lo que cambió fue el calendario electoral y, con él, el cálculo del capital sobre cuánta retórica ansiosa era útil antes de las elecciones de medio mandato para disciplinar y abatir las mentes del proletario. Una administración socialdemócrata que promete control de alquileres, tiendas de comestibles de propiedad municipal y autobuses gratuitos no perturba ningún interés fundamental del capital, porque propone redistribuir las ganancias de la explotación más generosamente sin tocar por un momento la explotación misma. Tal programa sigue requiriendo que el trabajo se compre y se venda como una mercancía, que la empresa, pública o privada, cubra sus costos y se reproduzca mediante la venta de lo que produce. La empresa solo hace una pregunta a quien ocupe el cargo: ¿continuará la relación salarial, continuará organizándose la producción para la venta en lugar de para el uso? A esto el socialdemócrata responde que sí tan fácilmente como el conservador de libre mercado, diferenciándose de su rival solo en el método de distribuir lo que se extrae.

Pero bajo la cordialidad y la denuncia subyace una determinación más profunda. Alquileres asequibles, transporte público subvencionado, un alcalde que pueda asegurar a una población inquieta que su gobierno la escucha, son una forma de seguro social que el capital adquiere a bajo costo frente a una clase trabajadora demasiado amargada para aceptar los sacrificios que exigirá la rivalidad abierta entre bloques: recursos racionados, industria reorientada, hijos e hijas llamados al servicio de la nación. Nuestra corriente ya ha documentado esta función dos veces. En 1914, los partidos obreros de masas de Europa respondieron a la guerra imperialista no con la lucha de clases sino con la Unión Sagrada, los créditos de guerra y la unidad nacional. Repitieron la misma traición entre 1939 y 1945, subordinando el movimiento obrero a los gobiernos de coalición y al esfuerzo bélico nacional. El reformismo nunca trascendió el trabajo asalariado, y su fracaso abrió no el camino a la revolución sino a la reacción, que heredó tanto el Estado paternal que el reformismo había construido como una clase trabajadora ya disciplinada para el sacrificio nacional.

Los comunistas no tienen razón alguna para defender a la izquierda capitalista de la acusación de “comunismo”, una acusación que degrada el nombre mucho más de lo que los acusados ​​jamás han amenazado a la sociedad burguesa. El Estado burgués denuncia ahora el control de alquileres, las reformas municipales y todos los placebos democráticos con el mismo vocabulario que una vez se reservó para quienes se opusieron a la guerra imperialista y para las grandes luchas proletarias del pasado, no porque estos movimientos amenacen la relación salarial, sino porque una burguesía impulsada por la acumulación renovada y las crisis recurrentes de sobreproducción se ve obligada a agudizar el antagonismo entre sus propias fracciones. A medida que el capital se centraliza, los intereses de la gran burguesía chocan cada vez más con los de la pequeña burguesía arruinada o en declive, buscando cada una trasladar a la otra las cargas de la crisis. Sin embargo, esta contradicción nunca ha estado fuera del capitalismo. Al contrario, ha proporcionado históricamente a la política burguesa su propio dinamismo, renovando la perpetua alternancia entre partidos y programas mientras deja intactos los fundamentos del trabajo asalariado, la producción de mercancías y el Estado. No se requiere ninguna conspiración. Es suficiente que la clase dominante, a través del funcionamiento ordinario de sus órganos políticos e ideológicos, reproduzca la antigua comedia de la democracia contra la oligarquía, mediante la cual el proletariado estadounidense ha sido alistado durante generaciones detrás de campos burgueses rivales, cada uno prometiendo salvar a la sociedad del otro mientras preservan conjuntamente la dictadura del capital. La posición comunista es, por lo tanto, de completa intransigencia. No defendemos ni a la facción democrática denunciada falsamente como comunista, ni al aparato represivo que se imagina defendiendo la civilización de la subversión, ni al aventurerismo desesperado que confunde la provocación con la revolución. Contra toda facción afirmamos el mismo programa invariable: la abolición del trabajo asalariado, de la empresa, de la producción de mercancías y del Estado que las garantiza, sean cuales sean los colores que enarbole, sea cual sea el idioma que hable, sea cual sea el personal que lo administre.

Debido a sus referencias explícitas y visibles al nazismo, la declaración de Alternativa para Alemania ha provocado reacciones de preocupación entre otros partidos, tanto en Alemania como en el extranjero. Nosotros, que adoptamos un enfoque diferente, que no se centra en las declaraciones, tenemos varias consideraciones.

El mecanismo democrático, que según la ideología burguesa debería ser el medio para expresar la voluntad popular -el pueblo soberano-, se convierte en un instrumento formidable para imponer la voluntad arbitraria de un círculo muy reducido de la burguesía, los oligarcas del capitalismo, tanto a nivel internacional como nacional. El electorado es manipulado en la dirección que impone la burguesía. Esta marca la agenda del debate político: seguridad, inmigración, soberanía nacional (naturalmente humillada), democracia o fascismo, Rusia o Estados Unidos, etc.

Esto se logra mediante el poderoso medio de propaganda -los medios de comunicación de masas- en manos de las grandes corporaciones industriales y financieras. Internet, que supuestamente fomentaría la “información libre”, se ha convertido inexorablemente en una pieza clave de esta maquinaria infernal. En periódicos, televisión y redes sociales, las grandes empresas los inundan de propaganda para imponer los prejuicios que someten a la clase trabajadora a la voluntad de la clase dominante.

En el ámbito electoral, la burguesía es invencible.

En cambio, podemos investigar qué se trama en cada país entre la burguesía y los trabajadores, o entre Estados burgueses rivales. ¿Qué sucedió esta vez en Alemania?

En uno de los 16 estados federados, Sajonia-Anhalt, el partido de extrema derecha AfD logró un resultado contundente con el 44% de los votos en las elecciones del 6 de septiembre, duplicando el 21% de 2021 y obteniendo 39 de los 83 escaños del parlamento.

Pero la AfD no es una fuerza “antisistema”, como afirman tanto los partidos de derecha como los de izquierda; es burguesa y conservadora como las demás, alineada, a pesar de las diferencias aparentes, con la política exclusiva del Estado y del capital, detrás de una demagogia verborrágica sobre la “seguridad” y en contra de los inmigrantes.

Afirma estar en contra de la guerra y del envío de armas a Ucrania, y a favor del restablecimiento de las relaciones con Rusia, pero está a favor del rearme nacional, claramente a expensas del estado de bienestar, y del servicio militar obligatorio.

Está financiada por capitalistas estadounidenses y cuenta con el apoyo del Estado de Israel.

La AfD también conserva el liderazgo del sindicato Zentrum, a través del cual ayuda a desviar el descontento de los trabajadores contra compañeros de diferente color de piel.

Se trata de una estrategia de “remigración”, una demagogia que compite con todos los partidos, como en Italia y Estados Unidos, donde los gobiernos de derecha han expulsado a menos inmigrantes que los de izquierda. En España, Sánchez se jactó de haber bloqueado a más que Meloni. No para “proteger a los trabajadores nacionales”, sino para permitir que los capitalistas exploten mejor a los asalariados, compitiendo por un salario más bajo entre trabajadores de diferentes etnias y bloqueándolos fuera de las fronteras del país cuando su número se vuelve excesivo.

En tiempos de contrarrevolución, los trabajadores son fácilmente engañados por las supuestas “alternativas” burguesas. Ante la ausencia de un fuerte movimiento de clase, se dejan llevar -junto con la pequeña burguesía, aterrorizada por su rápida proletarización- por ilusiones nacionalistas, por el aparente “mal menor” de sus opresores.

En Alemania, en medio de la creciente crisis, el cierre de fábricas, los despidos masivos anunciados y el empeoramiento del sistema de bienestar social y las pensiones, el voto proletario para todos los partidos restantes se ha desplomado. Estos partidos apoyan con entusiasmo este empobrecimiento, así como el rearme y el apoyo a la guerra en Ucrania.

¿Invadirá Occidente una «ola negra», como temen demócratas y liberales? La burguesía tiene interés en ocultar su dictadura bajo la retórica parlamentaria el mayor tiempo posible. Ante la ausencia de luchas obreras genuinas, generalizadas y organizadas, la clase capitalista prefiere la mentira democrática, que sigue siendo, en palabras de Lenin, «la mejor fachada para el capitalismo». En efecto, una fachada para engañar al proletariado y hacerle creer que puede «elegir», «participar» en políticas reformistas y superar la crisis económica.

Ante la ausencia de luchas obreras organizadas, la propaganda burguesa logra desviar las pasiones de la clase trabajadora hacia la defensa de una democracia inexistente y “atacada”. Esto oculta a los trabajadores las verdaderas causas de las crisis económicas y el papel de las instituciones del capital, y desvía la conciencia y la lucha obrera, tanto de izquierda como de derecha, hacia políticas conservadoras.

Pero a pesar de todas las transformaciones del sistema unipartidista del capital, la burguesía aún tiene preparada su contraparte fascista. Sabe que la crisis avanzará y empeorará aún más las condiciones de los trabajadores, y ya está preparando democráticamente decretos represivos y restricciones políticas cada vez más severas.

Cuando las luchas obreras se intensifiquen, la burguesía entregará el gobierno a un régimen abiertamente fascista, como hizo con Mussolini en 1922 y con Hitler en 1933, quienes obtendrán democráticamente la confianza del parlamento. El fascismo no entra por la ventana, sino por la puerta principal del Estado democrático.

En esta maniobra, los resultados electorales no cuentan para nada, una camarilla de porcentajes para dar trabajo a los “comentaristas políticos”.

La democracia y el fascismo no son dos formas opuestas, sino complementarias, de gobierno capitalista en fases económicas y sociales específicas. La decisión no la tomarán la AfD, la CDU ni el SPD, sino los gigantes industriales y financieros que los financian y gobiernan.

Ni los votos a la izquierda burguesa detendrán la tendencia inexorable hacia una dictadura abierta, sino únicamente la lucha social de los trabajadores contra la dictadura de la clase burguesa, que se esconde tras la democracia.

La forma de desmantelar la maquinaria propagandística burguesa y comenzar la destrucción de su régimen político reside, fuera del mecanismo electoral y del cretinismo parlamentario, en la lucha de clases defensiva -sindical- de los asalariados, del proletariado, destinada a evolucionar hacia una lucha de clases política, con el avance de la crisis económica del capitalismo mundial.

Ante la ausencia de un movimiento sindical vital, es decir, un sindicato fuerte de base de clase, los trabajadores se ven envueltos en el vacío “debate político” burgués, que busca canalizar su descontento contra un enemigo interno inexistente, los inmigrantes, y contra un enemigo externo, la coalición de estados a la que se opone la burguesía nacional en la lucha por el reparto del mercado mundial.

Un sindicato de base clasista lucha por organizar a la parte más explotada del proletariado, incluidos los inmigrantes y los desempleados.

Otros caminos siguen siendo callejones sin salida ilusorios que conducen a nuevas derrotas.

Bajo la larga contrarrevolución, cada generación ha producido su propio lote de modernizadores, reparadores y actualizadores del marxismo. Incapaces de explicar las derrotas del proletariado a través del curso objetivo del desarrollo de la sociedad de clases, debido a su posición fuera del partido como pequeños círculos de “pensadores” críticos individuales, han decidido, uno tras otro, en su genio personal, que, para salvar a la humanidad, deben llevar la doctrina marxista “de vuelta al dique seco”, reparando lo que parece roto a sus perspicaces mentes académicas. Sin embargo, aislados como están, nunca pueden concebir la doctrina en su totalidad, y siempre repiten errores que no pueden ver, errores ya tratados quirúrgicamente por nuestros antepasados marxistas hace mucho tiempo.

Es la posición social recurrente de la que se genera la desviación: intelectuales desclasados, estudiantes y profesionales formados por la cultura individualista de la academia burguesa, que reclaman a Marx como uno de los suyos mientras desmembran estúpidamente su obra. Para los filisteos relativistas, la teoría marxista no es más que la construcción de unos pocos grandes “pensadores”, una opinión o perspectiva entre muchas, una “gran narrativa” que necesita ser mejorada, si no deconstruida por completo, ya que todo ello no es más que un producto de su época y, dado que todos los hombres son iguales, solo necesitan tratar a Marx con la misma mediocridad que impregna cada fibra de su ser; la visión dialéctica y materialista es esencialmente inconcebible para cerebros que han sido completamente licuados, agitados y mezclados por la academia burguesa. Sirven un cóctel teórico lleno hasta el borde con diferentes ingredientes que refresca y alivia a todos aquellos preocupados por el pesado peso de las responsabilidades morales y sociales que conlleva mantener una praxis materialista revolucionaria marxista verdadera. ¿Quién necesita una evaluación histórica sistemática de los complejos eventos reales de la contrarrevolución cuando puedes seleccionar y extraer hechos para establecer lugares comunes teóricos basados en el sentido común burgués que dice conocer muy bien las lecciones y consecuencias de la Revolución Rusa? Esta es la esencia de la mutilación histórica que es “Cuando las Insurrecciones Mueren” de Dauve en End Notes 1. ¿Sabes lo que realmente necesita la revolución? Supuestamente otro truco para corregir los errores de la Izquierda Comunista Italian

La conceptualización reduccionista de la crítica de la “forma-valor”, la “subsunción real”, el rechazo apolítico del “anti-trabajo” y el “anti-programatismo” simplemente ocultan una vieja proposición: que el capitalismo puede ser abolido sin la conquista del poder político, sin la dictadura del proletariado, sin el partido comunista y sin la continuidad histórica del programa. Es el rechazo inmediatista y anarquista de la mediación política actualizado con la apropiación de posiciones selectas defendidas durante mucho tiempo por nuestra tradición, para crear un corpus teórico desmoralizador y apático que convenza a sus lectores contra todas las conclusiones esenciales del marxismo, profetizando el regreso de sus adherentes a los pantanos nihilistas y derrotistas de los que estos vitalistas pequeñoburgueses han emergido bautizados y renacidos.

Empirio-monismo e inmediatismo

Las raíces filosóficas de este revisionismo ya habían sido identificadas por Lenin mucho antes de que surgiera la comunización. En Materialismo y Empiriocriticismo, agrupó a Georges Sorel junto a los machistas, bogdanovitas y pragmatistas neokantianos en su rechazo común de la teoría materialista del conocimiento. El Empirio-Monismo reducía el conocimiento a la organización de la experiencia humana en lugar de considerarlo el reflejo de un mundo material objetivo, tratando los conceptos científicos como instrumentos construidos por el pensamiento en lugar de descubrimientos sobre una realidad que existe independientemente. La verdad objetiva se disolvía así en la organización de la experiencia, la utilidad práctica y la coherencia conceptual, reemplazando el realismo científico marxista con una epistemología idealista en la que la conciencia determina en última instancia los términos de la realidad en lugar de reflejar su desarrollo material. Fue precisamente esta tendencia filosófica la que Lenin identificó en Sorel. Al discutir el intento de Sorel de reconciliar a Poincaré con Le Roy, Lenin destacó la premisa compartida entre los empirio-monistas y Sorel: “todo lo que no es pensamiento es pura nada”, y que la ciencia no refleja la naturaleza, sino que solamente “corresponde con los mecanismos creados por nosotros”. Una vez que la teoría científica se reduce a una construcción conceptual en lugar de un reflejo de los procesos materiales objetivos, la cuestión de si el pensamiento corresponde a una realidad independiente se descarta como carente de sentido. La verdad se convierte en una propiedad de las ideas mismas en lugar del mundo material que buscan explicar. Tenemos nihilismo relativista y solipsismo, las armas filosóficas de la contrarrevolución burguesa golpeadas contra las cabezas del proletariado en todo el mundo. La comunización reproduce en última instancia este mismo método idealista tan popular hoy en las universidades burguesas: la teoría sigue las formas cambiantes de la conciencia, la experiencia vivida subjetiva y la apariencia histórica en lugar de expresar el desarrollo objetivo de la sociedad capitalista y las leyes determinadas que rigen su movimiento.

La primera expresión moderna de este rechazo en el ámbito práctico y político apareció en el sindicalismo soreliano. Sorel no se presentaba como enemigo del marxismo sino como su salvador contra la degeneración parlamentaria de la Segunda Internacional. Sin embargo, en el proceso, rechazó los cimientos mismos del marxismo revolucionario y estableció los fundamentos de la tradición que nuestro Partido llama “inmediatismo” y que Lenin denomina “comunismo de izquierda” en La enfermedad infantil del izquierdismo. La necesidad histórica dio paso al voluntarismo, la organización política al mito de la huelga general permanente como la revolución misma, y la conquista del poder a la acción inmediata de los productores. Para Sorel, el “mito” revolucionario era valioso no porque correspondiera a la realidad objetiva sino porque inspiraba convicción moral y acción colectiva, desplazando el análisis científico con la movilización cultural y psicológica. La revolución dejó así de ser el derrocamiento organizado del Estado burgués hecho posible por desarrollos objetivos determinados y se convirtió en un acto ético de rechazo, una transformación de la conciencia en lugar de la conquista política del poder. La misma inversión que caracterizó a Bernstein desde la derecha, caracterizó a Sorel desde la izquierda: ambos abandonaron la continuidad material del programa comunista en favor de una solución táctica inmediata. Uno confiaba en la papeleta; el otro en la huelga general mítica.

Lo que Sorel exhibe aquí, y lo que todo heredero suyo hasta los comunizadores exhibe después de él, es la infección característica del pensamiento pequeñoburgués: una obsesión por la última moda, por la patente más reciente, por la última ocurrencia. Los sindicalistas revolucionarios de la propia escuela de Sorel, ampliamente representados en la Europa Latina y dentro de elementos de la IWW en América del Norte, se proclamaban el depósito del último descubrimiento revolucionario, la superación del partido y el programa por el sindicato, la acción directa y la huelga general.

La temprana Izquierda Marxista en Italia se enfrentó precisamente a esta corriente. Contra Arturo Labriola, Orano, Olivetti, De Ambris y todo el entorno sindicalista, rechazó la sustitución del sindicato por el partido político, insistiendo en que la huelga general se vuelve revolucionaria solo en la medida en que está subordinada a la conquista del poder político por el partido comunista. Los sindicalistas confundieron una forma táctica con un principio histórico, reemplazando la dictadura del proletariado por la autonomía de las organizaciones económicas, y disolviendo el movimiento político en las luchas inmediatas del taller. Al hacerlo, simplemente reprodujeron el culto burgués a la novedad bajo colores revolucionarios.

Los bolcheviques rechazaron la misma seducción. Por muy atractivas que parecieran las consignas del sindicalismo frente al socialismo revisionista, visiblemente en descomposición, de la Segunda Internacional, se anclaron en el anticuado granito de un programa ya establecido, negándose a confundir la última innovación táctica con un nuevo fundamento teórico. La comunización es solo el último término de esta misma persecución: otra patente tomada contra el marxismo por autores que, careciendo de toda comprensión de su programa, solo pueden librar una guerra contra fantasmas de su propia invención.

Ordine Nuovo y la Izquierda Germano-Holandesa siguen el mismo camino

Después de Sorel, la desviación reapareció tras la Primera Guerra Mundial en las teorías del consejo de fábrica de Ordine Nuovo. Gramsci y sus colaboradores confundieron órganos nacidos dentro de la lucha económica con los órganos suficientes del poder proletario mismo. Frente a esta ilusión, de ¡Tomar la Fábrica o Tomar el Poder!, la Izquierda Italiana insistió en que ninguna transformación socialista puede comenzar antes de la conquista del poder político por el proletariado como clase. Los consejos de fábrica poseen significado revolucionario solo en la medida en que están subordinados a la dictadura del proletariado y su órgano político, el partido comunista. Desligados de ese programa, se convierten en instrumentos de autogestión del capitalismo más que de revolución. La administración inmediata de la producción no puede reemplazar la destrucción previa del Estado burgués. Aquí ya está el punto final molecular al que llega todo inmediatismo por un camino diferente: un plan a medias en el mejor de los casos, en el que cada taller, cada consejo, cada localidad persigue su propia relación inmediata y no mediada con la producción, sin ningún órgano capaz de subordinar estos intereses particulares al progreso histórico general del movimiento. La producción a pequeña escala capitalista es en sí misma ya un fenómeno molecular, un campo atomizado de productores privados desconectados; una política proletaria construida de la misma manera, fábrica por fábrica, consejo por consejo, insurrección espontánea local por insurrección, no puede combatir esta fragmentación, la reproduce. La historia ha demostrado bien esta lección.

Sin embargo, la Izquierda Germano-Holandesa transformó este error en principio. La oposición a los partidos oportunistas se convirtió en oposición al partido como tal. El programa comunista se disolvió en el movimiento espontáneo de los trabajadores, y la organización misma llegó a aparecer como una fuerza extraña impuesta a la clase, que a su vez era conceptualizada como la simple colección sociológica de trabajadores individuales. La continuidad de la doctrina dio paso a la inmediatez de la experiencia personal. La verdad pasó a ser un reflejo de la cognición del individuo, compartida dentro del órgano del consejo obrero que simplemente refleja la opinión más popular de los individuos constitutivos, el empirismo burgués y el fetichismo democrático como los únicos órganos auténticos de conocimiento y expresión política de la clase aparentemente totalmente espontánea y autoconocedora de individuos autónomos. Aquí reside la confusión esencial del inmediatista, que confunde el recuento de cabezas con el criterio de corrección, cuando la autoridad real del partido descansa en algo que el referéndum no puede proporcionar: lo que nuestra tradición llama la teoría de la rectitud (o teoría de la corrección).

Materialismo dialéctico vs nihilismo solipsista

Como afirmamos en nuestro texto de 1960, escrito en respuesta a El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo de Lenin, Una condena de los renegados por venir, la “teoría de la corrección” describe la relación entre el partido comunista, su programa y el movimiento histórico del proletariado. El partido no deriva la corrección de su línea política de las opiniones o la conciencia inmediatas de las masas; comienza en cambio desde el programa marxista invariable y la experiencia teórica e histórica acumulada del movimiento comunista, utilizando estos para determinar su estrategia y táctica, haciendo predicciones y prescripciones a la clase antes de los eventos. El partido precede, por lo tanto, a las masas políticamente sin estar fuera de la clase: mantiene contacto con sus luchas y busca elevar su capacidad revolucionaria en lugar de adaptar su dirección política a su nivel de conciencia existente. La práctica no crea el programa del partido después del hecho; más bien, el desarrollo histórico de la lucha prueba si el partido ha captado correctamente el movimiento de la clase y las condiciones de su transformación. La autoridad del partido descansa, por lo tanto, no en la ratificación democrática sino en la corrección de su programa y tácticas, una corrección establecida teóricamente antes de los eventos y verificada solo después a medida que las masas atraviesan la experiencia histórica que el partido ya ha anticipado. La legitimidad no se cuenta, sino que se demuestra con el tiempo, en el cementerio político de los partidos y tendencias cuyos falsos pronósticos son descartados por el curso objetivo de la lucha de clases.

El principal teórico de la comunización, Gilles Dauvé, afirma que “presentar una posibilidad como una necesidad histórica siempre conlleva el riesgo de cultivar una visión trazada... el determinismo es teleología para el materialista”. Esto descansa en la misma confusión indeterminista que el Partido Comunista ha identificado durante mucho tiempo como característica de la filosofía burguesa. El determinismo marxista no atribuye un propósito a la historia ni predice la revolución como una certeza profética. Simplemente afirma que el desarrollo social procede de acuerdo con leyes causales objetivas, en las que las contradicciones del modo de producción capitalista generan necesariamente crisis recurrentes, antagonismos de clase y las condiciones materiales para la revolución proletaria. Negar la necesidad histórica porque supuestamente implica teleología es separar las causas de sus efectos, reduciendo la historia a una sucesión de posibilidades contingentes, momentos individuales inmediatos, en los que la revolución se convierte en meramente un resultado concebible entre infinitos otros, en lugar de la tendencia objetiva que surge del propio capitalismo. Este rechazo de la necesidad pertenece a una larga tradición filosófica que se extiende desde los Jóvenes Hegelianos a través de Nietzsche, Bergson, Sorel y, más tarde, Deleuze y Guattari, cada uno desplazando el motor de la historia del desarrollo objetivo de las relaciones materiales a la voluntad subjetiva, el mito, el deseo, la creatividad o la experiencia vivida. La comunización hereda esta misma corriente idealista, ubicando la abolición del capitalismo no en el desarrollo histórico de la lucha de clases y la conquista del poder político, sino en la transformación ética inmediata de la vida cotidiana y la afirmación espontánea de una comunidad humana contra la mediación social. La “insurrección” y la “revuelta” de la humanidad, la huelga general “mítica”, solo necesitan más creyentes en la comunización.

El llamamiento de la comunización a la probabilidad, en lugar de a la necesidad, es igualmente hueco al examinarlo. La probabilidad se definió durante mucho tiempo como la relación entre los casos favorables a un evento y el número total de casos, todos supuestos “igualmente probables”, una definición que es circular, ya que “igualmente probable” no significa más que “tener iguales probabilidades” Incluso Poincaré concedió que una definición satisfactoria de probabilidad estaba más allá del alcance del matemático, que algo en ella seguía siendo irreductiblemente misterioso. El probabilismo moderno no resuelve esta circularidad, sino que la invierte en una virtud, celebrando la indeterminación contra el “dogmatismo” que atribuye a la necesidad causal. El determinismo marxista no necesita tal aparato: la causalidad no es una cadena de eventos discretos que esperan un conector probabilístico, sino que corre como una cuerda, ninguna fibra individual abarca toda su longitud, pero su tensión combinada transmite el tirón sin interrupción de un extremo al otro. La lucha de clases se propaga de la misma manera, de manera desigual, a través de avances y retrocesos, pero nunca se rompe. Solo el partido sostiene este hilo a través de las fases más oscuras de la contrarrevolución, trazando continuidad donde otros solo ven ruptura, porque solo el partido está diseñado para defender una teoría de la justicia incluso en caso de derrota, en lugar de renunciar a ella. Como el Partido argumenta en Las Probabilidades de la Revolución, la probabilidad no es lo opuesto a la necesidad sino la forma a través de la cual la necesidad se manifiesta en procesos históricos complejos: el momento exacto de las crisis revolucionarias no puede predecirse mecánicamente, pero sus causas objetivas no son por ello menos reales. Al rechazar esta continuidad causal por una filosofía abierta de la posibilidad, la comunización abandona el materialismo histórico por el “pensamiento débil” que la ideología burguesa abraza para negar la necesidad objetiva de la lucha de clases y el papel del partido como el hilo que conecta las derrotas pasadas con el resurgimiento futuro.

Debido a que el partido precede a las masas de esta manera, su disciplina interna no puede descansar sobre las opiniones fluctuantes de sus miembros, ni sobre mecanismos pedagógicos o democráticos formales, sino sobre la fidelidad al programa histórico mismo. Su cohesión surge de la adhesión instintiva y voluntaria de la vanguardia proletaria a ese programa, expresada en devoción, tenacidad, autosacrificio y continuidad revolucionaria en lugar del cultivo educacionista de la opinión individual. El partido “se enlaza” con las masas no rebajándose a su nivel de conciencia predominante, como imagina el oportunismo, sino elevando la temperatura revolucionaria de la clase a través de su intervención, transformando las masas trabajadoras sin forma definida en una clase histórica genuina organizada para la lucha política a medida que sus fuerzas crecen al ritmo del desarrollo de la crisis capitalista.

Aquí la comunización reproduce la vieja ilusión inmediatista en un nuevo matiz. Habiendo rechazado tanto al partido como a la dictadura del proletariado, sin embargo, asume que la inmensa coordinación social requerida para abolir el trabajo asalariado, el valor, el intercambio y la sociedad de clases surgirá espontáneamente de la proliferación de “medidas comunizadoras”, como si la organización política consciente pudiera ser dispensada mientras sus resultados prácticos emergen de alguna manera por sí solos.

La teoría de la “corrección” rechaza precisamente esta concepción mágica. El movimiento histórico no abole la necesidad de organización consciente; produce la necesidad de la única organización capaz de anticipar su curso y dirigir la transición de acuerdo con el programa invariable, el Partido orgánico. Asimismo, un consejo obrero, comuna o cualquier otro cuerpo localista que simplemente agregue las opiniones presentes de sus individuos constituyentes no posee un criterio de verdad comparable; solo puede ratificar lo que ya se cree en el momento. Por lo tanto, está condenado a la estupidez inmediata, incapaz de anticipar el curso de la historia o extender su poder más allá de centros aislados; simplemente existe en el momento presente como un monje zen. Cada derrota del movimiento proletario fortaleció la convicción inmediatista de que la mediación política y la organización misma eran la fuente del fracaso. Sin embargo, la historia demostró lo contrario: dondequiera que los consejos permanecieran sin el liderazgo centralizado del partido revolucionario y la conquista del poder político, la revuelta económica se desvaneció sin llevar a nada más que un nuevo método de gestión de la empresa capitalista. Se supone que debemos creer que es la “burocracia”, el Partido, la dominación y el poder mismo lo que reproduce el capitalismo. Cuando en realidad es la existencia continuada de unidades productivas fragmentarias forzadas a relaciones de intercambio. La autonomía y libertad económica relativa es exactamente la base de la economía campesina propietaria que dio origen al propio capitalismo y es lo que los comunizadores, en todo su celo monástico, implican en sus propuestas.

El fantasma de la “burocracia” y las revelaciones de los modernizadores

No se puede exagerar el error de esta fijación en el fantasma burocrático. Como argumentamos en El Hilo del Tiempo: La Batracomiomaquia, en el momento en que la burocracia se eleva de una función administrativa dentro de relaciones de clase definidas a un sujeto histórico autónomo, el análisis materialista de Marx comienza a desintegrarse. El artículo rechaza la noción de que la “burocracia” constituye una clase o modo de producción en sí mismo, insistiendo en cambio en que “la burocracia nunca ha sido un modo de producción”, sino solo “una forma, un aparato, una red de agentes al servicio de una clase dominante”. Una vez que se abandona esta distinción, la contrarrevolución rusa deja de explicarse a través de la derrota histórica del proletariado internacional, el aislamiento de la revolución y la penetración de influencias burguesas en el movimiento obrero, y se reduce al triunfo abstracto de la “burocracia” o el “poder”. La crítica se desplaza del contenido de clase a la forma organizativa, transformando el marxismo en una condena moral de la administración, la autoridad y la centralización como tales. Este deslizamiento teórico encontró por primera vez su expresión sistemática en Socialismo o Barbarie, sobrevivió en las teorías trotskistas de la “casta burocrática” y el “colectivismo burocrático”, y hoy alcanza su conclusión lógica en la comunización y el ámbito anarquista más amplio, mientras persiste en forma diluida dentro de la izquierda laborista reformista liberal a través de su culto al horizontalismo, la descentralización y el activismo antipolítico. Habiendo separado las formas políticas de su contenido de clase, estas corrientes solo pueden concluir que toda organización centralizada reproduce la dominación, por lo que el partido revolucionario y la dictadura del proletariado aparecen no como los instrumentos indispensables de la revolución comunista sino como los principales obstáculos para ella.

La afirmación de la comunización de que las derrotas del siglo XX inauguraron “nuevas condiciones” enteramente o una etapa fundamentalmente nueva del capitalismo que exige la revisión del programa comunista descansa sobre este mismo error filosófico. La “subsunción real”, la globalización, la fábrica social y la integración total del proletariado en el capital que presenta como desarrollos históricos sin precedentes no son más que el despliegue más completo del imperialismo capitalista ya trazado por Marx y desarrollado sistemáticamente por Lenin. La concentración y centralización del capital, la extensión del mercado mundial, la subsunción de cada esfera de la vida bajo la producción de mercancías y la continua transformación de las relaciones sociales nunca fueron rupturas imprevistas que requerían una nueva doctrina, sino precisamente las tendencias históricas que el marxismo clásico anticipó. Sin embargo, la inteligencia desclasada y el entorno obrero-aristocrático que surgió de las derrotas de 1968 ya no podían concebir su propio papel histórico dentro de este proceso. Enfrentados a la estabilización temporal del imperialismo, confundieron una derrota coyuntural del proletariado con su integración histórica permanente en el capital, reproduciendo la mitología burguesa del “fin de la historia”. De esto siguió un retroceso hacia el naturalismo y humanismo burgueses y su oscurantismo idealista asociado: la revolución política dio paso a la autotransformación ética, la dictadura del proletariado a la disolución inmediata de las identidades, y el materialismo histórico científico al empirismo de la experiencia vivida. ¡Qué audaz! ¡Qué valiente! ¡Nuestros renegados! En lugar de reconocer que el capitalismo simplemente confirmaba la trayectoria ya explicada por Marx y Lenin, la comunización proclama para regocijo de todo burgués que el marxismo mismo había sido superado, ¡el proletariado derrotado!

Un retorno al naturalismo burgués

La tendencia filosófica que Lenin identificó en Materialismo y Empiriocriticismo no desapareció con el machismo, sino que resurgió después de la Segunda Guerra Mundial en la corriente neohegeliana del marxismo occidental, una tradición perpetuada hoy por oscurantistas célebres como Slavoj Žižek, quienes continúan intentando reubicar el centro del marxismo desde el movimiento objetivo de las relaciones materiales hacia la filosofía, la subjetividad y la ideología. Contra la concepción materialista de la historia, pensadores como Lukács desplazaron cada vez más el énfasis de las leyes objetivas del desarrollo capitalista hacia la conciencia, la cosificación y la praxis subjetiva, reabriendo precisamente los problemas idealistas que Marx había superado. Lenin se opuso a este renacimiento neohegeliano por separado de sus polémicas anteriores, rechazando los intentos de subordinar el marxismo a la filosofía hegeliana e insistiendo en que el materialismo dialéctico seguía siendo el fundamento científico indispensable de la teoría revolucionaria. La Internacional Situacionista heredó este giro del marxismo occidental y se convirtió en uno de los principales antecedentes intelectuales de la comunización. En La sociedad del espectáculo, Debord definió famosamente el capitalismo moderno como una condición en la que “todo lo que era directamente vivido se ha alejado en una representación”. Aunque se presenta como una crítica de las relaciones sociales capitalistas, el énfasis se desplaza de la relación objetiva de explotación a sus formas de apariencia, mediación y experiencia vivida. El capital se presenta cada vez más no como una relación social objetiva arraigada en la extracción de plusvalía sino como una dominación de la conciencia que debe superarse recuperando la experiencia auténtica.

Aquí se hace evidente la influencia de los supuestos empiriomonistas y neohegelianos: la alienación se entiende menos a través de la relación material entre el capital y el trabajo asalariado que a través de la mediación de la conciencia misma, reduciendo la política revolucionaria a la disolución de las formas ideológicas en lugar de la conquista del poder político. El problema revolucionario se convierte, en consecuencia, en romper el “hechizo” de la representación, descubriendo una comunidad humana natural auténtica supuestamente oculta bajo las apariencias capitalistas, capturada en el lema situacionista de encontrar la “playa debajo del adoquín”. De esta manera, la lucha material por el poder estatal da paso a la transformación inmediata de la experiencia vivida, preparando el terreno teórico para la afirmación de la comunización de que la revolución consiste en la abolición directa de las relaciones sociales capitalistas sin el papel mediador del partido revolucionario, la dictadura del proletariado o la lucha política transicional a través de la cual el marxismo siempre ha explicado el camino hacia el comunismo. Al abandonar el desarrollo material objetivo de la sociedad como base de la ciencia revolucionaria, esta tradición abandona también la comprensión materialista de la racionalidad de clase misma. La conciencia deja de ser el producto del cerebro humano históricamente desarrollado que interactúa con un mundo objetivo dentro de una sociedad humana definida por antagonismos de clase definidos y se convierte en el lugar privilegiado de la emancipación humana generalizada.

El obrerismo italiano y los escritos posteriores de Jacques Camatte proporcionaron a la comunización sus elementos conceptuales finales. El obrerismo disolvió la crítica de la explotación en un rechazo generalizado del trabajo y la noción de la “fábrica social”, mientras que Camatte disolvió progresivamente al propio proletariado en una humanidad indiferenciada subsumida por el capital. Tras las derrotas de la década de 1970, estas corrientes abandonaron cada vez más al movimiento obrero por la academia burguesa, donde figuras como Antonio Negri se integraron en el establecimiento filosófico francés posterior a 1968 en torno a instituciones como el Collège international de philosophie y el entorno más amplio de Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze y otros teóricos posestructuralistas que fueron reclutados en las filas del Estado francés para establecer la base filosófica para el ataque adicional a las concepciones marxistas, en medio de la llamada “desindustrialización” y la apertura de la nueva fase de la renovada crisis económica capitalista y la reestructuración estatal en el período.

Allí, la derrota política del proletariado fue reformulada como una virtud filosófica, traducida al lenguaje del posmodernismo, la teoría cultural y la identidad, muy lejos del terreno de la lucha de clases. Aunque la comunización rechaza el abandono de la lucha de clases por parte de Camatte en su forma más explícita, preserva el movimiento esencial de todo este campo degenerado de pensamiento derrotista y poco inspirado. El proletariado ya no aparece como la clase históricamente constituida sino un grupo que simplemente debe abandonar el “trabajo” y el “obrero” como categoría de identidad para que la revolución triunfe. Una ideología de lucha para una inteligencia vacilante que justifica su traición de clase y el abandono de la causa proletaria para servir a los burgueses en puestos universitarios asalariados. Sin embargo, para las masas de trabajadores que tienen que trabajar para vivir o enfrentarse a la bota del Estado policial capitalista o al hambre en las calles, un cuento tan fantástico tiene poco peso.

De la mente genial de Camatte, cuyo pensamiento inspiraría más tarde la noble tradición anarcoprimitivista, moviendo a innumerables hijos de fondos fiduciarios y jóvenes desclasados de la clase media blanca en América del Norte a las extravagantes payasadas de vestir pieles de venado “renaturalizándose” y evadiendo la “domesticación” en el desierto ahora consumido por incendios forestales apocalípticos anualmente, surgió otra novedosa teoría de nuevas “etapas” del capitalismo que cambiaban fundamentalmente el juego. Se nos dice que, bajo la primera etapa de subsunción formal, el capital simplemente se apodera de un proceso laboral existente sin transformarlo; el trabajador retiene cierta exterioridad al capital, una identidad residual contra la cual la afirmación del trabajo como base de una sociedad futura todavía podía tener sentido. Bajo la subsunción real, por el contrario, el capital rehace el proceso laboral, y con él al trabajador, enteramente a su propia imagen: la clase obrera ya no se enfrenta al capital como un antagonista externo, sino que es ella misma constituida, reproducida y definida por el propio movimiento del capital. A partir de esto, Théorie Communiste extrae la conclusión de que la identificación misma del trabajador como trabajador, y las luchas libradas sobre esa base, ya no apuntan más allá del capitalismo, sino que circulan dentro de él, ya que la categoría “trabajador” no es ahora más que un momento de la propia reproducción del capital. La afirmación del trabajo, que una vez fue el punto de reunión del “programatismo”, se reformula, así como complicidad: organizarse como clase es, según esta cuenta, meramente realizar la función asignada dentro de la subsunción real, perpetuar voluntariamente el capitalismo mismo, reforzando la misma relación que afirma negar. ¿La solución? La clase media desclasada debería sentirse cómoda con su proletarización y posible pauperización, idolatrar al lumpen y convertirse en anarquistas de estilo de vida, cualquier cosa menos organizarse y constituirse como clase. A través de la teoría de la domesticación de Camatte, la crítica anarcoprimitivista de la civilización de Zerzan y la filosofía antitecnológica de Kaczynski, surgió un entorno anticivilizatorio que abandonó cada vez más la cuestión marxista de la clase y el programa en favor de la huida de la humanidad de la civilización misma. Aunque ni Camatte ni Zerzan abogaban por la violencia nihilista que luego abrazaron los ecoextremistas, su rechazo de la sociedad industrial, la domesticación y el progreso se convirtió en parte de la atmósfera intelectual más amplia de la que grupos como Individualistas Tendiendo hacia lo Salvaje (ITS) se nutrieron selectivamente, combinando estos temas con el antihumanismo, la misantropía y una celebración explícita de la violencia indiscriminada. Corrientes paralelas dentro del anarquismo insurreccionalista desplazaron igualmente al proletariado y al partido comunista con redes difusas de grupos de afinidad, ataque espontáneo, sabotaje y revuelta permanente, tratando la insurrección no como un momento dentro de un programa histórico sino como un fin en sí mismo. A pesar de sus diferencias, ambas tendencias convergen en reemplazar al movimiento comunista con actos inmediatos de negación, abandonando la concepción marxista de la revolución como la conquista política organizada del poder por el proletariado en favor de una resistencia fragmentada contra la “civilización”, la “tecnología” o la “autoridad” como tales.

¿De vuelta al primitivismo tribal o al capitalismo campesino proudhoniano?

Los comunizadores modernos han intentado salvar esta tradición despojándola de sus conclusiones más abiertamente extremistas y presentándola en una forma teóricamente más respetable, pero el método subyacente permanece inalterado. Lo que una vez apareció como el culto a la inmediatez en Sorel o los consejistas ahora regresa vestido con el lenguaje de la “comunización”, el horizontalismo y la autonomía local. A medida que esta corriente se difundió en el entorno del Comité Invisible, Tiqqun y círculos anarquistas adyacentes, su horizonte práctico se contrajo gradualmente hacia la ayuda mutua, los grupos de afinidad, las ocupaciones, las zonas autónomas y las formas de vida prefigurativas, convergiendo en la práctica con la lógica del voluntariado liberal sin fines de lucro y el activismo comunitario. El movimiento mismo se convierte en todo, el fin en nada; la supervivencia dentro del capitalismo reemplaza gradualmente a la conquista revolucionaria del poder como horizonte práctico. Cuando estos experimentos fragmentados fracasan previsiblemente en superar la totalidad social, la explicación nunca se busca en la ausencia de un poder político centralizado capaz de generalizar la revolución, sino en la supuesta incompletitud de la ruptura misma, exigiendo solo una inmediatez más pura la próxima vez.

Esta perspectiva reproduce en última instancia el propio proudhonismo que Marx pasó décadas demoliendo, mientras carece incluso de la disposición de Proudhon para enfrentar las implicaciones económicas concretas de sus propias propuestas. La crítica de Marx nunca se dirigió simplemente contra el intercambio o el dinero de forma aislada, sino contra la ilusión de que la producción de mercancías podía abolirse mientras la sociedad permaneciera dividida en productores autónomos. Más tarde, la misma debilidad metodológica resurgió en Socialismo o Barbarie, donde el partido criticó acertadamente el fetichismo consejista de la autogestión por confundir la administración de empresas separadas con la abolición de las relaciones sociales capitalistas. La comunización moderna hereda precisamente esta ilusión, pero vacía incluso el serio compromiso con los problemas materiales de la reproducción, la planificación y la coordinación social que las corrientes heterodoxas anteriores al menos intentaron. Sus categorías siguen siendo estéticas y morales más que económicas. Unidades productivas separadas, comunas locales, ocupaciones o asambleas de barrio son simplemente presupuestas para disolver la relación de valor en virtud de su forma, a pesar de que toda experiencia histórica demuestra lo contrario.

Esta contradicción aparece claramente en las experiencias históricas que la comunización celebra. Las comunas revolucionarias, los colectivos de trabajadores, las asambleas de barrio y los órganos locales de autogestión son tratados como anticipaciones del comunismo porque comienzan a suprimir el dinero, los salarios o el intercambio de mercancías dentro de su esfera inmediata. Sin embargo, dondequiera que estos experimentos permanecieron aislados, se vieron obligados a reintroducir la mediación entre unidades productivas independientes. La experiencia de los colectivos españoles demuestra esto con particular claridad. La contabilidad del tiempo de trabajo, el trueque, las monedas locales y el intercambio entre empresas no surgieron porque los revolucionarios carecieran de suficiente entusiasmo revolucionario. Surgieron porque las unidades productivas separadas necesariamente se enfrentan entre sí como entidades económicas separadas a menos que la producción se organice conscientemente a escala de la sociedad en su conjunto. El intercambio reaparece dondequiera que la centralización política está ausente; la fragmentación molecular tanto de la producción económica como de las formas sociales se reafirma inevitablemente en el momento en que no existe ningún órgano centralizado capaz de mantener unido el conjunto, exactamente como sucedió en todos los experimentos consejistas-comunistas y de consejos de fábrica anteriores. Esta era ya la sustancia de la crítica de Marx a Proudhon: abolir el dinero mientras se preservan los productores independientes, y la relación de valor simplemente asume otra forma. La comunización moderna meramente repite el error mientras se niega incluso a investigar sus determinadas consecuencias económicas.

El desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo no responde a la satisfacción de las necesidades humanas, sino a la valorización del valor, a la extracción de plusvalía y a la reducción de los costos de producción de la burguesía. La historia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela confirma de forma irrebatible la tesis marxista de que el Estado burgués actúa como el “capitalista colectivo ideal”, asumiendo las inversiones de infraestructura de alto costo y lento retorno que el capital privado no puede o no quiere financiar, para subrogar la acumulación de la clase dominante. Si una actividad no produce ganancia / plusvalía, el capital la abandona o la destruye, sin importar cuanta hambre, sed o falta de electricidad sufra la población. La infraestructura hidroeléctrica y las redes de trasmisión no se diseñaron en función de garantizar el bienestar colectivo de la población venezolana, sino como un insumo para abaratarle los costos a las industrias (petróleo, aluminio, acero) y permitir que el capital (tanto privado como estatal) pudiera extraer más plusvalía y multiplicar su valor invertido.

1. De la electrificación privada al Estado desarrollista (1900‑1960)

En los albores del siglo XX, la electrificación en Venezuela comenzó bajo el signo del capital privado nacional y extranjero (como la C.A. La Electricidad de Caracas en 1897) dirigida exclusivamente a electrificar los núcleos urbanos rentables donde residía la burguesía comercial. Sin embargo, la irrupción del petróleo tras el reventón del pozo Barroso II en 1922 reconfiguró de raíz la estructura socioeconómica del país.

El modelo agrario cedió paso a un capitalismo de Estado rentístico acelerado que provocó un éxodo rural masivo: la población urbana pasó de ser una minoría en 1936 a representar el 61,61% en 1960 (5,02 millones de habitantes). Para abastecer a las ciudades en expansión y respaldar los requerimientos de la naciente burguesía industrial de Caracas, Maracaibo y Valencia, el Estado burgués tuvo que intervenir. Tras la creación de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) en 1946 y de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) en 1958, el Estado asumió el costo de la electrificación rural e interurbana -antieconómica para los privados-, actuando como un subsidio directo al costo de reproducción de la fuerza de trabajo que las empresas privadas requerían.

2. La era de las megaobras hidroeléctricas y la burguesía extractiva (1961‑1999)

La consolidación del Pacto de Punto Fijo –que permitió unir a las fracciones burguesas y sus partidos políticos (AD, COPEI, URD) para estabilizar la democracia burguesa- y la posterior nacionalización petrolera de 1976 otorgaron al Estado venezolano una masa colosal de renta petrolera internacional. El Estado burgués canalizó estos recursos hacia el megaproyecto hidroeléctrico del Bajo Caroní -encabezado por la Central Hidroeléctrica de Guri (Simón Bolívar), cuya primera etapa inició en 1963 y se consolidó en 1986 con una capacidad de 10.235 MW, convirtiéndose en la más grande del mundo en su momento.

La razón de ser histórica del Guri no fue elevar el bienestar social, sino liberar hidrocarburos quemados en calderas para destinarlos a la exportación en el mercado mundial: “el petróleo debe ir a las refinerías y a la exportación, no a las calderas” (Juan Pablo Pérez Alfonzo). La energía hidroeléctrica barata y abundante generada por EDELCA alimentó el complejo industrial-militar-extractivo articulado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) desde 1960: SIDOR (acero); ALCASA y VENALUM (aluminio primario); BAUXILUM (extracción de bauxita); Ferrominera (extracción de mineral de hierro).

Este entramado garantizó insumos primarios y energía casi gratuita a los monopolios transnacionales (Reynolds, consorcios japoneses e italianos) y a la burguesía industrial autóctona. Paralelamente, la transmisión en extra alta tensión (líneas de 765 kV) se diseñó como una autopista eléctrica para energizar el proceso de circulación de mercancías. Durante décadas, el congelamiento político de las tarifas eléctricas sirvió como un subsidio estatal ciego al capital privado y como un sedante social para contener las luchas obreras.

Las capacidades alcanzadas en materia de electrificación de las ciudades y de zonas rurales sirvieron además para impulsar el mercado de los electrodomésticos, donde se colocaban las mercancías de este ramo, producidas por las diferentes potencias capitalistas.

II. LA SITUACIÓN ACTUAL: EL COLAPSO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA CAPITALISTA (2000‑2026)

Lejos de ser una anomalía o un accidente ideológico, la debacle del SEN ocurrida bajo los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y la reciente reconfiguración del gobierno burgués, es la expresión madura de la crisis del capitalismo de Estado rentístico venezolano y de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

La centralización burocrática del sector en CORPOELEC (2007) y la absorción de entes técnicos como EDELCA no significaron la abolición del capitalismo, sino el establecimiento de un monopsonio de Estado que exacerbó la anarquía de la producción. La inyección de más de 105.000 millones de dólares durante el segundo boom petrolero (2004-2014) no impidió el desfalco sistemático mediante contrataciones directas con sectores de la burguesía “bolivariana” y contratistas internacionales (Derwick, Odebrecht, IMPSA). Esto es lo mismo que ahora se impulsa en el Acuerdo Petrolero entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, que ponen en la empresa NABEP (los mismos de Derwick) el control del 20% de las reservas de petróleo de Venezuela, preparando nuevos fraudes al servicio de la acumulación de capitales por parte de sectores de la burguesía estadounidense y venezolana.

1. El colapso en cifras del SEN (2026)

Como demuestran los análisis técnicos sobre el sector -incluyendo las rigurosas evaluaciones de ingeniería aplicada desarrolladas por especialistas sobre el deterioro de la infraestructura energética-, el colapso del SEN no responde a factores climáticos ni a “sabotajes imperialistas”, sino a la ausencia absoluta de mantenimiento predictivo, la corrupción estructural y la pérdida de mano de obra capacitada.
     - Capacidad Instalada Nominal vs. Real: De los 36.732 MW instalados en el país, la capacidad real disponible en 2026 escasamente alcanza aproximadamente los 12.415 MW (apenas un 34% de la nominal).
     - Parálisis Termoeléctrica: El parque termoeléctrico (Planta Centro, Tacoa, Ramón Laguna), planificado para respaldar al sistema en ciclos de sequía, opera a un precario 15-19% de su capacidad por falta de gas y diésel, consecuencia directa de la inoperatividad progresiva de PDVSA.
     - Proyectos Inconclusos: La Central Hidroeléctrica de Tocoma (2.160 MW), paralizada desde 2017 tras miles de millones de dólares dilapidados, constituye un monumento a la rapiña del capital que fluye a través de los canales de la burocracia estatal.
     - Pérdidas de Red y Racionamiento: Más del 40% de la energía generada se pierde en transmisión y distribución por la degradación de subestaciones y líneas de 765 kV. Esto se traduce en un racionamiento salvaje fuera de Caracas (Zulia, Táchira, Mérida, Lara, Carabobo) con cortes de 6 a 12 horas diarias.

Un resumen histórico sería el siguiente:
     1900-1960: Capacidad Instalada: 724 MW (1957), Generación Real Disponible: ≈100% de lo instalado. Electrificación privada para la burguesía local; surgimiento del Estado como proveedor de infraestructura básica.
     1961-1999: Capacidad Instalada: 19.600 MW (1999), Generación Real Disponible: ≈85% de lo instalado. Consolidación del Estado capitalista en el desarrollo industrial: Guri y 765 kV al servicio del negocio del petróleo, aluminio, acero e hierro.
     2000-2026: Capacidad Instalada: 36.732 MW (2026), Generación Real Disponible: 12.415 MW (34%). Colapso del capitalismo rentista: desinversión, fuga de capitales, corrupción e imposibilidad de reproducir la fuerza de trabajo.

En ninguno de estos períodos se detuvo ni un segundo la producción y venta de petróleo ni ninguno de los negocios de la burguesía, aunque muchas familias trabajadoras tenían los bombillos apagados o se le dañaban electrodomésticos.

2. La interconexión colapsada: “Sin electricidad no hay hidrocarburos”

La crisis del SEN paraliza el bombeo, las plantas de compresión de gas y los refinadores de la Faja Petrolífera del Orinoco. El accidente en la Planta de Compresión Lamargas (Lago de Maracaibo) en mayo de 2026 puso de relieve cómo ella sobre-uso de equipos desgastados, la falta de reemplazo de válvulas y la priorización del volumen de extracción sobre la seguridad industrial conducen inevitablemente a catástrofes operativas. Al no haber gas residual procesado, las termoeléctricas no funcionan; al no haber electricidad, PDVSA no puede elevar crudo. Es la parálisis del círculo vicioso de la acumulación burguesa. Ahora se prenden las alarmas para los consorcios capitalistas que visualizan una amenaza real a sus negocios y sus ganancias.

3. La sobre-explotación de la clase obrera

Los costos del colapso del SEN son cargados enteramente sobre los hombros del proletariado venezolano. El desarrollo capitalista en el país solo ha producido:
     1 - Sobre-explotación y salarios de miseria: Destrucción del salario real, reduciendo la remuneración obrera muy por debajo del costo de la canasta alimentaria.
     2 - Ejército Industrial de Reserva: Desempleo estructural e informalidad masiva. El desempleo forzado actúa como una tenaza para impedir la organización obrera y mantener los salarios en niveles de indigencia.
     3 - Privación de necesidades básicas: La falta de luz destruye el suministro de agua potable, paraliza la atención de salud en hospitales ya desmantelados, arruina los escasos alimentos de la familia trabajadora y genera un deterioro psíquico irreversible en la clase asalariada.
     4 - Eliminación de Subsidios: Las tarifas populistas del pasado han sido sustituidas desde 2020 por incrementos tarifarios salvajes impuestos por el Estado para pechar al golpeado bolsillo proletario, mientras las grandes empresas privatizadas o bajo convenios de capital mixto reciben esquemas preferenciales.

III. LA DEMAGOGIA OFICIALISTA: RACIONAMIENTOS, “AHORRO CÍNICO” Y FALSAS PROMESAS DE RECUPERACIÓN

Ante el descalabro del sistema, el discurso oficialista del Estado burgués despliega una retórica cínica que busca trasladar la responsabilidad del colapso a las víctimas del propio sistema. Los anuncios gubernamentales de nuevos planes de “administración de carga” (racionamientos) vienen acompañados invariablemente de un cínico llamado al “ahorro energético” dirigido a la población golpeada, prometiendo demagógicamente una “recuperación definitiva del SEN” para finales de año.

1. La desmitificación técnica

Desde el punto de vista de la ingeniería aplicada y el análisis riguroso de los datos del sector energético, la promesa estatal de una “recuperación a finales de año” carece de todo sustento físico y operativo:
     - Inviabilidad de los lapsos prometidos: Recuperar la generación térmica y estabilizar el sistema de transmisión de 765 kV requiere procesos de procura, reemplazo de turbinas, calibración de sistemas de protección y reparación de plantas de compresión de gas que toman años de trabajo sostenido, no pocos meses.
     - Falta de mantenimiento predictivo: Las infraestructuras críticas han sido sometidas a un sobre-uso destructivo sin repuestos originales ni mantenimiento preventivo o predictivo. Válvulas, depuradores de gas y transformadores se encuentran corroídos o al límite de su vida útil.
     - Déficit insuperable de gas y diésel: No es posible activar las termoeléctricas para fin de año si la producción de gas asociado en pozos e instalaciones como Lamargas y el norte de Monagas sigue colapsada por falta de compresión. Prometer recuperación eléctrica sin resolver la producción de combustible limpio es un engaño técnico.
     - Fuga de mano de obra calificada: La pérdida de más de 20.000 ingenieros, operadores y técnicos especializados imposibilita cualquier plan de contingencia acelerada sin la restitución previa de personal calificado y condiciones de trabajo seguras.

Los discursos y promesas de la burguesía y sus marionetas políticas, no encenderán un solo bombillo.
Los 60 millones de dólares diarios que ingresan al gobierno por la venta de petróleo (aunque actualmente los retiene el gobierno de EEUU) no se usarán para resolver los problemas del SEN, o de la salud, o del agua potable o de la mejora de salarios y pensiones. Esos ingresos petroleros se moverán a las cuentas bancarias de las grandes Corporaciones capitalistas, de los cuadros empresariales y de la red de politiqueros que defienden sus intereses (incluidos esos que se autoproclaman de “izquierda”).

Ahora se anuncian grandes inversiones para recuperar el SEN. Durante años se han destinado cientos de miles de dólares de fondos públicos sin que se haya hecho nada. Ahora llegarán los fondos de las ventas petroleras (administrados por EEUU) y los préstamos de organismos como el FMI... una nueva bonanza para los capitalistas que participarán en las obras de infraestructura y equipamiento de la generación y distribución eléctrica. Lo importante es el inicio de los proyectos: si no se terminan, da igual; si se alargan el plazo y los costes, mucho mejor. Además también es un negocio el endeudamiento y los politiqueros tratarán de obtener rédito electoral.

Proyectos de inversión eléctrica aprobados en Venezuela (1999‑2026) ¿Mala gerencia o logros del capital?

A continuación se detalla una selección de proyectos emblemáticos de generación y distribución eléctrica aprobados por el Estado burgués venezolano entre 1999 y 2026, los cuales ilustran la asignación masiva de recursos públicos en obras fracasadas:

Central Hidroeléctrica Tocoma (Manuel Piar - Estado Bolívar): Proyecto hidroeléctrico sobre el río Caroní planificado como el último desarrollo del complejo del Bajo Caroní. Capacidad prometida: 2.160 MW. Montos asignados/pagados: alrededor de 3.000 millones de dólares que escalaron hasta superar los 9.000 a 10.000 millones de dólares en desembolsos acumulados e impagos. Situación actual: Inconclusa y paralizada desde 2017. Aporta 0 MW al SEN.

Parque Eólico Paraguaná (Estado Falcón): Proyecto de generación eólica diseñado para aprovechar los vientos de la península e impulsar la generación limpia. Capacidad prometida: 100 MW (fase inicial) con proyección a 300 MW. Montos asignados/pagados: Estimados en más de 200 a 500 millones de dólares contratados. Situación actual: Abandonado y desmantelado. Los aerogeneradores instalados quedaron inoperativos y la estructura expuesta a la corrosión marina.

 - Parque Eólico La Guajira (Estado Zulia): Complejo eólico destinado a alimentar el castigado sistema eléctrico del occidente del país. Capacidad prometida: 75,6 MW en su primera etapa. Montos asignados/pagados: Más de 200 millones de dólares adjudicados. Situación actual: Inoperativo y paralizado. Inactivo tras la instalación parcial de pocas torres.

 - Termoeléctrica Ezequiel Zamora / Complejo Termoeléctrico Termozulia (Estado Zulia): Expansión del parque térmico zuliano (Termozulia I, II, III y IV) con ciclos combinados alimentados por gas y diésel. Capacidad prometida: Más de 1.300 MW combinados. Montos asignados/pagados: Contratos acumulados que superaron los 3.000 millones de dólares a través de asignaciones directas. Situación actual: Operación precaria por debajo del 20% debido a la falta de gas residual, fallas en plantas de compresión y falta de repuestos.

 - Planta Termoeléctrica Alberto Lovera / Jose (Estado Anzoátegui): Planta termoeléctrica concebida para respaldar las operaciones del complejo criogénico y el oriente del país. Capacidad prometida: 300 MW. Montos asignados/pagados: Más de 600 millones de dólares. Situación actual: Inoperativa / paralizada intermitentemente por falta de mantenimiento y escasez de combustible.

 - Planta Termoeléctrica Antonio José de Sucre (Cumaná, Estado Sucre): Proyecto termoeléctrico de gran escala para abastecer al oriente venezolano. Capacidad prometida: 1.000 MW. Montos asignados/pagados: Aprobaciones presupuestarias superiores a 1.500 millones de dólares. Situación actual: Paralizada e inconclusa. Solo se instalaron unidades turbogeneradoras aisladas que nunca alcanzaron la capacidad proyectada.

 - Proyecto de Ampliación en Planta Centro (Morón, Estado Carabobo): Construcción e instalación de la Unidad 6 (termoeléctrica) en el Complejo Termoeléctrico Planta Centro, concebida para reforzar el parque térmico del centro-occidente del país mediante la generación dual (gas y fuel oil). Capacidad prometida: 600 MW. Montos asignados/pagados: Adjudicado a la empresa estatal china China Machinery Engineering Corporation (CMEC) con contrataciones e inversiones asignadas que superaron los 1.200 a 1.400 millones de dólares. Situación actual: Inoperativa / Falla estructural. Aunque la unidad fue inaugurada formalmente en 2016 tras severos retrasos, sufrió fallas técnicas catastróficas poco después de su puesta en marcha y quedó fuera de servicio por falta de combustible adecuado, mantenimiento y repuestos, aportando 0 MW efectivos de manera continua al SEN.

  - Caso Emblemático: Central Hidroeléctrica Tocoma (Manuel Piar): Proyectada como el último megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Caroní (Estado Bolívar) para cerrar la cascada del Bajo Caroní junto a Guri, Macagua y Caruachi. Capacidad prometida: 2.160 MW (mediante 10 unidades generadoras Kaplan). Montos asignados/pagados: Presupuestada inicialmente en unos 3.000 millones de dólares con participación del consorcio OVI (liderado por Odebrecht) e IMPSA. Los desembolsos públicos, adendas y compromisos financieros acumulados escalaron hasta superar los 9.000 a 10.000 millones de dólares. Situación actual: Paralizada e inconclusa desde 2017. La obra civil quedó a medio construir, las casas de máquinas inconclusas y la mayoría de las turbinas nunca llegaron a montarse. Representa el caso más estruendoso de parálisis e inyección masiva de capital público transferido a corporaciones privadas y contratistas sin aportar un solo megavatio al sistema.

El “fracaso” de la crítica democrático burguesa es el éxito de la acumulación capitalista

Desde la perspectiva del análisis reformista y de la técnica y política burguesa, el catálogo de obras inconclusas, sobrecostos vertiginosos y parques eólicos convertidos en chatarra se califica invariablemente como «ineficiencia», «incapacidad gerencial» o «corrupción desmedida». Sin embargo, la crítica marxista del capitalismo exige ir más allá de las apariencias morales y comprender la lógica de clase que rige las decisiones del Estado. Lo que para la familia trabajadora se traduce en penumbra, alimentos arruinados y falta de agua potable, para el empresariado capitalista (nacional y transnacional) ha representado un negocio altamente lucrativo y redondeado:

La captura inmediata de la renta y la plusvalía:
En cada ciclo de inversión -alentado por la bonanza petrolera o por el endeudamiento público con organismos financieros internacionales- el Estado actúa como el canal de irrigación que transfiere cuantiosos recursos públicos hacia las cuentas del gran capital. Las empresas contratistas, las firmas de ingeniería, los proveedores de equipamiento pesado y la red de intermediarios aseguran sus ganancias en el preciso momento en que los fondos son aprobados y cobrados.

La lógica del proyecto interminable:
Bajo la lógica de la valorización del valor, la conclusión real de la obra es secundaria. De hecho, cuanto más se dilate el plazo de ejecución y más se inflen los costos de adendas contractuales, mayor es el volumen de capital que fluye hacia las corporaciones. El retraso estructural no es un fallo accidental del sistema, sino un mecanismo que multiplica los ingresos de la burguesía a costa del presupuesto público.

El negocio del endeudamiento y la politiquería:
El anuncio periódico de «mega planes de rescate energético» cumple una doble función para la clase dominante: permite a la red de politiqueros ostentar falsas promesas de progreso para obtener rédito electoral, mientras justifica la contratación de nueva deuda externa. Esa deuda será pagada posteriormente por el proletariado mediante la sobre-explotación, salarios de miseria e impuestos indirectos. En definitiva, la parálisis del SEN no debe juzgarse como un «fracaso del capital», sino como una manifestación de cómo el capital cumple eficientemente su único cometido real: apropiarse del excedente y multiplicar la ganancia burguesa, aunque ello implique dejar a oscuras a toda una sociedad. Se trata del “éxito” capitalista dentro del aparente “fracaso”.

Lo que la ideología burguesa clasifica como «incompetencia», «mala gestión» o «obras fallidas», constituye en realidad la dinámica natural de la acumulación capitalista en el marco del Estado burgués. En todos los proyectos, la burguesía contratista (nacional e internacional) y los intermediarios del capital privado no esperaron a que las plantas generaran el primer kilovatio de electricidad para consolidar sus ganancias. La ganancia y la captura de plusvalía ocurrieron durante el flujo financiero: en el cobro de los contratos de ingeniería, en la compra de turbinas y equipamiento pesado, en los sobrecostos por paralizaciones temporales y en el refinanciamiento de la deuda. Para el capital, que Tocoma esté paralizada o que la Unidad 6 de Planta Centro esté inoperativa no anula el hecho de que miles de millones de dólares fueron extraídos del presupuesto público y acumulados en las arcas del empresariado, mientras que la factura de esa deuda y el peso del racionamiento eléctrico continúan recayendo sobre las espaldas de la clase trabajadora.

2. El cínico “ahorro energético”

El llamado gubernamental al “ahorro energético” constituye una muestra intolerable de demagogia e hipocresía de clase:

 - Transferencia de culpa al proletariado: El Estado burgués pretende responsabilizar a la familia trabajadora -que apenas enciende unos bombillos e intenta conservar los escasos alimentos en una nevera desgastada- del consumo desmedido, mientras las escasas reservas de megawatts se garantizan prioritariamente para los centros de consumo de la burguesía, los bodegones del gran capital, el bombeo de la minería extractiva y las operaciones de los socios petroleros privados.

 - El cinismo del “ahorro” sin consumo: Exigir “ahorro” a un pueblo que padece cortes diarios de 6 a 12 horas es la racionalización ideológica de la opresión. No se trata de consumo suntuario ni de derroche de las masas, sino del racionamiento de la miseria provocado por la incapacidad del capital para reproducir sus propias condiciones mínimas de existencia.

 - La promesa de “fin de año” como sedante social: Prometer la solución a corto plazo para “final de año” forma parte de la tecnología del control político burgués. Se utiliza el horizonte temporal falso para desactivar la protesta social, diferir el descontento y ganar tiempo en favor de la clase gobernante y de los inversionistas extranjeros que negocian la entrega de los activos que controla el Estado.

IV. LA REFORMA BURGUESA DE 2026 Y EL ENGAÑO DE LA “NUEVA ADMINISTRACIÓN”

Ante la inminencia del colapso total, la clase dominante -en sus distintas facciones de gobierno y de oposición, respaldadas por el capital transnacional- ha aprobado reformas legales (como la apertura a concesiones privadas en hidrocarburos y electricidad de hasta 40 años promulgada a inicios de 2026) para entregar la infraestructura construida con la renta pública a monopolios extranjeros (Chevron, Repsol, Shell, GE Vernova).

Exigen entre 10.000 y 37.000 millones de dólares para “recuperar” el SEN, dinero que se convertirá en nueva deuda externa y nueva plusvalía extraída a los trabajadores.

De esta manera es una ilusión democrática y electoral “Cambiar un gobierno burgués por otro mediante el voto”. La realidad es que el Estado es el “consejo de administración de los negocios comunes de la burguesía”. La única vía táctica y estratégica: Huelga General → Paralización del Capital → Revolución.

La burguesía pretende vender la idea de que la crisis actual es el mero resultado de la “mala gerencia”, la “corrupción” o la “incapacidad de los gobernantes de turno”. Esta es una trampa ideológica destinada a encubrir las contradicciones de clase. Cambiar un administrador burgués por otro mediante el circo de la democracia burguesa no alterará las leyes de la acumulación capitalista ni erradicará la explotación.

Como enseñó Lenin en El Estado y la revolución: «La república democrática es la mejor envoltura política de que se reviste el capitalismo... y por eso el capital, al apoderarse de esta envoltura, establece su poder de un modo tan firme, tan seguro, que ningún cambio de personas, de instituciones o de partidos dentro de la república democrática burguesa es capaz de conmoverlo».

El Estado, sea cual sea la facción política que lo dirija, seguirá siendo un instrumento de dominación de clase. Por tanto, no es una opción tomar el camino de sustituir un gobierno burgués por otro a través del voto democrático.

V. PROGRAMA DE ACCIÓN PROLETARIA: DE LA LUCHA SALARIAL A LA HUELGA GENERAL

Venezuela está a las puertas de un colapso eléctrico definitivo, y la única solución estratégica es el colapso y caída del sistema capitalista. Las masas trabajadoras deben desechar toda ilusión en reformas electorales, privatizaciones milagrosas o mesas de negociación patronales.

Para superar la crisis del SEN y la miseria generalizada, la clase obrera debe unificarse de forma independiente, al margen de la burocracia estatal y de la patronal privada, bajo el programa de la revolución comunista:

Exigencias Inmediatas de la Clase Obrera:
     1 - Aumento general de salarios y pensiones: Un Salario que iguale o supere el costo real de la canasta familiar.
     2 - Pago del salario completo a los desempleados: Más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra desempleada. Que los trabajadores desempleados reciban un salario completo.
     3 - Cese de los tarifazos e impuestos indirectos: Suministro gratuito de servicios de electricidad y agua potable para la clase trabajadora golpeada por la crisis.
     4 - Mejora de las condiciones de trabajo y seguridad industrial: Ninguna planta debe operar sacrificando la vida o la integridad física de los técnicos y obreros, como ocurrió en Lamargas.

El Camino de la Huelga General

Estas demandas no se conquistarán mendigando en las instituciones del Estado burgués. La clase trabajadora está llamada a multiplicar su movilización de calle, unificar los comités de conflicto que surjan en las luchas de la masa trabajadora de las industrias básicas, de la salud, de la educación y de la energía, y avanzar resueltamente hacia la HUELGA GENERAL.

La Huelga General -la paralización total de la producción y de los beneficios del capital-, indefinida y sin servicios mínimos, es el método histórico de la clase obrera para quebrar la voluntad de la burguesía y sus gobiernos. Solo la paralización de la ganancia obligará a los patronos (públicos y privados) a ceder ante las necesidades obreras.

La Solución Radical

La crisis del sistema eléctrico, así como la del agua, la salud y la alimentación, no se resolverá bajo la lógica de la mercancía. Mientras la energía eléctrica se genere para alimentar el enriquecimiento de una minoría burguesa dedicada a la extracción de petróleo, gas, oro, hierro y aluminio, el pueblo trabajador seguirá a oscuras y en la miseria.

La reorganización del SEN sobre bases científicas y humanas requiere la expropiación de los medios de producción, la abolición del trabajo asalariado y la sustitución del Estado burgués por la dictadura del proletariado. Las energías alternativas, como la fotovoltaica o solar, que hoy no logran reemplazar el alcance masivo de la energía hidroeléctrica y termoeléctrica, la nueva sociedad comunista las integrará como opciones complementarias y particularmente importantes en determinadas ubicaciones geográficas. Solo una economía planificada por y para los trabajadores pondrá la energía al servicio de la vida y no de la plusvalía.
    
     ¡Basta de ilusiones electorales y reformas burguesas!
     ¡Por la unificación de las luchas obreras hacia la Huelga General!
     ¡Por la revolución proletaria!

En ausencia de un movimiento general de la clase trabajadora, el derecho burgués ha pasado a otorgar su gracia al trabajador inmigrante. Se presenta como el único camino a seguir para el inmigrante desmoralizado y aterrorizado que ha llegado a esta nación por necesidad y donde se encuentra enredado en relaciones sociales ajenas a ellos, en la medida en que la forma difiere de su lugar de origen y que naturalmente alberga sospechas hacia estos aparatos. Esto no es casualidad; el trabajador inmigrante, más que sus homólogos nativos, ha sido objeto de una explotación más intensiva por parte de la clase capitalista nacional, que busca despiadadamente acumular beneficios al máximo nivel posible, socavando a las trabajadoras domésticas al atrapar a inmigrantes que pueden ser relegados más fácilmente a trabajos intensos en industrias con bajos salarios, condiciones que el Estado burgués y su aparato legal mantienen en condiciones. La ley, o las relaciones legales que definen la sociedad capitalista actual, tiene su base únicamente en el interés de la clase de explotadores de trabajadores asalariados y parásitos financieros, por lo que cualquier movimiento judicial debe saltar, lanzarse y dar volteretas en estos queridos tribunales de los explotadores y buscar su simpatía.

Su omnipresencia se filtra en la multitud de experiencias del trabajador inmigrante que enfrenta el aparato estatal, desde procedimientos judiciales, audiencias de inmigrantes y casos de deportación. Se puede ver en las noticias en las actualizaciones de política migratoria, en las vallas publicitarias de abogados inmigrantes y en casos actuales en los tribunales supremos que establecen la norma para todos dentro de los límites de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto deberían los trabajadores prestar atención a estos procedimientos? ¿Qué implica para el horizonte actual del movimiento obrero no movilizado? ¿Para la pequeña minoría de trabajadores militantes? La realidad es que poco se puede hacer en esta fase aparte de aclarar el asunto. No porque lo deseemos, sino por el hecho lúcido de que la clase es en gran parte inerte y atomizada. Sin embargo, será a través de esta claridad que guiará las futuras luchas de los trabajadores inmigrantes, que tienen la capacidad de ser el elemento más militante, como demuestra la experiencia histórica, y que tienen sobre ellos los grandes obstáculos para superar la inercia de la derrota de clase que puede obtenerse en cierta medida a través de sus luchas por proteger sus intereses, Pero junto a este camino estarán las formas antiguas y desarrolladas de contención de clases: reforma y canalización legalista. Esta serie de artículos tiene como objetivo investigar la forma legal, las condiciones históricas y los derechos que se “conceden” a los inmigrantes, una subsección de la clase trabajadora en general.

Antecedentes

La teoría general del derecho y el marxismo (1924) de Pashukanis es una obra desarrollada en el último episodio de la lucha de clases tras la revolución de 1917, que estableció una investigación materialista de las relaciones jurídicas ampliando la comprensión de Marx sobre la forma jurídica que surgió con el auge de la sociedad burguesa, en contraste con las teorías burguesas del derecho como las de John Locke con su “derecho natural” y el “derecho positiva” de Hans Kelsen, que reflejan los dos episodios del dominio del capital. La primera mantenía una conexión entre la relación jurídica y los principios de la nueva clase histórica que se justificaba por la “razón” o su filosofía de justicia frente el orden feudal. Por otro lado, la segunda concebía la relación jurídica como una ciencia centrada exclusivamente en la práctica del derecho, separándose de la filosofía de la justicia con su “ideal irracional” o “juicios basados ​​en factores emocionales”, incluyendo la realidad social del derecho, cuyo objetivo era analizar la jurisprudencia en su esencia. Esto refleja los dos periodos de la sociedad burguesa: el primero, el derecho «natural», fue la época de las revoluciones burguesas, cuando esta clase atacó el orden de la aristocracia feudal, vislumbrando una ruptura de las relaciones que impedían el desarrollo de la propiedad individual y el capital; es decir, el capitalismo. Con él surgieron nuevas formas de entender cómo gestionar la sociedad, incluido el derecho. Una vez que el orden burgués se estabilizó a finales del siglo XIX, la investigación de la forma jurídica quedó relegada a justificar las relaciones sociales que había propiciado, y el mantenimiento de su aparato estatal, incluidos sus poderes judiciales, a la mera práctica del derecho, ya que no tenía otra clase a la que atacar por la supremacía, solo al proletariado al que subyugar. La obra fundamental de Pashukanis debería ser leída por quienes investigan los desarrollos jurídicos de la sociedad burguesa que aún hoy predominan. Es la respuesta del marxismo al «positivismo jurídico» burgués mediante la investigación de la relación jurídica fuera de los estrechos límites de la jurisprudencia, conectando la forma jurídica con la relación social, integrando el carácter histórico del derecho y vinculándolo con los elementos de la sociedad burguesa, en particular la producción de mercancías. De hecho, es esta conexión la que vincula estrechamente las relaciones jurídicas con la producción de mercancías, lo que eventualmente entraría en conflicto con la teoría de la contrarrevolución estalinista del Derecho «socialista» y «proletario», cuyo autor fue purgado en 1937. Si bien reconoce el carácter de clase del derecho, se opone a la afirmación de que el derecho como forma histórica dejará de existir, al igual que el Estado bajo la sociedad comunista, para la eliminación de la producción de mercancías, elimina la base social de la necesidad del valor basado en el intercambio y el marco jurídico necesario para asumir tales actividades económicas. Por lo tanto, el derecho «socialista» consideró mejor basarse en el positivismo jurídico de la burguesía, obtener un carácter “normativo” que sirva a la norma general de una sociedad productora de mercancías basada en el trabajo asalariado.

Derecho: Manifestación histórica de las relaciones sociales

El átomo de la forma jurídica comienza con el sujeto, una peculiaridad dentro de una sociedad productora de mercancías, como señala Pashukanis en La teoría general del derecho y el marxismo (1924).

Afirma que los idealistas “parten de alguna idea general y desarrollan el concepto del sujeto, es decir, de manera puramente especulativa, la jurisprudencia dogmática utiliza este concepto de manera formal. Para ello, el sujeto no es más que ’un medio para la calificación jurídica de los fenómenos desde la perspectiva de su idoneidad o inadecuación para la participación en relaciones jurídicas’”. En cambio, el materialismo plantea la cuestión de cómo el hombre se convierte en sujeto legal. La forma legal del sujeto está sujeta a las condiciones históricas. Por tanto, se comienza mirando las relaciones sociales que en nuestra era son la sociedad de los productores de mercancías, cuya manifestación externa es la mercancía, un objeto que, además de su utilidad, lleva consigo el lenguaje del intercambio o simplemente el trabajo social de valor, encarnado.

En este mundo de productores de mercancías, el reconocimiento mutuo de los derechos de los propietarios privados se basa en las relaciones económicas entre mercancías, como encarnaciones del trabajo humano y a través de actos mutuos de intercambio entre equivalentes. Solo a través de relaciones de intercambio burgués generalizadas puede manifestarse el concepto de derechos generales. Antes de este desarrollo, en la economía feudal limitada y autocrática, con la producción de mercancías desempeñando un papel secundario en la producción, los derechos se limitaban al colectivo o a agrupaciones de hombres en asociación, como gremios, estamentos, ciudades, etc. Se manifestaban como privilegios conferidos dentro de esos colectivos y reconocidos en el individuo en la medida en que se extendía su actividad en las asociaciones. Es decir, el derecho medieval estaba limitado a los organismos sociales, no al individuo subjetivo. Solo cuando la producción de mercancías se generalizaba, se desarrollaba un mercado interno y cada productor individual participaba a través de esta relación económica de intercambio y donde el trabajo del hombre se elevaba a iguales en el sentido social general (es decir, el valor), los derechos podían extenderse más allá de los estrechos límites de los lazos económicos feudales.

El derecho, tal como se ejerce en nuestra sociedad moderna, autoridad jurídica del Estado y su clase dominante, genera las garantías de paz necesarias para el intercambio y las transacciones de la sociedad capitalista. Su carácter público le confiere una apariencia de justicia que, en realidad, no es sino el interés impersonal de la burguesía. Este carácter universal, que pretende presentar la justicia como equitativa e igualitaria para todos los ciudadanos, no es sino el reflejo jurídico de una sociedad de productores independientes que se relacionan entre sí como productores de mercancías. Así, el marco jurídico emana de estas condiciones objetivas que existen fuera de los límites legales del sistema judicial. Por consiguiente, no es contradictorio que la desigualdad económica exista fuera de la lógica jurídica, de modo que tanto el trabajador como el capitalista sean iguales ante la ley y tengan los mismos derechos. La relación social entre trabajo y capital nunca se cuestiona, sino que está garantizada por la jurisprudencia.

De hecho, el derecho o la jurisprudencia, al igual que el Estado, desaparecen bajo la negación de la relación trabajo-capital que es el comunismo. La base de su sustentación, la producción de mercancías, convierte la forma legal en una cáscara, tan pronto como la producción pasa a estar bajo el control de la humanidad y está orientada a satisfacer los deseos de la vida detrás de un plan colectivo. Esto se debe a que, al igual que el aparato estatal que se utiliza para ejercer el poder social de una clase sobre otra, se marchita bajo la dictadura proletaria una vez que la burguesía deja de existir como clase social, relegando sus deberes opresivos al basurero de la historia. El derecho en una forma similar desaparece a medida que las relaciones legales de los sujetos derivadas del valor de intercambio y los propietarios individuales son eliminados históricamente.

Para los trabajadores, cuya situación económica les privó de herramientas, tierras, materiales o medios de producción, no poseen nada más que su capacidad de trabajo o su fuerza de trabajo. Sus derechos son reconocidos como portadores de esta mercancía y, en el sentido jurídico burgués, es esta cualidad la que se reconoce. Pero la dominación de clase va más allá del ámbito oficial de la autoridad estatal, como señala Pashukanis. Incluye la “dependencia del gobierno de bancos y grupos capitalistas, la dependencia obrera de los empleadores y un personal del aparato estatal personalmente vinculado a la clase dominante” que escapan a la expresión legal en términos claros. Si a principios del siglo XX la expresión material del dominio de clase era multifacética, hoy ha adoptado formas grotescas con un aumento enormemente del enredo entre el sector financiero y el aparato estatal, corrupción abierta y financiación de partidos políticos (por ejemplo, AIPAC), integración de los sindicatos en el Estado para reconocimiento legal como garantías de la paz laboral. Bajo estas condiciones, las normas jurídicas a menudo entran en contradicción con la realidad social objetiva de la economía capitalista, de modo que a menudo la práctica del derecho está completamente desconectada de la realidad. Para investigar las actuales batallas judiciales en los tribunales supremos respecto a los ataques de la clase capitalista contra el trabajador inmigrante, no basta con limitarse a los foros judiciales que pretenden resolver las contradicciones de clase, sino que es necesario considerar la realidad económica que aqueja a Estados Unidos: la abundancia de mano de obra.

[Continuará]

Actualización sobre las campañas de deportación

Durante los últimos meses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su brazo interno de deportación, Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han causado bastante revuelo en la prensa burguesa, principalmente por el asesinato de más inmigrantes en su afán por disciplinar al proletariado y controlar el excedente de mano de obra.

Las recientes muertes de Lorenzo Salgado, un pequeño contratista de construcción, el 7 de julio, y de Joan Sebastián Guerrero, el 13 de julio, un repartidor, a manos de agentes federales en días consecutivos, muestran la reciente escalada de los esfuerzos migratorios dirigidos bajo los auspicios del ala conservadora de la burguesía. Estos acontecimientos se produjeron justo después del reciente aumento de las deportaciones a finales de junio, que resultó en 10.000 arrestos en un lapso de 5 días por solicitud de la administración Trump para aumentar los arrestos a 2.000 por día, el doble de la cuota del año pasado.

En lugar de las campañas de alto perfil que golpearon los centros urbanos durante el año anterior y hasta el comienzo del actual, la administración ha optado por campañas de perfil más bajo. A pesar de los clamores de la “izquierda”, que hizo declaraciones jactanciosas sobre el aparente éxito de la llamada “huelga general” que tuvo lugar en Minneapolis, el terror que enfrentan los trabajadores inmigrantes continúa en gran medida sin inhibiciones.

En el aspecto judicial de este desarrollo, la Corte Suprema votó 6 a 3 en contra del impulso de Trump de negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes, aunque mantuvo la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los cientos de miles de haitianos, sirios y otras nacionalidades. Esto se suma al fin del TPS para cientos de miles de venezolanos el año pasado y demuestra que el Estado continúa allanando el camino para la expulsión de más trabajadores inmigrantes. Es probable que esta tendencia continúe a medida que se establecen cada vez más obstáculos legales para acelerar las deportaciones; desde la eliminación de estatus protectores, audiencias de deportación masiva y jueces de deportación designados, que son síntomas de la necesidad del capital de agilizar el proceso con el que puede deshacerse de los trabajadores no necesarios a medida que la economía comienza su espiral descendente hacia otra crisis de sobreproducción.

Las muertes en los centros de detención de ICE siguen aumentando, alcanzando un total de 56 en junio; las condiciones dentro de estos campamentos están bien documentadas como deplorables, con inmigrantes detenidos privados incluso de las necesidades más básicas y atención médica, lo que resulta en muertes y daños permanentes a sus cuerpos, sin mencionar el abuso físico y sexual generalizado cometido contra los detenidos por los operadores penitenciarios. Además de esto, los inmigrantes detenidos se ven obligados a trabajar con salarios de esclavitud; en algunos casos, tan solo 1 dólar al día para obtener lo que necesitan en las tiendas, cuyos precios son exorbitantes.

Se han producido huelgas de hambre y laborales por parte de inmigrantes detenidos en centros de detención de Nueva Jersey, Washington y California. La instalación en Delaney, Nueva Jersey, fue el epicentro de una huelga de hambre y laboral de 300 personas que comenzó en mayo y duró hasta que, en junio, fue violentamente terminada por agentes federales y contratistas del Grupo GEO. La respuesta de los trabajadores y otros sectores, que protestaron y apoyaron la iniciativa, se topó con la habitual reacción represiva del Estado y sus fuerzas policiales. Asimismo, el aparato local del partido demócrata jugó el contrapunto al confrontar la situación con su proceso legal sin dientes, envolviendo efectivamente el evento en una cortina de humo político.

Lo que estamos presenciando aquí es el complejo entramado de entidades federales, locales y privadas que coordinan la infraestructura para detención y encarcelamiento de inmigrantes destinados a la deportación. Toma una forma grotesca a través de la relación entre el Estado y los contratistas privados que se benefician de este acuerdo a través de contratos multimillonarios basados en pagos garantizados por número de camas, trabajo de bajo salario y reducción de costos en materiales y personal para el mantenimiento. Es la lógica del capital en acción. Las empresas se benefician al proporcionar servicios penitenciarios al precio más bajo, algo que no es nuevo en los Estados Unidos.

Solo en 2025, los mayores contratistas de prisiones privadas como GEO Group y CoreCivic obtuvieron $2.1 mil millones y $600 millones de dólares, respectivamente. Esta industria, además de enriquecer a las empresas directamente involucradas, también sirve a los intereses del capitalismo estadounidense en su conjunto, que está lidiando con una recesión económica que lo ha obligado a disciplinar y controlar la oferta de los mercados salariales de baja “calificación”, es decir, la fuerza de trabajo que, debido a su lugar de origen, es más barata que la fuerza de trabajo nativa y que requiere menos capacitación para ser utilizada en el proceso de acumulación de capital. En resumen, el proletariado es atacado por las necesidades del capital y se encuentra por el momento indefenso a pesar del aparente apoyo de sus “aliados”.

Falsos “amigos”

La principal “oposición” presentada por la ideología burguesa al terror infligido a los trabajadores inmigrantes es, por supuesto, el partido Demócrata y su equipo de seguidores: los activistas y los partidos seudomarxistas, que propagan la idea de que el terror puede terminarse mediante una reforma migratoria o, según los elementos más radicales, que el aparato de control migratorio del Estado puede ser abolido mientras el Estado mismo se deja intacto.

Mientras que los demócratas se han movilizado bajo un enfoque más humano mostrando sus habituales lágrimas de cocodrilo y proponiendo restricciones al uso de la fuerza, la retirada de las máscaras de los agentes del ICE y la implementación de cámaras corporales. Algunos incluso han ido más lejos y han colocado carteles en estacionamientos públicos que prohíben a los agentes del ICE estacionarse. También han solicitado vías legales para ciertos sectores de inmigrantes, señalando su importancia para la economía. Su principal crítica se reduce a que la maquinaria estatal construida para la deportación forzosa, siempre una empresa violenta, sea puesta bajo control. Como poner un bozal y una correa a un lobo en lugar de sacrificarlo. Solo necesitamos mirar su historial, que hemos cubierto en detalle en números anteriores, para ver que los demócratas nunca han rehuido imponer el mismo terror contra la población inmigrante cuando las necesidades del capital lo requerían. Incluso cuando brindan algunos cuidados paliativos de vez en cuando a ciertos sectores de inmigrantes (DACA, TPS, etc.), no debemos confundir el asunto como un acto de caridad sino como una respuesta de una facción de la burguesía que encuentra más útil integrar a ciertos inmigrantes para el propósito de estabilizar las relaciones capitalistas. De hecho, si observamos el programa político de los demócratas en lo que respecta a la cuestión migratoria, pronto los encontraremos en buena compañía con sus camaradas del partido Republicano.

Durante la administración Biden, vimos a la ‘Nueva Coalición Demócrata’, que es la coalición demócrata más grande de la Cámara de Representantes, abogar por “una seguridad fronteriza más fuerte e inteligente y la modernización del sistema migratorio”. Para los demócratas, es cuestión de proteger la frontera de manera más eficiente con la última tecnología y el personal adecuado en los puntos de entrada. Al modernizar, se refieren a los canales legales que permiten a ciertos inmigrantes (ej. agricultura, educados) obtener algún nivel de protección y normalización, es decir, aquellos que ‘satisfacen las necesidades de las empresas estadounidenses’ para ‘satisfacer las demandas del mercado laboral, porque es bueno para los negocios y para los consumidores’. ¿No vemos aquí también el mismo objetivo de los republicanos al controlar la inmigración? Ambos intentan restringir la afluencia de trabajadores inmigrantes, uno ha adoptado un enfoque draconiano aumentando la intensidad y el número de expulsiones desde el interior, el otro ha optado por normalizar una vía para permitir la entrada de ciertos sectores siempre que sean necesarios en las industrias. A pesar de los enfoques y el terror desatado por la facción más reaccionaria, ambas direcciones de las alas burguesas sirven en última instancia a su amo: el capital.

Por otro lado, tenemos a los “izquierdistas”, que se agrupan en torno al lema ‘Abolir ICE’, es decir, desmantelar esta maquinaria estatal. A primera vista, este mensaje podría parecer merecedor de apoyo, parece hablar de las necesidades inmediatas del proletariado inmigrante, pero fracasa bajo el más básico de los escrutinios. ¿Qué implica abolir ICE para estos seudoradicales? ICE o el DHS es un cuerpo del Estado no diferente al ejército, la policía, las prisiones o sus tribunales. En resumen, forma parte de la compleja maquinaria del Estado que la burguesía estadounidense, por necesidad histórica, ha desarrollado. Para quienes se declaran herederos del marxismo, resulta extraño abolir parte del Estado y no todo su aparato, lo cual es una conclusión lógica e imposible de otra manera. Más precisamente, se trata de la lección histórica de la gran Comuna de París de 1871. Por lo tanto, desviar sigilosamente la misión histórica del Proletariado con sustitutos de segunda categoría es sustituir al Proletariado como sujeto histórico de la revolución por otros sujetos. Quiénes son estos sujetos lo veremos pronto.

Estos «izquierdistas» no se definen por lo que proclaman ser, sino por sus actividades, es decir, el objetivo de sus esfuerzos. El radicalismo de estos oportunistas implica su adhesión y santificación del régimen democrático y los métodos parlamentarios. En esencia, se aferra a la creencia en el Estado como un árbitro neutral de la sociedad. No es una simple coincidencia que no encontremos mejor entorno para estas ideas pútridas que los bastiones de la ideología burguesa, las universidades con sus estudiantes desclasados y la pequeña burguesía. Desde aquí podemos empezar a entender por qué ‘Destruir el Estado’ se transmuta en ‘Abolir ICE’. Para la pequeña burguesía, cuyas necesidades se alinean con el Proletariado en relación con la campaña migratoria en la medida en que busca establecer condiciones estables para su propia supervivencia. Es decir, un mercado estable y una fuerza de trabajo barata que las recientes campañas han puesto en peligro. Es su alianza interclasista la que en última instancia se prioriza sobre la independencia de la clase trabajadora, lo que guía su actividad y lo que sitúa a la pequeña burguesía al frente de sus movimientos, como podemos ver en su promoción de boicots económicos por parte de pequeñas empresas afectadas por la pérdida de mano de obra barata. No tememos señalar las limitaciones de esta alianza: la pequeña burguesía, sin un programa propio, vacilando entre la burguesía y el proletariado según las condiciones económicas dadas, es una clase condenada sin perspectiva política. Para ellos, su relación social con el proletariado no es diferente a la de la gran burguesía a pesar de sus tendencias monopolísticas, ya que ambas dependen de extraer plusvalía del proletariado. Incluso el pequeño tendero cuyo único empleado son ellos mismos, sufre un destino irónico al explotarse a sí mismos llevados al borde del fracaso económico porque ellos, que producen mercancías, se encuentran en mercados que imponen realidades económicas que empujan sus pequeños capitales a la aniquilación.

No sorprende que no veamos demandas de los trabajadores por salarios más altos y protección laboral, sino que prevalezcan los derechos laborales, que en la actualidad se reducen a los derechos del propietario de la fuerza de trabajo, pues estas demandas antagonizarían o alienarían a ciertos sectores de la pequeña burguesía. Su posición de clase como compradores de fuerza de trabajo exige que compren esta mercancía productora de plusvalía al precio más bajo posible, que la fuerza de trabajo inmigrante satisface. Los trabajadores no ganan nada sacrificando sus necesidades políticas a estas clases de propietarios, cuya patética apariencia en relación con las grandes empresas de capital monopolístico nunca apunta a su liberación sino a la servidumbre a sus propios capitales patéticos. Mientras que estos “partidos” hacen un reconocimiento de la boca para afuera de entender al Estado como una herramienta de la clase dominante, o parte de ella, funciona como una presa social para canalizar la frustración proletaria hacia el régimen democrático, que es pintado como la solución para la crisis que se avecina.

La época histórica

Retrocedamos brevemente sobre la historia de este aparato migratorio que nuestro partido ha emprendido. Para revelar a estos personajes históricos su impotencia para comprender la situación, cegados de antemano por sus prejuicios de clase. Cómo sus polos de resistencia no son más que un callejón sin salida para la defensa de los trabajadores inmigrantes y, por extensión, de todos los trabajadores. Por nuestra parte, no somos mejores que ellos porque también tenemos prejuicios, pero a favor de nuestra clase contra todas las demás.

La historia estadounidense, y en cierta medida la de cualquier nación que lidie con la importación de fuerza de trabajo, ha demostrado que una vez que un ciclo de producción capitalista decrece, su trato hacia estos sectores de trabajadores es similar a su trato con una sobreproducción de mercancías: su expulsión o destrucción. Podemos recordar otras expulsiones migratorias masivas episódicas: las campañas de repatriación de la década de 1930 durante la Gran Depresión, la Operación Wetback después de la Guerra de Corea, y ahora las campañas de ICE que comenzaron en 2008, alcanzaron su punto máximo en 2012 bajo la administración Obama y nuevamente están repuntando. Sin embargo, la burguesía estadounidense se ha visto en la necesidad de extender su control de la afluencia de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos más allá de sus fronteras nacionales. Iniciativas como Frontera del Sur en 2014, bajo la administración Obama, extendieron las operaciones migratorias hasta las fronteras de México y Guatemala, con la cooperación de la burguesía de esas naciones, para limitar el número sin precedentes de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Estos acontecimientos, junto con la reciente campaña de terror y el aumento de las deportaciones, junto con el desarrollo de infraestructura tanto interna como externamente en los EE. UU., no son más que el último capítulo de la crisis económica que azota a los Estados Unidos.

Esto se ha materializado a pesar del cambio de lideres y tácticas. Porque lo que tenemos frente a nosotros no son simplemente las maquinaciones de un solo hombre, por más que se nos presenten así, sino que son las necesidades del capital las que en última instancia se satisfacen controlando y gestionando las fuentes de mano de obra baratas. La “materia prima” para la acumulación de capital. Mientras la burguesía lidia con las contradicciones económicas, no serán los demócratas ni los otros partidos oportunistas que se aferran a sus pezones, sino los trabajadores quienes, en respuesta a los ataques del capital a las condiciones de vida, llegarán a confrontar todo el complejo de la reproducción capitalista. Ya vimos cómo los trabajadores inmigrantes han comenzado a movilizarse en la huelga de JBS a pesar de las limitaciones y el sabotaje de su sindicato. De hecho, ¡esto es lo que temen! La propagación de la militancia de clase que podría despertar al proletariado estadounidense. Y en esa lucha, será el mensaje y la guía de su partido el que plasme en lenguaje concreto sus demandas:
     ¡Salarios más altos y mejores condiciones de trabajo!
     ¡Jornada laboral más corta!
     ¡Huelga de clase!
     ¡Fin del trabajo asalariado!

La Fracción Comunista Abstencionista había comprendido perfectamente la naturaleza del sindicalismo revolucionario. En nuestra “Historia de la Izquierda Comunista” (1964) leemos: «Esto no era otra cosa que un nuevo tipo de gradualismo con poses revolucionarias, que tenía en común con sus acérrimos adversarios de la época (los reformistas) que convertía en gradual lo único que no puede ser gradual, el salto violento en la gestión del Estado, un arma que la humanidad, para deshacerse de ella, debía haber utilizado a la inversa. El mismo error subyace al gramscismo, que ve una serie pragmática en el control de los consejos obreros en las fábricas, en su gestión y en su sustitución progresiva del Estado capitalista, una concepción que llevó a sus seguidores a caer en el mismo error común a los dos contendientes de 1906, y, en última instancia, a formas indignamente inferiores a las de la derecha de la época».

En nuestra obra “Naturaleza, función y tácticas del Partido Revolucionario de la Clase Obrera” (1945) leemos: «No menos voluntarista (que la reformista), también debido a su declarada adhesión a filosofías burguesas más recientes, fue la escuela sindicalista, que en efecto hablaba de conflicto de clases abierto y del vaciamiento y abolición de ese mecanismo estatal burgués que los reformistas querían impregnar de socialismo, pero en realidad, al localizar la lucha y la transformación social en plantas de producción individuales, creía igualmente que los proletarios podrían posteriormente establecer muchas posiciones victoriosas en pequeñas islas del mundo capitalista a través de la lucha sindical. Una derivación del concepto sindicalista, en el que la unidad internacional e histórica del movimiento de clase y de la transformación social se fragmenta en muchas posiciones sucesivas tomadas en los elementos de la economía productiva, en nombre de un enfoque concreto y analítico de la acción, se encontró en la teoría de los consejos de fábrica típicos del movimiento italiano Ordine Nuovo».

El socialista y revolucionario Mussolini, quien como secretario del partido había tenido un desempeño notable en 1912 al expulsar a los reformistas de derecha y a los masones, se convirtió en intervencionista en octubre de 1914; al mes siguiente fue expulsado del partido. El 5 de octubre de 1914 se fundó el “Fascio Rivoluzione Internazionalesta” (Acción Internacionalista Fascista Revolucionaria) para apoyar la intervención en la guerra: su comité promotor incluía sindicalistas revolucionarios, nacionalistas e incluso un anarquista individualista. El 11 de diciembre, el Fascio se fusionó con el “Fasci Autonomi di azione Rivoluzione Rivoluzione” (Acción Revolucionaria Fascista Autónoma) fundado por Mussolini, dando origen al “Fasci di azione Rivoluzione Intervenzione” (Acción Revolucionaria Intervencionista). Con la guerra, estas asociaciones se disolvieron, habiendo logrado su objetivo. Muchos de sus miembros se unieron a los “Fasci Italiani di Combattimento” (Grupos de combate italianos).

El 1 de agosto de 1918, el periódico de Mussolini, “Il Popolo d’Italia”, cambió su subtítulo de “Periódico Socialista” a “Periódico de Combatientes y Productores”. La guerra, con sus comités de movilización industrial encomendados a los militares y la subordinación propagandística de intereses particulares al interés general, era para todos ellos un ejemplo de colaboración de clases dentro del marco corporativista.

La UIL: la unión nacional de productores

Sobre esta base, en junio de 1918, sindicalistas revolucionarios que habían abandonado la USI fundaron la UIL, la Unión Italiana del Trabajo. Dentro de ella coexistían dos tendencias: la de Edmondo Rossoni, defensor de un sindicalismo apolítico y no partidista, y la de Alceste De Ambris, quien creía que los sindicatos debían «desarrollar sus actividades dentro del Estado y, como parte de él, en coexistencia con otras instituciones». Predominó el «sindicalismo integral» de Rossoni, un concepto según el cual los sindicatos debían asumir gradualmente todas las funciones del Estado hasta sustituirlo.


El sindicalismo y el corporativismo fascista tuvieron su origen en la UIL, y en particular en las posturas de De Ambris. Participó en el desarrollo del programa de los “Fasci di Combattimento” en 1919, que definió como “el único movimiento político italiano que contrarresta de manera efectiva y enérgica la mezquina incompetencia de las clases dominantes y la demagogia socialneutralista”. Posteriormente, De Ambris colaboró ​​estrechamente con D’Annunzio en Fiume, donde redactó la Carta del Carnaro, inspirada en los principios del corporativismo. Tras la Marcha sobre Roma, se instaló en París, distanciándose del fascismo. Esto se debió también a la falta de apoyo de este último al movimiento de Fiume, que De Ambris consideraba un ejemplo de una especie de “república sindicalista” que debía exportarse a Italia. El principal impulsor del corporativismo fascista se convirtió así en un defensor del antifascismo.

La UIL proclamó su independencia de cualquier partido político y su objetivo era la transferencia gradual del control sobre la producción y distribución de la riqueza a la clase obrera organizada. Su órgano, titulado “L’Italia nostra”, tenía como lema “La patria no se niega, se conquista”. Su programa incluía la expropiación de tierras no cultivadas directamente por sus propietarios, el control de la producción y las ganancias (una eterna utopía burguesa) y la unidad sindical, que, según esta visión, no era más que un disfraz para la unidad política y patriótica.

En “L’Italia Nostra” del 23 de diciembre de 1918, leemos que el programa de la UIL abogaba por «la reorganización del sistema de producción sobre la base de asociaciones y la participación directa de todos los elementos del trabajo intelectual, técnico y manual: la tierra confiada para el cultivo a los agricultores asociados; la gestión de las industrias, el transporte y los servicios públicos a los sindicatos de técnicos y obreros».

En “L’Idea Nazionale” del 6 de julio de 1918, el nacionalista Corradini habló de «un nuevo régimen en el que la lucha de clases es una lucha justa entre adversarios leales, que ya no busca la destrucción socialista mutua, sino que apunta conscientemente a un impulso mutuo hacia una producción cada vez mayor. El sindicato es la institución del nuevo régimen. El sindicato, un organismo homogéneo, sustituirá la distinción inorgánica y confusa entre clases (...) Esto es importante en la historia de estos días: los sindicatos y los sindicalistas han demostrado que reconocen el principio nacional».

En “Battaglie dell’Unione Italiana del Lavoro” del 31 de mayo de 1919, De Ambris escribió: «La expropiación de la fábrica solo podría hacerse en beneficio del Estado, que entonces tendría que gestionarla directamente o confiarla a las organizaciones obreras. Pero conocemos muy bien (...) el alcance de la incapacidad del Estado para gestionar las industrias. La gestión directa por parte del Estado significaría rápidamente la desorganización de la industria y la bancarrota nacional, con la perspectiva de una pobreza extrema para todos. A su vez, las organizaciones obreras aún están lejos de tener la capacidad técnica y la conciencia moral que garantizarían una gestión más productiva de la fábrica que la gestión privada. Entonces, ¿debemos resignarnos a dejar las cosas como están, otorgando a los industriales un privilegio especial? No (...) En lugar de expropiar el capital industrial, tendremos que expropiar las ganancias. Y en lugar de eliminar al industrial (...) la fuerza laboral y el Estado deberían asociarse con él, para no obstaculizar su actividad, al tiempo que la someten al control de los intereses de la clase trabajadora y de la Nación (...) Con este sistema, la industria conservará toda su capacidad de desarrollo y productividad (...) los trabajadores podrán aprender los secretos técnicos y administrativos de la fábrica, preparándolos así para la gestión directa de la misma, y ​​el Estado y las autoridades locales tendrán garantizados unos ingresos sólidos sin tener que recurrir a medios fiscales opresivos y burocráticos».

El consejismo ordinovista tiene una deuda evidente con respecto a estas posiciones. En la revista de la UIL “Il Rinnovamento” del 15 de marzo de 1919, el sindicalista revolucionario Sergio Panunzio escribió sobre «unir a obreros e ingenieros, agricultores y agrónomos, en resumen, músculo e intelecto, en un mismo vínculo sindical».

Incluso los reformistas veían con buenos ojos el corporativismo, ya que inspiraba la colaboración entre las clases. Filippo Turati, escribiendo en “L’Italia Nostra” el 17 de agosto de 1918, también en nombre de Rinaldo Rigola, habló de la «importancia cada vez mayor que asumían (...) los órganos y consejos técnicos y consultivos (en este caso, la proyectada Comisión para los Problemas de la Posguerra), en comparación con los parlamentos genéricamente políticos, que −dada la progresiva tecnificación de la administración y la vida− eran cada vez menos aptos para legislar de manera concreta, consciente y por iniciativa propia, y para controlar verdaderamente la economía nacional, cada vez más compleja».

En otras palabras, los reformistas, al igual que el resto de la burguesía, comprendieron que el Parlamento y la democracia ya no bastaban para la defensa y el ataque de su clase contra el proletariado. Las palabras de D’Aragona también son ejemplares en cuanto a la colaboración de clases, cuando, el 25 de julio de 1923, él y otros representantes de la CGL se reunieron con Mussolini y propusieron trabajar juntos «por la prosperidad cada vez mayor de la nación de la que todos nosotros −socialistas y fascistas, rojos y blancos− somos una expresión viva y vibrante».

Además, los reformistas consideraban la creación de un sindicato único y legalmente reconocido como un importante avance. En la revista “Problemi del Lavoro”, fundada tras la disolución de la CGL en enero de 1927, Rigola escribió: «El proletariado ha sido derrotado, pero no despojado. Nada ha cambiado en materia de política social y derechos de los trabajadores, y de hecho la Carta del Trabajo −a pesar de contener algunas disposiciones menos aceptables− fue un paso audaz en el camino de la reforma, ya que sirve para integrar y generalizar aquellos logros de clase que, ante la indiferencia del Estado, el sindicalismo libre no pudo conseguir salvo para un número limitado de trabajadores». El reformista y líder sindical Rigola admite la continuidad entre el sindicalismo reformista y el fascista.

El texto de Furiozzi sobre el sindicalismo revolucionario italiano, citado anteriormente, afirma que la UIL «intervino entonces con el peso de su propia organización en la agitación que culminó en la ocupación de las fábricas. La resolución aprobada en el Cuarto Congreso (Parma, 23-25 ​​de septiembre de 1921) fue importante. En cuanto a las relaciones internacionales, confirmó su no adhesión a ninguna de las diversas Internacionales existentes, al considerar que estas «se sometían a los egoísmos nacionales capitalistas» o «defendían e implementaban aplicaciones sectarias de principios y sistemas basados ​​en ideologías inaceptables para el sindicalismo obrero». En cuanto a las directrices de la organización, confirmó que estas debían tener como objetivo lograr: la autonomía absoluta de la clase obrera frente a cualquier partido o ideología; la acción directa de la clase productiva frente a las autoridades públicas; la representación de las categorías económicas en los órganos electos; la autonomía municipal absoluta; la autonomía política y administrativa de la región; y la eliminación progresiva de las funciones del Estado centralista».

A pesar de las características de la organización, entre sus miembros proletarios afloraban atisbos de posturas de clase, aunque inmersos en una enorme confusión. En la obra “En los orígenes del corporativismo fascista” del historiador Matteo Pasetti, leemos: «Ya a mediados de 1919, prevalecía entre los dirigentes sindicales de la UIL un discurso (...) impregnado de un lenguaje muy alejado de la retórica nacional-patriótica del período de guerra, puesto que los preceptos anticlasistas y colaboracionistas del ’sindicalismo nacional’ nunca llegaron a ser familiares ni compartidos entre las clases trabajadoras. La base permanecía anclada a una lógica clasista de protección sindical, oponiéndose particularmente a aquellas propuestas que parecían inspiradas por influencias corporativistas, e influyendo, en última instancia, en la propia dirección del movimiento».

Estas palabras confirman aún más la veracidad de nuestra consigna de un frente sindical unido. La Alianza Obrera entre la CGL, la SFI, la USI y la UIL fue propuesta por el Partido Comunista. Sabíamos que los dirigentes sindicales harían todo lo posible por sabotearla; pero el hecho de que la aceptaran, bajo la presión de sus afiliados, significó que era posible unir a todos los proletarios en una línea de clase. Esto los conduciría al enfrentamiento final con la burguesía, fascista o no, bajo el liderazgo del único partido que representaba sus intereses históricos e inmediatos: el Partido Comunista. Incluso la UIL, un sindicato similar al fascista, aunque no estatal, pasó a formar parte de la Alianza Obrera.

En noviembre de 1920, se produjo una escisión en el seno de la UIL que condujo a la fundación de la Confederación Italiana de Sindicatos Económicos, liderada por Rossoni, antiguo primer secretario de la UIL, siempre en nombre del carácter apolítico y no partidista del sindicato.

Mussolini, quien inicialmente había visto con buenos ojos la UIL de De Ambris, ahora creía que el carácter “apolítico” de los sindicatos era más útil, e intentó separarlos de sus respectivos partidos y convertirlos en su propio instrumento. Sabemos que esto no se concretó, y el fascismo creó sus propios sindicatos, destituyendo a los líderes de la CGL, quienes hasta el último momento habían intentado ganarse la confianza de los nuevos gobernantes. La Confederación de Sindicatos Económicos de Rossoni cambió su nombre a Confederación Nacional de Corporaciones Sindicales en enero de 1922: el nacimiento oficial de los sindicatos fascistas.

A Rossoni le resultó más conveniente abandonar sus ideas de “autonomía sindical” en favor del corporativismo fascista.

Ya el 10 de enero de 1922, en el congreso provincial de los Fasci en Milán, el secretario político Guido Ciarroca declaró: «Finalmente, tuvimos que decidir adoptar una identidad clara en cuanto a las organizaciones obreras y agrícolas. Era necesario crear sindicatos fascistas, puesto que las organizaciones apolíticas son una farsa. Naturalmente, incluso aquellos trabajadores que no sean miembros de la organización política deberían poder participar en los sindicatos fascistas; pero los sindicatos deben seguir las directrices y la disciplina fascistas, también porque no queremos involucrarnos en la lucha de clases, y debemos organizar a los empresarios en consecuencia».

Hacia 1920, la UIL también se unió al bando antifascista, tras ser abandonada por Mussolini en nombre de los sindicatos económicos y después del fin de la campaña de D’Annunzio en Fiume, a la que habían apoyado con entusiasmo. Los historiadores burgueses han tenido dificultades para definir los acontecimientos de Fiume y la “Regencia de Carnaro”, contrastando “aspectos de izquierda” con “aspectos de derecha”. En Fiume, a D’Annunzio se unieron nacionalistas, sindicalistas revolucionarios, anarquistas e incluso algunos “admiradores” genéricos de la revolución bolchevique. Nada sorprendente. Es característico de las clases medias oscilar entre la burguesía y el proletariado, para luego aliarse con el vencedor. Cuando la revolución proletaria parecía posible, la pequeña burguesía estaba dispuesta a unirse a ella. Cuando se dio cuenta de que el proletariado en Italia sería derrotado, se puso bajo la protección de la gran burguesía.

La Unión Socialista Italiana

En mayo de 1918, un grupo de sindicalistas revolucionarios, reformistas y grupos socialistas escindidos del PSI fundó la Unión Socialista Italiana. Su denominador común era el nacionalismo. Su líder era Alceste De Ambris.

En el texto citado anteriormente, Furiozzi escribe: «La Unión se presentó a las elecciones de 1919 oponiéndose al gobierno y con un programa de reformas radicales: socialización de tierras no cultivadas, vivienda y numerosas industrias; nacionalización de los servicios públicos; integración de la representación política con la de las artes, los oficios y las profesiones; y transformación institucional. Obtuvo doce diputados, entre ellos Arturo Labriola, quien se había unido en octubre de 1919, viendo en ella, según dijo, “un partido socialista que concibe los problemas del proletariado en su interdependencia con las cuestiones nacionales”. Sumida rápidamente en una crisis debido a profundos desacuerdos entre el partido y el grupo parlamentario, la Unión Socialista Italiana celebró su último congreso en septiembre de 1920».

(Continúa en el próximo número)

Venezuela
Unidad de toda la clase trabajadora por aumento salarial
Unamos todas las luchas de trabajadores activos, jubilados, pensionados y desempleados en una Huelga General para derrotar la política explotadora del gobierno burgués

Este año, con la experiencia del primero de mayo, se han vuelto a confirmar un conjunto de realidades que tiene que afrontar el movimiento obrero en sus luchas reivindicativas:

- La traición de la dirección sindical abarca no solo a la dirigencia del chavismo y sus partidos aliados, sino al llamado “sindicalismo autónomo” que hace oposición al gobierno. Ambas camarillas de sindicaleros le piden a los trabajadores que se crucen de brazos, que no luchen y esperen las elecciones presidenciales y un cambio de gobierno, un cambio de un verdugo burgués por otro.

- Se mantiene la política del gobierno burgués de los chavistas, de anulación de los salarios y su transformación en bonos que no tienen incidencia en prestaciones sociales, y la paralización e incumplimiento de los contratos, todos ya vencidos. Los anuncios del primero de mayo hicieron visible el frente unitario asumido por el gobierno, los empresarios y las centrales sindicales para negar los aumentos de salarios. EL FRENTE TRIPARTITO BURGUES SE OPONDRÁ A TODA EXIGENCIA DE AUMENTO SALARIAL.

- Los trabajadores no pueden abrigar ilusiones y esperanzas en que un nuevo gobierno burgués (de izquierda o de derecha), atenderá las exigencias de los trabajadores. Cualquiera de los gobiernos (los anteriores, el actual y los próximos), son administradores de los intereses y la dictadura de clase de la burguesía. 

Estas enseñanzas del primero de mayo quedan confirmadas en la reunión de las direcciones sindicales del autoproclamado “sindicalismo autónomo”, agrupado en el Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores LUCHA (CNCTL), el 17 de agosto, donde todos los asistentes coincidieron en su vieja práctica de promover una política burguesa e interclasista que frena la lucha obrera, dejando claras tres desviaciones fundamentales: en primer lugar, al agitar la consigna “Salario, Democracia y Libertad”, que desvía al proletariado hacia la ilusión reformista de defender la democracia parlamentaria y la Constitución, ocultando que el Estado democrático-burgués es solo otra forma de la dictadura del capital; en segundo lugar, al convocar a un “Programa de Reconstrucción del País”, impulsando la colaboración de clases para reactivar la tasa de ganancia patronal y la explotación asalariada a costa de mayores sufrimientos para los trabajadores; y, finalmente, al centrar su crítica en la pérdida de soberanía y en la denuncia de un “gobierno tutelado por EEUU”, inoculando el veneno del nacionalismo para encubrir que todo gobierno burgués sirve al capital, cerrando el paso a la única alternativa de clase: la independencia política, la unidad de acción por aumentos salariales y la preparación de la Huelga General Indefinida y sin servicios mínimos.

El descontento de los trabajadores no ha logrado encontrar por donde fluir porque todas las organizaciones económicas de los trabajadores se encuentran secuestradas por la reacción y el oportunismo y bloquean toda posibilidad de organización y movilización unitaria de la clase obrera. La apatía, la frustración, la decepción y el temor se conjugan entre la masa asalariada, que se encuentra cercada por la traición de las direcciones sindicales, la demagogia de los politiqueros, la propaganda patriótica, legalista y nacionalista y la represión del gobierno. Pero el descontento está allí, siempre presente, cayendo gota a gota… y el vaso se rebozará… la rabia se desbordará inevitablemente y encontrará un cauce, expulsando a los traidores en el movimiento sindical o incluso poniéndose al margen –e incluso en contra- de los sindicatos actuales y dando origen a nuevos organismos de lucha: verdaderos sindicatos de clase. Cada día el salario de miseria alcanza menos ante los precios crecientes de los alimentos y demás necesidades básicas insatisfechas; y luego se suma el drama del desempleo, el látigo de los largos apagones diarios, del agua potable insuficiente, de los hospitales colapsados y todo ese ambiente de pobreza y carencias en que está sumida la clase obrera, explotada por la burguesía, fielmente representada por el gobierno burgués de los chavistas, pero también por sus adversarios políticos en la oposición.

En ese contexto se agitan parte de las bases de los trabajadores de PDVSA y sus filiales y los trabajadores jubilados de PDVSA y PEQUIVEN.

Un sector con participación en la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), ha llamado a la movilización hacia Caracas, la capital venezolana, para el primero de octubre, fecha de vencimiento de la Convención Colectiva Petrolera. Los reclamos centrales planteados son: Por las 3 contrataciones colectivas vencidas, Por aumento general de sueldos y salarios igual al monto de la Canasta Básica, Por Servicio Médico, Comedores, suministro de equipos de seguridad industrial, Por el Fondo de Pensiones de los Jubilados, Por el reenganche de los trabajadores despedidos por razones políticas, Por la libertad de todos los trabajadores detenidos del PDVSA y del resto de las empresas públicas y privadas por razones políticas y otras reivindicaciones.

Actualmente el movimiento obrero es un terreno de disputa politiquera, electorera, entre las fracciones de la burguesía que se enfrentan por el control del gobierno. Y la pequeña burguesía también se suma a estas confrontaciones. Lo mismo pasa con el movimiento sindical, donde diferentes grupos asumen consignas reivindicativas aunque su objetivo real es buscar votos para los potenciales candidatos presidenciales. Hay algunos de estos politiqueros que no han disimulado mucho sus intenciones electoralistas y se han venido desgastando con rapidez ante las bases obreras y hay otros que han sido más cuidadosos y ocultan sus verdaderos intereses politiqueros detrás de sus llamados a la lucha reivindicativa; a todos se les caerá la careta más temprano que tarde y los trabajadores los reconocerán como traidores.

En el caso de los jubilados de PDVSA y PEQUIVEN, la organización que los representa (AJIP) publicó un comunicado rechazando los llamados a la movilización y la protesta a las puertas de PDVSA. Esto no es una sorpresa y ellos constantemente han mantenido un discurso patronal y conciliador, indicándoles a los jubilados que las acciones de calle significan una “patada a la mesa” en las negociaciones con PDVSA y APJ-PDV (ente que administra el Fondo de Pensiones de estos trabajadores). Pero la realidad es que el patrón (que se cogió los reales de los intereses del Fondo de Pensión) es quien le da a AJIP las indicaciones de lo que deben hacer y decir.

Efectivamente dentro de los jubilados hay muchos grupos. Y muchos de esos grupos tienen un enfoque tecnocrático y legalista, como si la lucha por el pago de los intereses del Fondo de Pensiones se tratara simplemente de una cuestión técnica. Y esa “fortaleza” técnica la exhiben para venderse como nuevos directivos o negociadores. Hay también algunos grupos que llaman a la lucha, aunque también tienen algo de desprestigio por algún “rabo de paja” en traiciones pasadas.

Y la masa de los jubilados petroleros, igual que la masa de los trabajadores activos, rumia su descontento desde una posición cómoda, esperando que el patrón les lance migajas mientas se sientan a chatear en celulares desde sus casas. Es un reflejo de la cultura de la “aristocracia obrera” petrolera que hoy sigue pesando en ese sector de los trabajadores, aunque hace años que sus condiciones socio-económicas se deterioraron significativamente.

Lo que pasa en AJIP pasa en cualquier sindicato o central sindical del país. AJIP no es una organización sindical como tal, pero la lucha de los trabajadores brota por cualquier grieta que se le presente. Por eso, aunque la razón de ser de AJIP es la gestión del Fondo de Pensiones, esta organización se ha convertido en el interlocutor de los jubilados con el patrón para canalizar solicitudes reivindicativas en materia de salud, bonos, etc.

Ahora bien, ni los sindicatos han sido proactivos en incorporar a los jubilados y pensionados (también a los desempleados) en su organización y lucha ni tampoco la dirigencia de los jubilados petroleros y petroquímicos se ha acercado a los sindicatos (o incluso a jubilados de otros sectores) para no limitar su lucha a sus exigencias específicas. Y particularmente en PDVSA y PEQUIVEN, aunque los ingresos y reivindicaciones de los trabajadores han mermado mucho, tienen en la cabeza las ínfulas e ilusiones democrático burguesas de la vieja aristocracia obrera petrolera, un estrato de trabajadores que en el pasado tuvo un nivel socio-económico superior al del resto de los trabajadores venezolanos y que los hace muy pasivos y apáticos (lo que no puede ser una justificación para no llamarlos una y otra vez a movilizarse). Estos trabajadores hoy, agobiados por la crisis y el deterioro de sus salarios y condiciones de vida, comienzan a dar muestras de ruptura con la pasividad que los ha caracterizado en el pasado. Dentro de esta masa de trabajadores ya el descontento no se limita a los trabajadores de la llamada “nómina menor”, los ubicados en los niveles más bajos de la escala salarial, sino a trabajadores de la llamada “nómina mayor” (la típica aristocracia obrera), cuyos ingresos han caído al piso.

Ahora que las camarillas gobernantes en Venezuela y EEUU hablan de renegociar la deuda y montan un gran negocio con esto, los jubilados, llenos de ilusiones, no se dan cuenta que la deuda del Fondo de Pensiones no la van a pagar, se la van a volver a robar o les van a entregar una mísera fracción del monto adeudado.

¿Qué hacer?

- Todo llamado a la movilización de los trabajadores, como la convocada para el primero de octubre desde la FUTPV, deben ser aprovechados por el movimiento sindical como oportunidades para impulsar la unidad de acción de los trabajadores por la exigencia de aumento salarial. No solo los trabajadores petroleros tienen contratos vencidos, o despidos injustificados o bajísimos salarios. No solo los trabajadores petroleros han sido sometidos a la represión. La lucha por aumento salarial es una lucha de toda la clase obrera.

- El movimiento obrero debe encontrar la manera de integrar a trabajadores activos, jubilados, pensionados y desempleados. En eso consiste la lucha de clase contra los capitalistas. No se puede seguir obviando a los desempleados, sabiendo que más de la mitad de la población económicamente activa no tiene empleo formal y estable. Debe exigirse el pago equivalente al monto de un salario completo para los trabajadores desempleados. Debe exigirse una reducción significativa de la duración de la jornada laboral que obligue a los capitalistas a ampliar sus nóminas de trabajadores.

- No limitar la agitación y la propaganda al llamado a la movilización y a tomar la calle. Esto es justo, pero es insuficiente. Se debe plantear como consigna central la unificación o convergencia de todas las luchas de los trabajadores (activos, jubilados y desempleados) en una Huelga General, indefinida y sin servicios mínimos. El llamado especifico a la huelga de los trabajadores, es también una forma de profundizar el contenido de clase de las luchas y de no dejarse confundir por los llamados a conformar movimientos interclasistas, donde las reivindicaciones obreras pasan a un plano secundario y se subordinan a reclamos reformistas, legalistas y democrático burgueses de la pequeña burguesía.

- Llamar a los jubilados a unir sus luchas con los trabajadores activos. No se trata solo de que los sindicatos incorporen dentro de sus pliegos reivindicativos las exigencias de los jubilados de PDVSA y PEQUIVEN y de los jubilados en general. Se trata también de que el movimiento de los jubilados asuma la consigna de la exigencia de un aumento significativo de los salarios; no solo de los salarios de los trabajadores de PDVSA, PEQUIVEN y sus filiales, sino de los trabajadores en general.

- Desenmascarar la posición conciliadora y traidora de los dirigentes de AJIP y su llamado a la desmovilización.

- Rechazar toda intención de convertir las luchas reivindicativas en trampolín para la participación electoral, indicando a los trabajadores que el gobierno actual es tan burgués como el próximo gobierno que se elija y que las exigencias reivindicativas no se pueden postergar a la espera de un cambio de gobierno.

- Excluir de las consignas todo llamado a la defensa de la constitución, la defensa de la patria y a la conformación de una alternativa electoral (incluso en la búsqueda de un fantaseoso “gobierno de los trabajadores y el pueblo”).

Indudablemente que en el ambiente político existe mucha confusión por una ofensiva reaccionaria en redes sociales. Así mismo, en la medida que tome fuerza un movimiento huelgario, los grupos pro-gobierno y pro-oposición se van a unir para apoyar la represión a los trabajadores. Los opositores van a pedir la libertad de sus presos, pero no les interesan los trabajadores. Y esta situación va a estar allí como una barrera de choque contra la lucha de clase. Pero la dirigencia sindical que asuma honestamente una posición de lucha consecuente, esta llamada, por lo menos a nivel de su propaganda, a lanzar la bengala indicándole a los trabajadores el curso a seguir: UNIDAD DE ACCIÓN DE LOS TRABAJADORES POR AUMENTO DE SALARIOS!, HACIA LA HUELGA GENERAL UNITARIA, INDEFINIDA Y SIN SERVICIOS MINIMOS!

Cuando algunos grupos políticos llaman a enfrentar la dictadura del chavismo, le hacen el juego al mensaje burgués de la lucha por la defensa de la democracia. Lo correcto es llamar a enfrentar al gobierno burgués del chavismo e indicando que todo nuevo gobierno (que no surja de una insurrección revolucionaria del proletariado), continuará administrando los intereses de la dictadura de clase de la burguesía. Incluso el chavismo en el gobierno ha venido aplicando (desde Chávez) prácticas características del fascismo y eso debe denunciarse, pero aclarando que la democracia es la otra cara de la moneda y que fascismo y democracia son ambas, formas de la dominación burguesa; que no hay que lanzarse en brazos de la democracia para salir del fascismo. Que se lucha no contra la dictadura de un gobernante, sino contra la dictadura de la burguesía, que está presente con el gobierno actual y con cualquiera de los gobiernos que puedan surgir de las próximas elecciones presidenciales.

Así mismo, en vez de hablar de “gobierno tutelado” el movimiento sindical clasista debe hablar del gobierno burgués como enemigo a enfrentar. Más allá de la subordinación del gobierno de los chavistas al gobierno de EEUU, todas sus acciones y políticas, las ejecutan sin ninguna presión real y simplemente actúan en función de los mismos intereses corporativos que se disputan el control del negocio del petróleo, el gas, el oro, etc. Todo gobierno burgués esta tutelado por la burguesía. Hablar de gobierno tutelado les da espacio a los demócratas (de derecha y de izquierda) que plantean la exigencia de la reaccionaria soberanía nacional (y popular).

El fuego de la lucha de clase del proletariado calienta el ambiente y busca brotar pese a que los oportunistas, los traidores y el Estado burgués le cierran los caminos para expresarse. Pero este control no será eterno. La lucha de clase se reanudará y se abrirá caminos, con verdaderos sindicatos de clase, con la huelga y la insurrección. En este camino la clase obrera requerirá de la dirección política del partido revolucionario, para no dejarse confundir por los cantos de sirena del oportunismo.

Luego de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica (AJIP), con la representación de PDVSA y de la Administradora del Fondo de Pensiones, el pasado lunes 7 de septiembre, queda claro que el único camino que le queda a los trabajadores jubilados de ese sector es sumarse a la lucha por aumento salarial de los trabajadores activos y a todos quienes se sumen al esfuerzo por unir las diferentes luchas de los trabajadores asalariados venezolanos y hacerlas confluir en una gran huelga general, indefinida y sin servicios mínimos.

En la reunión con la representación empresarial (y gubernamental) de PDVSA, la representación de AJIP no fue capaz de protestar el anuncio de 40 dólares mensuales de aumento en el pago de intereses adeudados del Fondo de Pensiones y apenas planteó una exigencia de un aumento de 60 dólares, que igual sería una burla. No se exigió el pago total de lo adeudado, no se solicitó el aumento del monto de las jubilaciones como tal que, igual que los salarios de los trabajadores activos, no alcanzan para nada. De manera que los Directivos de AJIP, ni se pararon de la mesa de reunión, ni han llamado a los agremiados a la lucha, ante la negación de PDVSA a pagar lo que debe. La Directiva de AJIP se mantiene complaciente con el patrón y llama a los jubilados agremiados a conformarse con migajas y a no movilizarse ni protestar.

Los trabajadores jubilados de PDVSA y PEQUIVEN deben:
Convocar un Consejo General de Delegados de AJIP, con participación de todos los delegados y voceros electos, más 3 a 5 delegados adicionales por seccional que se designen en asambleas locales. Puntos a tratar; 1) Balance del último año de exigencias de los jubilados, la respuesta de PDVSA y las conclusiones que se sacan del análisis de este período; 2) Plan de Agitación, Movilización y Propaganda planteando la exigencia del pago del Fondo de Pensiones y denunciando a PDVSA y al gobierno como ladrones y enemigos de los trabajadores; 3) Integración con las luchas de todos los asalariados y del resto de los jubilados del país, participación en la Marcha de Trabajadores Petroleros convocada para el 1° de Octubre; 4) Constitución de un Comité de Conflicto junto a los trabajadores activos, por aumento significativo de salarios y jubilaciones, Higiene y Seguridad en el trabajo, Servicio Médico Competente y Efectivo, Pago de Deuda del Fondo de Pensiones.

En los años 70, las fuertes crisis económicas y sociales de las décadas anteriores culminaron en la caída definitiva de la dinastía Pahlaví y la toma del poder por parte de los Ayatolás, un régimen no menos represivo que el monárquico.

La “Revolución Blanca” de la década anterior, con su plan de reformas orientadas a modernizar y occidentalizar el país, y el paso definitivo a una economía capitalista, fracasó en su objetivo generando rabia y descontento entre la pequeña burguesía comercial, los campesinos pobres, la naciente clase obrera industrial y el clero shiita, ligado a los intereses de la pequeña producción precapitalista y a los de la aristocracia feudal agraria.

La revolución del Shah había arrojado a la agricultura al infierno del mecanismo capitalista, arrastrando a los campesinos a la pobreza, tanto a aquellos que luchaban por subsistir en su propia parcela de tierra, endeudados, como a los transformados en peones asalariados. Muchos se habían visto obligados a buscar empleo en las grandes ciudades.

El Estado monárquico siguió siendo, con diferencia, el mayor inversor en la agricultura. A finales del 73, aprovechando que el precio del petróleo se había triplicado, se impusieron reformas sin importar sus efectos para la mayoría de la población. Aumentó el desempleo y se contrajo la producción con la desertificación de vastas zonas. Entre el 59 y el 72 se registró un aumento de la producción apenas superior al crecimiento demográfico, con una disminución de hasta el 40% en el sector lácteo. La “revolución” empujó al abandono de los recursos naturales de agua y pastos, a la importación de ganado vacuno en lugar de ovino, sustituyendo la gestión de pequeños rebaños nómadas por grandes importaciones de productos alimenticios, en beneficio de las multinacionales y en perjuicio de la deuda pública. El “paso al capitalismo” solo produjo enriquecimiento para una minoría y pobreza para las plebes de las ciudades industriales y del campo.

Mientras el maná petrolero continuó lloviendo, se mediaron las contradicciones entre los cada vez más ricos y los cada vez más hambrientos, a menudo con el instrumento represivo de la SAVAK, la policía secreta instituida en el 57. Pero con el avance de la crisis, también las clases medias urbanas se pusieron en marcha junto a los proletarios de las industrias. En apoyo del poder estatal solo quedaron las clases que de los ingresos del petróleo habían obtenido sus fortunas. Una reducida casta de leales a la familia imperial controlaba cada actividad industrial y agrícola. El ejército absorbía el 27% del presupuesto estatal, mientras que los propietarios terratenientes y la burguesía comercial juntos representaban el 20% de la población y consumían más del 60% del ingreso nacional.

El sector agrícola, a pesar de representar el 50% de la población iraní, en su mayoría analfabeta, contribuía en 1977 con menos del 10% al Producto Interior Bruto, siendo incapaz de satisfacer las necesidades internas del país.

De hecho, del 72 al 76, las importaciones pasaron de 3 a 18 mil millones (el 30% del PIB), destinadas a artículos de lujo, productos alimenticios y armamento, con el consiguiente aumento de la deuda. La inflación alcanzó el 30% en 1977.

La moderna burguesía industrial iraní resultaba demasiado débil, excluida de los ingresos del petróleo, ligada al saqueo del Shah y de las compañías extranjeras. La producción industrial registró un incremento del 16% anual del 71 al 73, con un pico del 22% del 74 al 75, que descendió al 17% en el 76-77, pero contribuía solo con el 18% al producto interior bruto. Los ocupados en el sector alcanzaban por aquel entonces los 2 millones, la mayoría en la construcción, mientras que las grandes empresas industriales empleaban a 450 mil obreros. Sin embargo, cerca del 60% de las actividades industriales se concentraban en el sector de los bienes no duraderos: textil, alimentario, etc.

El clero shiita se había visto fuertemente perjudicado por la fragmentación de sus propiedades feudales a lo largo de la “Revolución Blanca” de los años 60, mostrándose hostil a las nuevas y emergentes relaciones de propiedad burguesas. Su aversión a la monarquía no derivaba tanto del objetivo de occidentalizar y laicizar el país, sino de intereses de clase. El clero representaba a los sectores de la pequeña producción precapitalista y de la feudalidad agraria, totalmente opuestos al poder centralizador monárquico combinado con el cambiante escenario económico.

Relevante fue el papel de los comerciantes de los Bazares, estructura económica de la que dependía un millón de trabajadores del comercio al por menor y al por mayor. Los comerciantes se convirtieron en una clase estrechamente ligada al clero shiita, una convergencia de intereses bazar-mezquita donde los comerciantes pagaban el diezmo (zakat) al clero en lugar de al Estado; una red financiera paralela que prestará un apoyo relevante a la revuelta contra el Shah. Organizó cierres nacionales y huelgas, proporcionando conexiones, comida y refugio a los manifestantes contra la persecución de la SAVAK. Las mezquitas se convirtieron en el centro directivo e ideológico de los centros urbanos. Salvo por la organización de huelgas de los obreros del sector petrolero, que mantuvieron una cierta autonomía organizativa durante un brevísimo momento, incluso tras la caída de la monarquía.

Las clases medias comerciales, vinculadas aún a formas precapitalistas pero insertadas en el mercado, los campesinos empobrecidos por la reforma agraria orientada a la liberación de fuerza de trabajo para una industria todavía atrasada, y el subproletariado lanzado a los centros urbanos, se unieron al descontento de los sectores burgueses, estrangulados por el todopoder de las multinacionales y por la falta de infraestructuras que el Shah centralizador no lograba construir.

El Shah, gendarme de Oriente Medio, mantenía la represión interna en tutela de los intereses occidentales, manteniendo a raya las injerencias chinas y rusas. Pero el avance de la crisis y de las protestas, y la incapacidad de resolver las contradicciones económicas, pusieron de nuevo en cuestión el apoyo de los amos americanos. Escribió Le Monde en agosto del 78: «EE. UU. ha invertido demasiado en Teherán desde hace 25 años como para permitirse seguir apostando por el perdedor». No era la primera vez que EE. UU. apuñalaba por la espalda a uno de sus aliados para cambiar de caballo y salvar sus intereses.

Mientras en un clima cada vez más tenso y represivo los muertos alcanzaban varios miles, el ejército colapsó con deserciones masivas y amotinamientos; los soldados ajusticiaban a los oficiales y se unían a la revuelta.

El 4 de enero del 79, un gobierno civil de compromiso, liderado por el liberal Shapour Bakhtiar, intentó frenar la revuelta y encauzar el país hacia una democracia liberal. Pero Khomeini nombró su propio gobierno provisional encabezado por Mehdi Bazargan. Tanto el clero como las componentes laicas de la “revolución” tranquilizaron de inmediato a los estadounidenses sobre la contención de la lucha armada y de las huelgas. El nuevo gobierno de Bazargan tramó de inmediato la traición hacia aquellos que habían soportado el peso de meses de lucha: la pequeña burguesía y las clases obrera y campesina.

Escribimos en el n.º 55 de nuestra prensa en italiano de 1979: «la ausencia de una organización de clase ha impedido que, sobre la defensa de los intereses de la clase obrera, esta lograse vincular a los campesinos pobres y al subproletariado urbano, arrastrando tras de sí a la pequeña burguesía, sobre un programa no genéricamente democrático o, peor burla, islámico, término que solo esconde la dictadura de la burguesía por parte de la iglesia».

Propiedad y capital

Para retomar nuestro estudio de la economía marxista, presentamos un resumen de nuestro estudio de 1948, “Propiedad y capital”.

Las leyes de propiedad son expresiones de relaciones económicas y de producción subyacentes, no fuerzas independientes en sí mismas. Marx lo afirma en el prefacio de la “Crítica de la Economía Política”, donde identifica las “formas de producción” y las “relaciones de propiedad” como dos designaciones de la misma realidad. La institución de la propiedad no es ni natural ni eterna. Surgió históricamente cuando el crecimiento demográfico y el desarrollo de las técnicas de producción generaron escasez y conflictos por los recursos. Las comunidades primitivas gestionaban los recursos de forma comunal; la propiedad surgió solo cuando los bienes dejaron de estar disponibles libremente para todos.

La esclavitud, el feudalismo y la producción artesanal generaron estructuras de propiedad distintas, surgidas en diferentes momentos históricos. La propiedad de bienes muebles y esclavos precedió a la propiedad de la tierra. El capitalismo no es simplemente la última versión de un sistema de propiedad universal, sino un modo de apropiación históricamente específico. Los juristas definen la propiedad como el derecho a usar y disponer de algo de la manera más absoluta. En su lugar, proponemos una reformulación dialéctica: la propiedad es el poder de una persona o grupo para impedir que otra persona use algo. Esto fundamenta la propiedad en las relaciones de poder y la organización social, en lugar de en un derecho abstracto. Por lo tanto, la exigencia socialista de abolir la propiedad privada resulta incompleta si no se especifica en términos de las relaciones de producción propias del capitalismo, lo que requiere un análisis económico más que jurídico.

El auge del capitalismo supuso la destrucción de los derechos de propiedad que antes ostentaban los pequeños productores, no el establecimiento de otros nuevos. El proceso histórico de acumulación primitiva consistió en la expropiación sistemática de artesanos y campesinos de sus herramientas, materias primas y productos. Los trabajadores que antes poseían las herramientas y los frutos de su trabajo fueron despojados de ellos y reducidos a la mano de obra asalariada.

La propiedad legal de la fábrica o la maquinaria no es la característica definitoria del capitalismo. Lo que define al capitalismo no es quién posee legalmente las instalaciones físicas, sino tres condiciones: los trabajadores deben adquirir todas sus necesidades básicas en el mercado y no pueden proveerse directamente de ellas; los trabajadores no pueden poseer ni vender los productos de su trabajo; y los trabajadores reciben salarios inferiores al valor que aportan, destinándose el excedente a la acumulación de capital.

Fundamentalmente, la nueva forma de apropiación capitalista no es necesariamente individual ni personal. Incluso cuando la producción se organiza colectivamente, o cuando la propiedad legal pertenece a una empresa o entidad jurídica en lugar de a un individuo, la relación capitalista permanece intacta mientras el producto se extraiga de quienes lo produjeron. Esto distingue el análisis marxista del capitalismo de cualquier interpretación que lo identifique con la propiedad privada individual, ni tampoco de la idea de que la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción constituya una ruptura con el capitalismo.

La apropiación del producto completo por parte del capitalista es un hecho social, no meramente personal. La relación fundamental se establece entre la clase capitalista y la clase trabajadora. Según la ley marxista de acumulación, los capitalistas deben invertir una porción creciente de la plusvalía en nuevo capital, una dinámica que no puede reducirse al enriquecimiento o consumo individual.

El socialismo acepta y se basa en los avances productivos del capitalismo: la cooperación a gran escala, la división del trabajo y la mecanización. Cualquier propuesta para fragmentar estas fuerzas productivas concentradas mediante el retorno a los pequeños talleres o la producción individual es reaccionaria. La separación que el capitalismo impone a los trabajadores de sus herramientas y productos individuales es históricamente determinante. Pero lo que antes estaba a disposición del artesano libre y pasó al capitalista, pasará a su vez a la clase productora en su conjunto, en un sistema donde los medios y productos del trabajo están a disposición de la sociedad, en lugar de una clase.

La reivindicación socialista exige la abolición de tres formas: la propiedad privada de los productos; la economía monetaria y de mercado; y la organización de la producción en empresas competidoras.

Una economía socialista solo existe cuando la contabilidad corporativa, la contabilidad por partida doble, las ganancias y pérdidas monetarias y los balances empresariales dejan de existir. Esto se contrapone a una economía comunitaria que produce en función de las necesidades colectivas, sin una contabilidad interna de los valores de intercambio.

En el feudalismo, la tierra no era una mercancía; no podía comprarse ni venderse libremente, ni expropiarse por deudas. Históricamente, el capital se manifestaba como dinero, en forma de capital mercantil y capital usurario, en directa oposición a la propiedad feudal de la tierra.

La revolución burguesa abolió las restricciones feudales que impedían al capital adquirir tierras. La tierra se convirtió en una mercancía.

El alquiler de terrenos, los intereses sobre el dinero y las ganancias empresariales son tres formas a través de las cuales los capitalistas se apropian del trabajo no remunerado.

Un capitalista que no posee tierras, fábricas ni su propio dinero puede obtener enormes beneficios simplemente por ser propietario del negocio. Por lo tanto, el beneficio empresarial se identifica como la forma más moderna y virulenta de explotación capitalista, cuantitativamente dominante en comparación con las dos formas más antiguas. El capitalismo industrial no requiere la propiedad inmobiliaria, y confundir al dueño de la fábrica con el terrateniente, o atacar a uno mientras se ignora al otro, es una incomprensión de la estructura del dominio burgués.

La revolución burguesa revivió el principio del derecho romano, extendiendo la igualdad jurídica a todos los ciudadanos. Pero en la práctica, esto significó que solo aquellos con suficiente capital podían adquirir propiedades. El mismo sistema jurídico que en principio se aplica a todos los ciudadanos, en la práctica, solo se aplica a la clase propietaria.

La propiedad campesina de pequeñas parcelas es estructuralmente inestable bajo el capitalismo. Los pequeños propietarios carecen de capital, no pueden adoptar técnicas modernas y acumulan deudas hipotecarias. La tierra fragmentada tiende a reagruparse en grandes propiedades, volviendo a la misma distribución que la redistribución pretendía erradicar.

El valor del suelo urbano aumenta porque el capitalismo concentra grandes cantidades de trabajadores e instalaciones de producción en las ciudades. Este aumento de valor es un producto social, generado por la actividad urbana colectiva, no por la inversión de ningún propietario individual. El propietario de un solar no realiza ningún trabajo ni invierte capital en la producción, pero ve cómo el valor del terreno aumenta continuamente a medida que la ciudad crece a su alrededor.

El alquiler de una vivienda no constituye una relación capitalista en sentido estricto. En la producción capitalista, el empleador adquiere fuerza de trabajo, que se aplica a las materias primas para producir bienes; la diferencia entre el valor producido y el salario pagado constituye la plusvalía. En un contrato de alquiler, no se aplica fuerza de trabajo a las materias primas, no se producen bienes y no se extrae plusvalía.

La relación entre arrendador y arrendatario es un intercambio comercial entre iguales. El control de alquileres y los programas para convertir a los arrendatarios en arrendadores no son medidas socialistas. No afectan al modo de producción capitalista. Tal propuesta es reaccionaria dado el desarrollo de la industria a gran escala. La escasez de vivienda es una característica inherente al capitalismo. Toda solución burguesa al problema de la vivienda fracasa debido al antagonismo estructural entre la ciudad y el campo, que solo la abolición del modo de producción capitalista puede resolver.

En el derecho burgués, la propiedad mueble pertenece a quien la posee. En la producción capitalista, esto significa que el empresario posee y dispone de todos los productos que surgen de su empresa. El edificio de la fábrica, la maquinaria y el terreno donde se ubica la planta pueden o no ser propiedad legal del capitalista. Lo que define al capitalismo es el control sobre lo que se produce y su destino final.

Cuando los socialistas exigen la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, expresada como la abolición de la propiedad de fábricas y plantas, el verdadero contenido de esta demanda es la abolición del monopolio capitalista sobre los productos. Cualquier medida que limite los derechos de propiedad en el lugar de trabajo, la planta o la maquinaria, al tiempo que preserva el control de individuos, empresas o la clase capitalista sobre los productos y su distribución, no es socialismo. La nacionalización, la propiedad estatal de las empresas y la gestión cooperativa que opera dentro de una economía de mercado se ajustan a esta definición si los productos continúan circulando en el mercado como mercancías regidas por la contabilidad corporativa.

Acontecimientos recientes en Malí

El 25 de abril, JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel, lanzó sus ataques más coordinados e importantes en Malí desde al menos el 2012, en colaboración con el Frente de Liberación de Azawad (FLA), un grupo separatista tuareg (Pueblos del Sáhara y el Sahel). La ofensiva se extendió por todo el país: combatientes de JNIM y FLA capturaron Bourem y las capitales regionales de Gao y Kidal, en el norte de Malí, tomaron una base en Bourem y atraparon a Fuerzas Armadas de Malí (FAMa) y sus aliados rusos.

En el sur de Malí, combatientes del JNIM lanzaron ataques simultáneos de comandos, asesinando a varios altos funcionarios de la junta militar. Sus objetivos fueron el aeropuerto en las afueras de Bamako, así como la principal base militar y las casas de altos funcionarios en la vecina Kati. Estos ataques emplearon artefactos explosivos improvisados ​​(IED) en vehículos suicidas y drones armados, y atacantes disfrazados de soldados malienses. Los ataques tuvieron como objetivo al líder de la junta, Assimi Goïta, quien resultó gravemente herido, posiblemente de muerte, junto con el oficial de inteligencia Modibo Koné, y causaron la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara.

Tras el asalto inicial, los rebeldes consolidaron sus posiciones. El JNIM afirmó haber capturado la base de Hombori, en el centro de Malí, y tomado dos puestos de control cerca de Bamako, después de haber amenazado previamente con sitiar completamente la ciudad. Cuatro importantes campamentos militares en el norte del país están en manos de grupos armados, y las FAMa no ofrecieron resistencia. Poco después, combatientes armados tomaron el control de la ciudad de Tessalit; un video verificado por Reuters mostraba a combatientes recorriendo la ciudad en vehículos e izando la bandera del FLA.

La pérdida de Kidal tiene un peso particularmente significativo. Ante el cerco de la ciudad, el Cuerpo Africano -ahora bajo el Ministerio de Defensa ruso, en sustitución del Grupo Wagner- negoció un acuerdo de libre paso con los invasores para evacuar a su personal. Surgieron videos de combatientes tuareg provocando al convoy ruso que partía. La caída de Kidal revirtió la que había sido la victoria simbólica más importante de Rusia en Malí, lograda en 2023 cuando mercenarios rusos y las FAMa retomaron la ciudad tras casi una década de gobierno rebelde. El imperialismo ruso aún no ha logrado ningún éxito sustancial con su expansión hacia el Sahel; su compromiso parece insuficiente para abordar una crisis profundamente arraigada.

Sin embargo, los objetivos del JNIM no parecen abarcar la conquista total. Es probable que el JNIM busque involucrar a las nuevas autoridades de Bamako, sobre las que puede ejercer una fuerte influencia, en lugar de asumir el control directo de todo Malí. El grupo cuenta con aproximadamente 6.000 combatientes repartidos entre Burkina Faso y Malí, una cifra que palidece en comparación con grupos como HTS o los talibanes, que han derrocado gobiernos con éxito.

Otro peligro reside en el vacío de seguridad que se está generando en el norte. El control del JNIM y de la Provincia del Sahel del Estado Islámico (ISSP) sobre sus respectivas zonas en el norte de Malí aumenta el riesgo de una amenaza transnacional. La ISSP ya ha aprovechado esta situación al capturar una posición clave en la frontera entre Malí y Níger tras la retirada de las fuerzas de la FAMa y de Rusia.

Se prevé que la junta militar concentre sus fuerzas restantes en la defensa de Bamako y Gao, abandonando la periferia y dejando el norte de Malí, cada vez más bajo el control de la alianza JNIM-FLA. La supervivencia a largo plazo del régimen de la junta sigue siendo incierta.

FIN DEL INFORME DE LA REUNIÓN