En enero, la administración estadounidense, considerando a Cuba una amenaza para la seguridad nacional, endureció las restricciones y sanciones que han durado más de 60 años, intensificando la profunda crisis de una población que vive en un 95% por debajo del umbral de la pobreza, con un ingreso inferior a 1,90 dólares al día.

El embargo incluye una serie de restricciones económicas, comerciales y financieras, sanciones contra los proveedores de petróleo y bienes esenciales, la prohibición de importaciones y exportaciones a ciertos países y el bloqueo de las actividades bancarias y el acceso a los sistemas de pago internacionales, lo que dificulta enormemente el comercio.

El embargo, al reducir drásticamente el suministro de energía, ha provocado la parálisis del transporte, apagones generalizados, un fuerte descenso del turismo y escasez de medicamentos y equipos en hospitales, material escolar, así como alimentos, harina, arroz, leche, azúcar y carne, en un país que depende en gran medida de las importaciones.

Los principales socios comerciales siguen siendo Rusia, China, España, México y Venezuela.

Venezuela era particularmente importante para el suministro de petróleo, ya que durante décadas representó entre el 30% y el 35% de las necesidades de Cuba, porcentaje que se redujo drásticamente tras los nuevos acuerdos posteriores al breve ataque/farsa estadounidense a Caracas y la nueva política impuesta al régimen burgués venezolano.

Pero las sanciones y la retirada de sus principales socios no han hecho sino agravar una economía y un modo de vida en Cuba ya comprometidos por el capitalismo, aunque todavía hoy muchos oportunistas y nacionalistas de izquierda lo consideran un modelo “bueno y socialista”, opuesto al modelo de “libre mercado malo” de Estados Unidos.

La revolución cubana de 1959 allanó el camino para el desarrollo del capitalismo y una clase burguesa nacional, liberada de un sistema semicolonial atrasado. Se emancipó del imperialismo estadounidense, pero solo para caer bajo la influencia de su rival, el imperialismo ruso, del que emuló la ilusión de que un aparato estatal centralizado, expresión de la nueva clase burguesa local, podría controlar la economía de mercado. Los efectos de esa revolución burguesa son claramente visibles hoy, a pesar de la intervención estatal en la economía capitalista.

Cabe recordar que el régimen “socialista” cubano mantuvo estrechos lazos diplomáticos y comerciales con el régimen de Franco en España, lo que demuestra aún más que las ideologías no son más que una fachada al servicio de los intereses del capital. 

Así, se repite la misma vieja historia, presente en tantos conflictos entre Estados burgueses, tanto del pasado como del presente, que apoyan al Estado “atacado” contra el otro que se pretende condenar. Los análisis económicos y de clase se dejan completamente de lado para dar cabida a estados mentales irracionales que convergen hacia los dos enemigos mortales de la lucha de clases: el patriotismo y el interclasismo.

La propaganda de los diversos grupos de fans se esfuerza por demostrar qué clase dominante es menos parasitaria y antiproletaria que la otra. Nos interesa reafirmar quienes ignoran que en Cuba, como en todos los países hoy en día, impera el capitalismo, con sus categorías económicas: mercancías, dinero, esclavitud asalariada y, por consiguiente, desigualdades y clases sociales. Por lo tanto, existe una clase burguesa que explota a su propia clase trabajadora, apropiándose de la riqueza nacional.

En Cuba, en particular, el Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) es un holding que controla el 40% del PIB de la isla, administrado directamente por las Fuerzas Armadas Cubanas (FAR) y vinculado a la familia Castro. Mientras la mayoría de la población vive en la pobreza extrema, el grupo controla el sector turístico mediante la gestión de hoteles de lujo, aeropuertos, puertos, agencias de viajes y miles de tiendas. Gestiona las operaciones de importación y exportación controlando diversas rutas comerciales. Controla el flujo de divisas, incluyendo servicios a través de Western Union y Banco Financiero Internacional (BFI). Sus activos financieros, que suman decenas de miles de millones de dólares, se encuentran depositados en cuentas secretas y en el extranjero, utilizados para inversiones masivas en infraestructura y el sector privado, en detrimento de servicios sociales como la sanidad.

Varias empresas holding, vinculadas en mayor o menor medida al mayor conglomerado económico del país, son ejemplos de ellas: CIMEX SA, propietaria de una red de tiendas, gasolineras, empresas de importación y exportación, restaurantes y servicios financieros; ETECSA, monopolio de los servicios de telefonía e internet; Corp. Habanos SA, empresa conjunta entre el grupo estatal Cubatabaco y la tabacalera británica Imperial Tobacco; BioCubaFarma, que agrupa a empresas farmacéuticas; y Cubana de Aviación, la aerolínea nacional que controla los vuelos nacionales e internacionales. Estas son solo algunas de las más importantes.

Muchas de estas empresas operan a través de sociedades offshore registradas en el extranjero, a menudo en Panamá, para eludir las sanciones estadounidenses, lo que demuestra cómo el capital estatal se fusiona con el capital privado.

El proletariado cubano, cada vez más empobrecido y numeroso, aplastado por las luchas internas de la burguesía, dividido entre dos gobiernos bajo dos banderas nacionales que se disputan el control del comercio capitalista, no ganará nada aliándose con su propia clase dirigente explotadora. El proletariado no tiene nada que ganar defendiendo a los generales actuales en nombre del mito burgués anti-histórico de la “soberanía nacional”, ni derrocando la burocracia militar de la GAESA si esta es simplemente reemplazada por gestores privados con banderas estadounidenses. El hambre, los apagones y la pobreza no terminarán con un cambio de bandera o de administración de la empresa estatal.

Tomar partido por la potencia nacional o apoyar al explotador más débil, considerado erróneamente el “mal menor”, es una narrativa engañosa y errónea.

Para la clase trabajadora, el enemigo está dentro de sus propias fronteras: sus propios explotadores burgueses, ya sea en Cuba, Estados Unidos, China, Rusia o Europa. Su salvación y emancipación solo pueden lograrse mediante la lucha de clases y la organización para conseguir mejores condiciones de vida, mejores salarios, mejores horarios de trabajo, atención médica gratuita y eficiente, educación, derecho a la vivienda y, posteriormente, la unidad revolucionaria con los trabajadores de todo el mundo, incluidos los de los Estados “agresores”.

La brújula histórica es única, tanto en La Habana como en Nueva York: el rechazo a cualquier frente interclasista para la destrucción del sistema salarial y de la ley del valor.

La huelga nacional indefinida que hoy sacude a Bolivia no es un acontecimiento aislado ni un simple diferendo gremial por mejoras sectoriales; es una manifestación abierta de la agudización de las contradicciones de clase y de cómo la lucha de clases puede llegar a reanudarse, en un periodo de profunda crisis histórica del modo de producción capitalista. Desde la perspectiva del marxismo los acontecimientos en el altiplano andino ilustran de forma diáfana cómo las crisis de acumulación del capital se descargan de manera violenta sobre las espaldas del proletariado, a la vez que ponen de relieve el papel amortiguador y traidor de las direcciones sindicales reformistas y los partidos oportunistas.

Bolivia se encuentra en la encrucijada de una doble contradicción. Por un lado, la contradicción interna e insalvable entre el capital y el trabajo, agudizada por un severo plan de ajuste fiscal burgués. Por el otro, su condición de país subordinado proveedor de materias primas, lo que lo convierte en un campo de batalla en la actual disputa interimperialista global por el control de recursos energéticos y minerales estratégicos. Este informe analiza la huelga general en curso, desenmascarando el carácter de clase del Estado boliviano (como el de todos los Estados), los límites del sindicalismo colaboracionista y la urgente necesidad histórica del resurgimiento de la independencia política del proletariado a través de su partido de clase.

Por otro lado, la crisis económica -con sus expresiones sociales y políticas- que atraviesa la sociedad boliviana, no se deriva de la “mala gerencia”, de la corrupción de las camarillas políticas que han controlado el gobierno o del fracaso del demagógico “proceso de cambios” y su supuesta orientación “socialista”, pregonado por los oportunistas del MAS. Se trata de una crisis sistémica del capitalismo mundial en el cual está inserta Bolivia y que no podrá resolverse con reformas, con cambios de gobierno o con maniobras contingentes en materia fiscal y de reestructuración del Estado burgués. Y, por supuesto, ni los oportunistas del MAS (hoy fracturado por pugnas internas) ni los partidos de la derecha que hoy controlan al gobierno, podrán (ni querrán) conducir ningún cambio revolucionario, y solo asumirán los ajustes gatopardianos para que nada cambie y el capitalismo se mantenga de la única manera posible: profundizando la explotación del trabajo asalariado y proletarizando a sectores de la pequeña burguesía.

Al gobierno de turno le toca asumir los ajustes pendientes al capitalismo de Estado boliviano que, basándose en el control de la extracción y comercialización de materias primas presentes en su subsuelo, genera una renta que llega a la burguesía, a la pequeña burguesía y a las trasnacionales a través de concesiones, contratos, alianzas comerciales, pero también a través de redes de corrupción o de tratos preferenciales a las nóminas de directivos y gerentes y a la franja social de la llamada “aristocracia obrera” y también a través de diferentes programas populistas que aunque se presentan como medios para realizar “inclusión social”, realmente promueven el clientelismo, la desmovilización de los oprimidos y, en el camino, también generan beneficios a diferentes empresas vinculadas al poder burgués. Pero este modelo tiende recurrentemente a entrar en crisis cuando caen los precios internacionales de los comodities controlados por el Estado, cuando el peso de la deuda le quita oxígeno financiero y cuando el tamaño del Estado, su abultada nómina, sus numerosos ministerios, empresas e institutos adscritos y programas sociales (populismo / clientelismo) se hacen insostenibles y requieren ser reestructurados o simplemente eliminados a base de despidos, reestructuraciones, recortes presupuestarios y privatizaciones.

Se trata de un ciclo económico que conduce a la alternancia política de gobiernos de la izquierda oportunista, nacionalista y electorera, proclives a aumentar el tamaño del Estado, y los gobiernos de la llamada derecha que tienden a ser identificados en la propaganda de la “izquierda” como neoliberales y partidarios de la reducción del tamaño del Estado. Pero ambas corrientes solo asumen las variantes tácticas “anticrisis” de la burguesía y la historia, incluso reciente, demuestra que el crecimiento o el empequeñecimiento del tamaño del Estado ha sido asumido indistintamente por la izquierda y por la derecha burguesas. Eso es lo que hace coincidir, aunque traten de negarlo con sus discursos y su propaganda, las políticas de los gobiernos de derecha en Argentina y El Salvador con los de “izquierda” en Venezuela, Chile y Brasil, por ejemplo. Y esa es la situación que observamos en Bolivia, donde se adelanta un ajuste económico y una reestructuración del Estado que le tocó afrontar al gobierno de derecha de Paz, pero que muy bien tendría que asumir el MAS si le tocara controlar el gobierno. Y en ambos casos escogerán el camino de colocar todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores.

Antecedentes económicos, políticos y sociales

El estallido social de mayo de 2026 es el resultado directo del agotamiento del modelo de capitalismo de Estado que imperó bajo el reformismo burgués y de la posterior transición hacia un esquema de austeridad clásica. Tras la salida del gobierno de Luis Arce a finales de 2025, la asunción de Rodrigo Paz Pereira marcó un viraje explícito hacia la llamada “ortodoxia económica”, buscando corregir desajustes fiscales y facilitar a los capitalistas el manejo de la crisis, como siempre, aumentando la explotación de los trabajadores. La administración de Paz Pereira implementó de inmediato el Decreto Supremo 5516, un plan de ajuste fiscal draconiano orientado a “sincerar” la economía capitalista nacional mediante el reordenamiento de las finanzas y el recorte brutal del gasto estatal, reduciendo las nóminas del Estado entre un 25% y un 30%.

Aunque el nuevo gobierno burgués logró estabilizar temporalmente las variables macroeconómicas que interesan a los tecnócratas y a los prestamistas internacionales -elevando las Reservas Internacionales Netas (RIN) a 3.813 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 y conteniendo parcialmente el dólar paralelo-, la base material de la sociedad arrastra una herencia catastrófica. El año 2025 cerró con una inflación superior al 20%, un desabastecimiento histórico de combustibles líquidos y una pérdida masiva del poder adquisitivo de los salarios. La paciencia del proletariado y de las masas semiproletarizadas llegó a su límite, detonando las movilizaciones masivas que hoy configuran la geografía de la protesta en el país.

La huelga general indefinida comenzó a ejecutarse el 4 de mayo de 2026. Al momento de redactarse este informe, la huelga ya acumulaba 3 semanas de desarrollo continuo y con la posibilidad de proyectarse en el tiempo ante la intransigencia gubernamental y patronal.

El conflicto tiene un alcance nacional, pero su fuerza e intensidad son geográficamente dispares. El epicentro absoluto es el departamento de La Paz y la ciudad de El Alto (donde se concentran 50 de los 67 bloqueos rurales del país). Cochabamba actúa como el nudo crítico de parálisis en las rutas hacia el occidente (con puntos clave en Quillacollo y el puente Huayculi). En contraste, la región oriental de Santa Cruz exhibe una menor adhesión de clase al paro, aunque se encuentra económicamente asfixiada debido al aislamiento vial provocado por los cortes de ruta. La ciudad de La Paz se fue paralizando progresivamente por el cerco de los bloqueos, notándose la paralización del transporte, la suspensión de la recolección de basura (llenándose las calles de promontorios de desperdicios), la escases de alimento y destacando el alerta de los hospitales por la insuficiencia de insumos médicos; todo esto mientras llegan a la ciudad cada vez mayores contingentes de manifestantes luego de largas marchas desde otras regiones.

En cuanto al componente social de la participación, encontramos lo siguiente:

-  El Proletariado y Sectores Explotados: Convocados por la Central Obrera Boliviana (COB) tras un multitudinario cabildo en El Alto. Participan con alta combatividad el magisterio urbano (organizado en la Federación Departamental de Trabajadores del Magisterio Urbano), los obreros del volante (Federación de Chóferes de La Paz) y el proletariado minero de base. La Federación de Chóferes de La Paz no es una organización homogénea de clase; por el contrario, agrupa y amalgama en su seno tanto a dueños de unidades de transporte (pequeña burguesía) como a trabajadores asalariados o sobre-explotados (proletariado del volante)

-  Campesinado y Pequeña Burguesía Rural: Movilizados masivamente a través de los campesinos aimaras de 29 provincias, los Interculturistas (capa de pequeños y medianos productores agrícolas privados) y la Federación Departamental de Cooperativistas Mineras (Fedecomin). Se trata de sectores que no se identifican con la abolición de la explotación asalariada.

-  El Oportunismo Político: Fracciones políticas y sociales ligadas al “evismo” (afines a Evo Morales) que no representan una alternativa revolucionaria, sino que instrumentalizan y parasitan la rabia de las bases para presionar al Ejecutivo y reposicionarse en la disputa por el control de la administración del Estado burgués. Aunque no necesariamente la dirección de este movimiento está protagonizada por Evo Morales, para efectos prácticos se trata de corrientes políticas oportunistas afines, las que están conduciendo las movilizaciones y bloqueos y la exigencia de renuncia del presidente Paz.

-  El Estado Burgués y sus Administradores: Encabezados por el presidente Rodrigo Paz Pereira, respaldados por la maquinaria judicial y policial, y prestos a utilizar a las Fuerzas Militares en tareas de represión interna.

-  La Burguesía Nacional y Transnacional: Representada por el empresariado agropecuario, agroindustrial (particularmente el cruceño), exportador, turístico y avícola. Detrás de la escena, operan los grandes consorcios capitalistas e intereses imperialistas que codician el gas, los minerales y las reservas de litio del país.

La clase obrera y los sectores oprimidos que participan en las protestas recurren a sus métodos históricos de lucha, combinando la huelga en las minas y las escuelas con los bloqueos de carreteras masivos, registrando más de 67 puntos de interrupción del tránsito a nivel nacional. Esta estrategia ha provocado un cerco casi total a los principales centros urbanos del occidente, paralizando el transporte interdepartamental y deteniendo el flujo logístico de mercancías. La respuesta del Estado burgués se da mediante la criminalización judicial, catalogando la protesta de “ilegal” o “sediciosa”, combinada con el uso de la fuerza militar.

La respuesta del Estado capitalista boliviano ante el estallido obrero ha combinado el terror policial con el cerco legal. Al momento de la presente actualización, las fuerzas combinadas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Militares -movilizadas de manera excepcional en tareas de represión interna para desbloquear carreteras principales- han actuado con extrema violencia. Hasta el momento van al menos 4 decesos registrados indirectamente a causa del bloqueo logístico y retrasos en ambulancias, sumado a las víctimas directas por los recientes choques violentos de carretera. Decenas de trabajadores, manifestantes y comuneros lesionados por gases lacrimógenos, balines e impactos físicos en los enfrentamientos en las rutas del occidente. Decenas de huelguistas bajo procesos de criminalización judicial, imputados bajo las figuras de “sedición” o “huelga ilegal” por el aparato de justicia del régimen capitalista.

Situación de la economía del país y su impacto en los trabajadores

La economía boliviana se encuentra sumida en una crisis que se expresa en estancamiento con alta inflación, que es el reflejo local de la crisis general de sobreproducción del capital a nivel internacional. Tras ingresar en una llamada “recesión técnica” en el segundo semestre de 2025 (cerrando dicho año con un PIB de -0,5%), las proyecciones para 2026 apuntan a una contracción severa del -3,2% del PIB. Las actividades extractivas tradicionales (gas y minería), pilares de la captación de renta por parte del Estado, acumulan caídas drásticas debido al agotamiento de pozos y la falta de inversiones.

Este panorama macroeconómico se traduce en una agresión brutal contra las condiciones de vida y reproducción de la fuerza de trabajo. Tras cerrar el 2025 con un 20,2% de inflación, el costo de la canasta básica familiar continuó escalando en 2026. Alimentos esenciales (pan, carnes, verduras) sufren alzas agresivas por la escasez de divisas y problemas de importación. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira fijó el Salario Mínimo Nacional en 3.300 bolivianos (un incremento nominal del 20%) mediante el Programa PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad). El salario real se presenta pulverizado y se calcula una pérdida cercana al 60% del poder adquisitivo real acumulado en el último año. El incremento nominal es ficticio frente a la devaluación fáctica en los mercados.

Sin embargo, el mercado de trabajo está compuesto principalmente por trabajadores informales. El sector informal representa la gran mayoría de la fuerza de trabajo ocupada o subempleada del país. Este inmenso contingente abarca trabajadores por cuenta propia y jornaleros. Vive al día para subsistir. Constituyen el subproletariado urbano y aquellos trabajadores desposeídos de medios de producción que venden su fuerza de trabajo por el día a día. No explotan mano de obra ajena, carecen de capital y su única fuente de subsistencia es el trabajo vivo. Históricamente pertenecen a las filas de la clase explotada y sufren con crudeza los efectos directos de la inflación y el desabastecimiento provocado por las crisis de acumulación. Para este segmento de los trabajadores no se garantiza un salario mínimo ni otro tipo de reivindicaciones laborales.

Los Pequeños y Medianos Empresarios o Comerciantes (Pequeña Burguesía): Aunque operen en condiciones de informalidad legal, estos sujetos poseen pequeños medios de producción, mercancías o capital comercial. Su meta económica no es la mera supervivencia asalariada, sino la realización del beneficio mercantil y la acumulación privada. Con frecuencia explotan formal o informalmente a trabajadores familiares o asalariados precarizados. Su posición de clase los inclina políticamente hacia la reacción: rechazan las huelgas y los bloqueos obreros porque detienen la rotación de sus mercancías y amenazan su pequeña propiedad, exigiendo al Estado burgués orden, créditos, subsidios y paz social para continuar sus actividades comerciales.

Aunque el sector informal rechaza formalmente el paro por necesidad de subsistencia, se ve asfixiado por el desabastecimiento y la falta de transporte provocados por la huelga. Dentro de su enfoque policlasista la COB incorpora en sus exigencias las reivindicaciones con las que puede identificarse este sector de la pequeña burguesía.

Las condiciones y el medio ambiente de trabajo se han deteriorado al extremo. El incremento nominal del salario mínimo a 3.300 bolivianos es una burla frente al costo real de la vida, forzando a la clase trabajadora a prolongar sus jornadas laborales reales (pluriempleo, subempleo e informalidad) para compensar la pérdida del 60% de su poder de compra.

Reivindicaciones planteadas por los dirigentes de la huelga

El pliego de peticiones presentado por la burocracia de la COB aglutina más de 112 demandas de carácter laboral y político. El núcleo de los reclamos de las centrales sindicales se sintetiza en los siguientes puntos:

1.  Incremento Salarial Indexado: Exigencia de un aumento salarial real que se indexe directamente al costo actual de la canasta básica familiar, rechazando los topes oficiales y los aumentos cosméticos del Gobierno. Esta exigencia ha venido quedando opacada por reclamos de pequeños y medianos empresarios del transporte y el comercio, así como de campesinos e indígenas.

2.  Abrogación de Normas Antiobreras o que afectan al campesinado: Rechazo contundente a las medidas de descentralización educativa aplicadas contra el magisterio. Desprecio a las maniobras tibias del Ejecutivo (como la abrogación de la Ley 1720, que permitía convertir la pequeña propiedad agraria en un activo financiero reconocido por la banca), considerándolas insuficientes y exigiendo la destitución inmediata de los ministros responsables del ajuste fiscal.

3.  Abastecimiento y Calidad de Combustibles: Exigencia del sector transporte pesado y urbano de solucionar inmediatamente el desabastecimiento logístico y la pésima calidad de los carburantes distribuidos, que arruinan sus herramientas de trabajo. Reivindicación del pequeño y mediano empresariado del transporte.

Si bien se presentaron algunas demandas económicas de los trabajadores, que expresaban las necesidades inmediatas de la clase, la dirección de la COB le dio un carácter netamente policlasista, corporativo y reformista a su pliego de exigencias. No cuestionan la raíz de la explotación capitalista ni la propiedad privada de los medios de producción; limitan la lucha a un forcejeo distributivo dentro de los marcos de la legalidad burguesa.

Pero rápidamente el “evismo” impulsó en este movimiento la exigencia de la renuncia del Presidente Paz y la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas, pasando las demás reivindicaciones a un segundo plano. Esto colocó al movimiento en un plano insurreccional, pero no una insurrección contra el capitalismo, sino por su continuidad, bajo la figura de un cambio de gobierno, manteniendo la democracia burguesa. De esta manera, de fortalecerse la tendencia insurreccional en el movimiento, los desenlaces que se configuran a partir de esta situación son: a) el mantenimiento del gobierno actual, luego de una negociación con el movimiento huelgario, b) renuncia del presidente, designación de un gobierno de salvación nacional y convocatoria a elecciones anticipadas, c) golpe de Estado para detener al movimiento insurgente y blindar militarmente el ajuste fiscal en curso (Decreto 5516). Pero en todos estos posibles desenlaces la burguesía continuará en el poder, ya sea que gobierne apoyándose en los partidos de la derecha, o en los partidos de la izquierda oportunista como el MAS, la corriente “evista” y similares (“movimientos sociales” y la COB) o colocando el control del gobierno en manos de una Junta Militar.

El presidente Paz anunció el miércoles 20 de mayo una reestructuración de su gabinete de gobierno, asegurando que mejorará la comunicación con los diferentes sectores sociales. Así mismo el presidente rechazó a los manifestantes, que llamó vándalos, y cuestionó a factores políticos que no mencionó, pero con clara referencia a Evo Morales y sus seguidores, que tienen una “bandera ideológica” y que están vinculados al “narcotráfico y lo ilegal”. Ratificó su plan de ajuste macroeconómico, la reestructuración del Estado y el desmontaje de mecanismos de corrupción, según él, desarrollados durante los últimos 20 años de gobiernos del MAS, convocando a un “Consejo Económico y Social” en el que llamó a participar a las organizaciones sociales integradas al conflicto. Aun así, dada la continuidad de los bloqueos, el presidente solicitó la creación de un “corredor humanitario”, refiriéndose en la necesidad de dar acceso en El Alto y La Paz, a insumos médicos, alimentos y combustibles, con lo cual el gobierno reconoció indirectamente que no tiene el control de la situación. Y en todos sus anuncios ni siquiera mencionó el tema del salario.

Mientras el presidente del gobierno burgués ofrece un "Consejo Económico y Social" (una mesa de conciliación policlasista) se niega rotundamente a discutir el salario de la fuerza de trabajo asalariada porque su misión histórica actual es sostener la tasa de ganancia patronal mediante y la caída del salario real.

El 21 de mayo se concretó el acceso de una caravana de cisternas con combustible e insumos médicos, que accedieron a la Paz bajo control de las fuerzas policiales. Pero el gobierno sigue sin tener el control de la situación. El hecho de que el Gobierno tenga que recurrir a la aviación militarizada para transportar raciones insuficientes de pollo y cerdo, y dependa del auxilio logístico de gobiernos burgueses vecinos como Argentina y Chile, demuestra que el flujo ordinario de la circulación del capital está roto. El ingreso de cisternas con escolta armada no es una victoria del orden, sino una operación excepcional que ratifica que el territorio sigue cercado por las bases en lucha.

El movimiento huelgario, dominado por el interclasismo y el oportunismo se mantiene firme en su exigencia de renuncia del presidente Paz y por lo tanto rechaza dialogar con un “gobierno agonizante” y rechaza el llamado al Consejo Económico y Social, calificado como una maniobra del gobierno, al cual noi quieren reconocer ni dar oxígeno con su asistencia.

La reacción también se ha movilizado “en respaldo al gobierno y en defensa de la democracia”, en la capital. Mientras tanto los organismos internacionales se han pronunciado en respaldo al gobierno de Paz y lo mismo ha hecho el gobierno de EEUU que emitió un pronunciamiento de respaldo al gobierno actual de Bolivia.

Posiciones de los diferentes factores políticos, sindicales y empresariales

La huelga ha polarizado los campos de clase en el escenario nacional:

El Gobierno Burgués (Paz Pereira): Mantiene una posición inflexible en defensa de los decretos económicos de austeridad (Decreto Supremo 5516), argumentando que son necesarios para frenar la llamada “estanflación”. Acusa a la COB de promover una huelga “ilegal” y tacha a los bloqueadores de cometer actos de “sedición” al servicio de intereses oscuros.

El Empresariado (Monopolios y Terratenientes): Expresa un rechazo absoluto. Los sectores agropecuario, avícola, exportador y turístico denuncian pérdidas millonarias y exigen mano dura al Estado, alegando que el aislamiento de los centros productivos “destruye el empleo formal” (es decir, detiene la extracción de plusvalía).

La Oposición Burguesa Tradicional y Comités Cívicos: Figuras como Carlos Mesa denuncian que el país está “secuestrado por minorías violentas”. Por su parte, el Comité pro Santa Cruz utiliza una narrativa anticomunista y oportunista, acusando a Evo Morales de utilizar las protestas para gestar un “golpe de Estado”. Ambas facciones burguesas (gobierno y oposición) coinciden en la necesidad de aplastar la resistencia obrera.

Los Partidos Oportunistas (“Evismo”): Se montan sobre el conflicto legítimo de las bases para canalizar el descontento hacia salidas electorales o pugnas palaciegas de poder, traicionando el potencial revolucionario de la huelga para convertirlo en moneda de cambio de la política burguesa.

Los Organismos del Estado (Defensor del Pueblo): Operan como pacificadores y mediadores institucionales, buscando diluir el conflicto de clases en mesas de diálogo estériles. Alertan hipócritamente sobre el uso de las Fuerzas Militares mientras intentan salvar el orden constitucional burgués.

La traición histórica y el oportunismo de la COB

Para desentrañar la verdadera naturaleza de la Central Obrera Boliviana (COB) es indispensable analizar su comportamiento político en el tiempo, lo que evidencia su total sumisión al Estado burgués según la fracción que lo administre. Bajo los gobiernos reformistas de Evo Morales y Luis Arce, la burocracia sindical de la COB actuó como un apéndice descarado del poder ejecutivo, pacificando los conflictos, asimilando las estructuras corporativas y desactivando de raíz cualquier atisbo de independencia e iniciativa revolucionaria del proletariado. En esos periodos, las demandas obreras fueron sistemáticamente encajonadas y sacrificadas en aras de la estabilidad del “capitalismo de Estado” andino y el falso discurso del “proceso de cambio”.

Por el contrario, la actual agresividad y la convocatoria veloz a la huelga general indefinida frente al gobierno derechista de Rodrigo Paz no responden a un súbito despertar clasista de su dirección traidora, sino a su oportunismo político más abyecto. La cúpula de la COB se ha alineado orgánicamente con el bando burgués “evista” (afín a Evo Morales), el cual instrumentaliza y parasita la rabia legítima de las bases obreras.

No se busca destruir al Estado capitalista, sino desgastar al administrador actual (Paz Pereira) para forzar un reordenamiento y reposicionar a su fracción política aliada en la disputa por el control del aparato fiscal y gubernamental. Con esto, la dirección de la COB confirma su papel histórico contrarrevolucionario, transformando las reivindicaciones obreras contenidas en el pliego de peticiones interclasista en una mera moneda de cambio en las pugnas interburguesas. En el punto álgido del conflicto el presidente de la COB pasó a la clandestinidad.

Perspectivas del proletariado boliviano ante la ausencia de una dirección revolucionaria

El drama histórico de la clase obrera boliviana queda nuevamente en evidencia en esta huelga nacional indefinida. El proletariado minero, educativo y del transporte demuestra una gran disposición combativa, capaz de paralizar los ejes vitales del país, integrado con sectores indígenas, campesinos y de la pequeña burguesía descontenta. Sin embargo, la efectividad logística de los bloqueos contrasta con la debilidad política e ideológica de las organizaciones que agrupan a los asalariados. Esto se evidencia en como las reivindicaciones salariales y laborales han quedado opacadas por la exigencia de la renuncia del presidente y por la exigencia de reivindicaciones de los pequeños empresarios como el rechazo a los precios actuales de los combustibles.

Al carecer de una dirección revolucionaria con un programa claro de derrocamiento del capitalismo, las masas se encuentran atrapadas entre el martillo del ajuste fiscal gubernamental y el yunque del oportunismo reformista (“evismo” y la burocracia de la COB). A corto plazo, las perspectivas son sombrías: la huelga corre el riesgo de desgastarse, ser traicionada a cambio de migajas salariales nominales o ser utilizada para el retorno de fracciones burguesas populistas que continuarán con la agenda de sumisión al capital financiero.

La necesidad imperiosa de la reanudación de la lucha de clases

Como enseñaba Lenin en El imperialismo, fase superior del capitalismo, los monopolios y las potencias imperialistas (ya sean de bloque occidental o euroasiático) que se disputan el litio, el gas y los recursos de Bolivia jamás permitirán una emancipación real de las masas trabajadoras y su rompimiento con las vías reformistas, el policlasismo o del nacionalismo. El capitalismo en crisis no tiene concesiones duraderas que ofrecer. Por otro lado, el movimiento obrero debe entender que su principal enemigo -la burguesía- está dentro de las fronteras bolivianas y el llamado a enfrentar el enemigo externo (cualquiera de los imperialismos) termina siendo una distracción y desperdicio de energías impulsado por el discurso de ese “anti-imperialismo” burgués de la izquierda oportunista.

Para romper este círculo vicioso de explotación y traición sindical, se imponen las siguientes tareas históricas:

1. La Adhesión Militante al Partido Comunista Internacional: La huelga actual demuestra que la combatividad espontánea y la fuerza organizativa de la COB son insuficientes si falta el factor político subjetivo central: el partido de vanguardia de la clase obrera. Solo el partido comunista internacional, estrictamente anclado en la doctrina marxista de la revolución y la dictadura del proletariado, puede unificar las luchas dispersas de los mineros, maestros, choferes, subproletarios urbanos y los trabajadores asalariados en general y conducir estas fuerzas hacia el derrocamiento de la burguesía.

2. Continuidad, ampliación y profundización de la Huelga, eliminando los servicios mínimos e incorporando a trabajadores de sectores que todavía no se han incorporado. Rechazo a la participación en el Consejo Económico y Social convocado por el Presidente Paz. Pasar de una insurrección como expresión de la confrontación inter-burguesa a una insurrección proletaria. Ni “Gobierno de Salvación Nacional”, ni “elecciones anticipadas”, ni “Dictadura Militar”. Insurrección obrera por el derrocamiento de la burguesía y por la implantación de la Dictadura del Proletariado.

3. Ya sea que el curso político apunte hacia el mantenimiento del gobierno actual o que se produzca un cambio de gobierno burgués, el movimiento debe asumir de manera intransigente la exigencia del aumento general de los salarios, asegurándose de que éste aumento se aplique y beneficie incluso a los pensionados y a los trabajadores informales. La Huelga General no debe levantarse sin la conquista de aumento salarial como reivindicación principal a exigir al gobierno y los patronos.

4. La Ruptura con el Oportunismo: El proletariado boliviano debe romper los lazos que lo atan a las facciones burguesas de cualquier signo (pazistas o evistas) y barrer a la burocracia sindical colaboracionista que transforma el pliego de peticiones en un pliego de traición, interclasismo y confrontación interburguesa.

5. El Resurgimiento de Verdaderos Sindicatos de Clase: Es vital la reconstitución de los sindicatos que unan efectivamente a la clase obrera, sin las divisiones por nacionalidad u oficios y que asuman los métodos de lucha como la huelga, indefinida y sin servicios mínimos. Sindicatos que no centren su organización en los centros de trabajo sino en la organización local, regional y nacional a la que se integren trabajadores activos, pensionados y desempleados, practicando el debate en asamblea y la participación de base en diferentes comisiones requeridas para la lucha. Verdaderos órganos de defensa del salario y de resistencia contra el capital.

Solo la constitución del proletariado en partido político independiente permitirá transformar la actual resistencia defensiva contra la explotación capitalista y el ajuste fiscal en una ofensiva revolucionaria para la destrucción del Estado burgués, la expropiación de los monopolios transnacionales y nacionales, y la puesta en marcha de la transformación socialista.