En enero, la administración estadounidense, considerando a Cuba una amenaza para la seguridad nacional, endureció las restricciones y sanciones que han durado más de 60 años, intensificando la profunda crisis de una población que vive en un 95% por debajo del umbral de la pobreza, con un ingreso inferior a 1,90 dólares al día.

El embargo incluye una serie de restricciones económicas, comerciales y financieras, sanciones contra los proveedores de petróleo y bienes esenciales, la prohibición de importaciones y exportaciones a ciertos países y el bloqueo de las actividades bancarias y el acceso a los sistemas de pago internacionales, lo que dificulta enormemente el comercio.

El embargo, al reducir drásticamente el suministro de energía, ha provocado la parálisis del transporte, apagones generalizados, un fuerte descenso del turismo y escasez de medicamentos y equipos en hospitales, material escolar, así como alimentos, harina, arroz, leche, azúcar y carne, en un país que depende en gran medida de las importaciones.

Los principales socios comerciales siguen siendo Rusia, China, España, México y Venezuela.

Venezuela era particularmente importante para el suministro de petróleo, ya que durante décadas representó entre el 30% y el 35% de las necesidades de Cuba, porcentaje que se redujo drásticamente tras los nuevos acuerdos posteriores al breve ataque/farsa estadounidense a Caracas y la nueva política impuesta al régimen burgués venezolano.

Pero las sanciones y la retirada de sus principales socios no han hecho sino agravar una economía y un modo de vida en Cuba ya comprometidos por el capitalismo, aunque todavía hoy muchos oportunistas y nacionalistas de izquierda lo consideran un modelo “bueno y socialista”, opuesto al modelo de “libre mercado malo” de Estados Unidos.

La revolución cubana de 1959 allanó el camino para el desarrollo del capitalismo y una clase burguesa nacional, liberada de un sistema semicolonial atrasado. Se emancipó del imperialismo estadounidense, pero solo para caer bajo la influencia de su rival, el imperialismo ruso, del que emuló la ilusión de que un aparato estatal centralizado, expresión de la nueva clase burguesa local, podría controlar la economía de mercado. Los efectos de esa revolución burguesa son claramente visibles hoy, a pesar de la intervención estatal en la economía capitalista.

Cabe recordar que el régimen “socialista” cubano mantuvo estrechos lazos diplomáticos y comerciales con el régimen de Franco en España, lo que demuestra aún más que las ideologías no son más que una fachada al servicio de los intereses del capital. 

Así, se repite la misma vieja historia, presente en tantos conflictos entre Estados burgueses, tanto del pasado como del presente, que apoyan al Estado “atacado” contra el otro que se pretende condenar. Los análisis económicos y de clase se dejan completamente de lado para dar cabida a estados mentales irracionales que convergen hacia los dos enemigos mortales de la lucha de clases: el patriotismo y el interclasismo.

La propaganda de los diversos grupos de fans se esfuerza por demostrar qué clase dominante es menos parasitaria y antiproletaria que la otra. Nos interesa reafirmar quienes ignoran que en Cuba, como en todos los países hoy en día, impera el capitalismo, con sus categorías económicas: mercancías, dinero, esclavitud asalariada y, por consiguiente, desigualdades y clases sociales. Por lo tanto, existe una clase burguesa que explota a su propia clase trabajadora, apropiándose de la riqueza nacional.

En Cuba, en particular, el Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) es un holding que controla el 40% del PIB de la isla, administrado directamente por las Fuerzas Armadas Cubanas (FAR) y vinculado a la familia Castro. Mientras la mayoría de la población vive en la pobreza extrema, el grupo controla el sector turístico mediante la gestión de hoteles de lujo, aeropuertos, puertos, agencias de viajes y miles de tiendas. Gestiona las operaciones de importación y exportación controlando diversas rutas comerciales. Controla el flujo de divisas, incluyendo servicios a través de Western Union y Banco Financiero Internacional (BFI). Sus activos financieros, que suman decenas de miles de millones de dólares, se encuentran depositados en cuentas secretas y en el extranjero, utilizados para inversiones masivas en infraestructura y el sector privado, en detrimento de servicios sociales como la sanidad.

Varias empresas holding, vinculadas en mayor o menor medida al mayor conglomerado económico del país, son ejemplos de ellas: CIMEX SA, propietaria de una red de tiendas, gasolineras, empresas de importación y exportación, restaurantes y servicios financieros; ETECSA, monopolio de los servicios de telefonía e internet; Corp. Habanos SA, empresa conjunta entre el grupo estatal Cubatabaco y la tabacalera británica Imperial Tobacco; BioCubaFarma, que agrupa a empresas farmacéuticas; y Cubana de Aviación, la aerolínea nacional que controla los vuelos nacionales e internacionales. Estas son solo algunas de las más importantes.

Muchas de estas empresas operan a través de sociedades offshore registradas en el extranjero, a menudo en Panamá, para eludir las sanciones estadounidenses, lo que demuestra cómo el capital estatal se fusiona con el capital privado.

El proletariado cubano, cada vez más empobrecido y numeroso, aplastado por las luchas internas de la burguesía, dividido entre dos gobiernos bajo dos banderas nacionales que se disputan el control del comercio capitalista, no ganará nada aliándose con su propia clase dirigente explotadora. El proletariado no tiene nada que ganar defendiendo a los generales actuales en nombre del mito burgués anti-histórico de la “soberanía nacional”, ni derrocando la burocracia militar de la GAESA si esta es simplemente reemplazada por gestores privados con banderas estadounidenses. El hambre, los apagones y la pobreza no terminarán con un cambio de bandera o de administración de la empresa estatal.

Tomar partido por la potencia nacional o apoyar al explotador más débil, considerado erróneamente el “mal menor”, es una narrativa engañosa y errónea.

Para la clase trabajadora, el enemigo está dentro de sus propias fronteras: sus propios explotadores burgueses, ya sea en Cuba, Estados Unidos, China, Rusia o Europa. Su salvación y emancipación solo pueden lograrse mediante la lucha de clases y la organización para conseguir mejores condiciones de vida, mejores salarios, mejores horarios de trabajo, atención médica gratuita y eficiente, educación, derecho a la vivienda y, posteriormente, la unidad revolucionaria con los trabajadores de todo el mundo, incluidos los de los Estados “agresores”.

La brújula histórica es única, tanto en La Habana como en Nueva York: el rechazo a cualquier frente interclasista para la destrucción del sistema salarial y de la ley del valor.

La huelga nacional indefinida que hoy sacude a Bolivia no es un acontecimiento aislado ni un simple diferendo gremial por mejoras sectoriales; es una manifestación abierta de la agudización de las contradicciones de clase y de cómo la lucha de clases puede llegar a reanudarse, en un periodo de profunda crisis histórica del modo de producción capitalista. Desde la perspectiva del marxismo los acontecimientos en el altiplano andino ilustran de forma diáfana cómo las crisis de acumulación del capital se descargan de manera violenta sobre las espaldas del proletariado, a la vez que ponen de relieve el papel amortiguador y traidor de las direcciones sindicales reformistas y los partidos oportunistas.

Bolivia se encuentra en la encrucijada de una doble contradicción. Por un lado, la contradicción interna e insalvable entre el capital y el trabajo, agudizada por un severo plan de ajuste fiscal burgués. Por el otro, su condición de país subordinado proveedor de materias primas, lo que lo convierte en un campo de batalla en la actual disputa interimperialista global por el control de recursos energéticos y minerales estratégicos. Este informe analiza la huelga general en curso, desenmascarando el carácter de clase del Estado boliviano (como el de todos los Estados), los límites del sindicalismo colaboracionista y la urgente necesidad histórica del resurgimiento de la independencia política del proletariado a través de su partido de clase.

Por otro lado, la crisis económica -con sus expresiones sociales y políticas- que atraviesa la sociedad boliviana, no se deriva de la “mala gerencia”, de la corrupción de las camarillas políticas que han controlado el gobierno o del fracaso del demagógico “proceso de cambios” y su supuesta orientación “socialista”, pregonado por los oportunistas del MAS. Se trata de una crisis sistémica del capitalismo mundial en el cual está inserta Bolivia y que no podrá resolverse con reformas, con cambios de gobierno o con maniobras contingentes en materia fiscal y de reestructuración del Estado burgués. Y, por supuesto, ni los oportunistas del MAS (hoy fracturado por pugnas internas) ni los partidos de la derecha que hoy controlan al gobierno, podrán (ni querrán) conducir ningún cambio revolucionario, y solo asumirán los ajustes gatopardianos para que nada cambie y el capitalismo se mantenga de la única manera posible: profundizando la explotación del trabajo asalariado y proletarizando a sectores de la pequeña burguesía.

Al gobierno de turno le toca asumir los ajustes pendientes al capitalismo de Estado boliviano que, basándose en el control de la extracción y comercialización de materias primas presentes en su subsuelo, genera una renta que llega a la burguesía, a la pequeña burguesía y a las trasnacionales a través de concesiones, contratos, alianzas comerciales, pero también a través de redes de corrupción o de tratos preferenciales a las nóminas de directivos y gerentes y a la franja social de la llamada “aristocracia obrera” y también a través de diferentes programas populistas que aunque se presentan como medios para realizar “inclusión social”, realmente promueven el clientelismo, la desmovilización de los oprimidos y, en el camino, también generan beneficios a diferentes empresas vinculadas al poder burgués. Pero este modelo tiende recurrentemente a entrar en crisis cuando caen los precios internacionales de los comodities controlados por el Estado, cuando el peso de la deuda le quita oxígeno financiero y cuando el tamaño del Estado, su abultada nómina, sus numerosos ministerios, empresas e institutos adscritos y programas sociales (populismo / clientelismo) se hacen insostenibles y requieren ser reestructurados o simplemente eliminados a base de despidos, reestructuraciones, recortes presupuestarios y privatizaciones.

Se trata de un ciclo económico que conduce a la alternancia política de gobiernos de la izquierda oportunista, nacionalista y electorera, proclives a aumentar el tamaño del Estado, y los gobiernos de la llamada derecha que tienden a ser identificados en la propaganda de la “izquierda” como neoliberales y partidarios de la reducción del tamaño del Estado. Pero ambas corrientes solo asumen las variantes tácticas “anticrisis” de la burguesía y la historia, incluso reciente, demuestra que el crecimiento o el empequeñecimiento del tamaño del Estado ha sido asumido indistintamente por la izquierda y por la derecha burguesas. Eso es lo que hace coincidir, aunque traten de negarlo con sus discursos y su propaganda, las políticas de los gobiernos de derecha en Argentina y El Salvador con los de “izquierda” en Venezuela, Chile y Brasil, por ejemplo. Y esa es la situación que observamos en Bolivia, donde se adelanta un ajuste económico y una reestructuración del Estado que le tocó afrontar al gobierno de derecha de Paz, pero que muy bien tendría que asumir el MAS si le tocara controlar el gobierno. Y en ambos casos escogerán el camino de colocar todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores.

Antecedentes económicos, políticos y sociales

El estallido social de mayo de 2026 es el resultado directo del agotamiento del modelo de capitalismo de Estado que imperó bajo el reformismo burgués y de la posterior transición hacia un esquema de austeridad clásica. Tras la salida del gobierno de Luis Arce a finales de 2025, la asunción de Rodrigo Paz Pereira marcó un viraje explícito hacia la llamada “ortodoxia económica”, buscando corregir desajustes fiscales y facilitar a los capitalistas el manejo de la crisis, como siempre, aumentando la explotación de los trabajadores. La administración de Paz Pereira implementó de inmediato el Decreto Supremo 5516, un plan de ajuste fiscal draconiano orientado a “sincerar” la economía capitalista nacional mediante el reordenamiento de las finanzas y el recorte brutal del gasto estatal, reduciendo las nóminas del Estado entre un 25% y un 30%.

Aunque el nuevo gobierno burgués logró estabilizar temporalmente las variables macroeconómicas que interesan a los tecnócratas y a los prestamistas internacionales -elevando las Reservas Internacionales Netas (RIN) a 3.813 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 y conteniendo parcialmente el dólar paralelo-, la base material de la sociedad arrastra una herencia catastrófica. El año 2025 cerró con una inflación superior al 20%, un desabastecimiento histórico de combustibles líquidos y una pérdida masiva del poder adquisitivo de los salarios. La paciencia del proletariado y de las masas semiproletarizadas llegó a su límite, detonando las movilizaciones masivas que hoy configuran la geografía de la protesta en el país.

La huelga general indefinida comenzó a ejecutarse el 4 de mayo de 2026. Al momento de redactarse este informe, la huelga ya acumulaba 3 semanas de desarrollo continuo y con la posibilidad de proyectarse en el tiempo ante la intransigencia gubernamental y patronal.

El conflicto tiene un alcance nacional, pero su fuerza e intensidad son geográficamente dispares. El epicentro absoluto es el departamento de La Paz y la ciudad de El Alto (donde se concentran 50 de los 67 bloqueos rurales del país). Cochabamba actúa como el nudo crítico de parálisis en las rutas hacia el occidente (con puntos clave en Quillacollo y el puente Huayculi). En contraste, la región oriental de Santa Cruz exhibe una menor adhesión de clase al paro, aunque se encuentra económicamente asfixiada debido al aislamiento vial provocado por los cortes de ruta. La ciudad de La Paz se fue paralizando progresivamente por el cerco de los bloqueos, notándose la paralización del transporte, la suspensión de la recolección de basura (llenándose las calles de promontorios de desperdicios), la escases de alimento y destacando el alerta de los hospitales por la insuficiencia de insumos médicos; todo esto mientras llegan a la ciudad cada vez mayores contingentes de manifestantes luego de largas marchas desde otras regiones.

En cuanto al componente social de la participación, encontramos lo siguiente:

-  El Proletariado y Sectores Explotados: Convocados por la Central Obrera Boliviana (COB) tras un multitudinario cabildo en El Alto. Participan con alta combatividad el magisterio urbano (organizado en la Federación Departamental de Trabajadores del Magisterio Urbano), los obreros del volante (Federación de Chóferes de La Paz) y el proletariado minero de base. La Federación de Chóferes de La Paz no es una organización homogénea de clase; por el contrario, agrupa y amalgama en su seno tanto a dueños de unidades de transporte (pequeña burguesía) como a trabajadores asalariados o sobre-explotados (proletariado del volante)

-  Campesinado y Pequeña Burguesía Rural: Movilizados masivamente a través de los campesinos aimaras de 29 provincias, los Interculturistas (capa de pequeños y medianos productores agrícolas privados) y la Federación Departamental de Cooperativistas Mineras (Fedecomin). Se trata de sectores que no se identifican con la abolición de la explotación asalariada.

-  El Oportunismo Político: Fracciones políticas y sociales ligadas al “evismo” (afines a Evo Morales) que no representan una alternativa revolucionaria, sino que instrumentalizan y parasitan la rabia de las bases para presionar al Ejecutivo y reposicionarse en la disputa por el control de la administración del Estado burgués. Aunque no necesariamente la dirección de este movimiento está protagonizada por Evo Morales, para efectos prácticos se trata de corrientes políticas oportunistas afines, las que están conduciendo las movilizaciones y bloqueos y la exigencia de renuncia del presidente Paz.

-  El Estado Burgués y sus Administradores: Encabezados por el presidente Rodrigo Paz Pereira, respaldados por la maquinaria judicial y policial, y prestos a utilizar a las Fuerzas Militares en tareas de represión interna.

-  La Burguesía Nacional y Transnacional: Representada por el empresariado agropecuario, agroindustrial (particularmente el cruceño), exportador, turístico y avícola. Detrás de la escena, operan los grandes consorcios capitalistas e intereses imperialistas que codician el gas, los minerales y las reservas de litio del país.

La clase obrera y los sectores oprimidos que participan en las protestas recurren a sus métodos históricos de lucha, combinando la huelga en las minas y las escuelas con los bloqueos de carreteras masivos, registrando más de 67 puntos de interrupción del tránsito a nivel nacional. Esta estrategia ha provocado un cerco casi total a los principales centros urbanos del occidente, paralizando el transporte interdepartamental y deteniendo el flujo logístico de mercancías. La respuesta del Estado burgués se da mediante la criminalización judicial, catalogando la protesta de “ilegal” o “sediciosa”, combinada con el uso de la fuerza militar.

La respuesta del Estado capitalista boliviano ante el estallido obrero ha combinado el terror policial con el cerco legal. Al momento de la presente actualización, las fuerzas combinadas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Militares -movilizadas de manera excepcional en tareas de represión interna para desbloquear carreteras principales- han actuado con extrema violencia. Hasta el momento van al menos 4 decesos registrados indirectamente a causa del bloqueo logístico y retrasos en ambulancias, sumado a las víctimas directas por los recientes choques violentos de carretera. Decenas de trabajadores, manifestantes y comuneros lesionados por gases lacrimógenos, balines e impactos físicos en los enfrentamientos en las rutas del occidente. Decenas de huelguistas bajo procesos de criminalización judicial, imputados bajo las figuras de “sedición” o “huelga ilegal” por el aparato de justicia del régimen capitalista.

Situación de la economía del país y su impacto en los trabajadores

La economía boliviana se encuentra sumida en una crisis que se expresa en estancamiento con alta inflación, que es el reflejo local de la crisis general de sobreproducción del capital a nivel internacional. Tras ingresar en una llamada “recesión técnica” en el segundo semestre de 2025 (cerrando dicho año con un PIB de -0,5%), las proyecciones para 2026 apuntan a una contracción severa del -3,2% del PIB. Las actividades extractivas tradicionales (gas y minería), pilares de la captación de renta por parte del Estado, acumulan caídas drásticas debido al agotamiento de pozos y la falta de inversiones.

Este panorama macroeconómico se traduce en una agresión brutal contra las condiciones de vida y reproducción de la fuerza de trabajo. Tras cerrar el 2025 con un 20,2% de inflación, el costo de la canasta básica familiar continuó escalando en 2026. Alimentos esenciales (pan, carnes, verduras) sufren alzas agresivas por la escasez de divisas y problemas de importación. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira fijó el Salario Mínimo Nacional en 3.300 bolivianos (un incremento nominal del 20%) mediante el Programa PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad). El salario real se presenta pulverizado y se calcula una pérdida cercana al 60% del poder adquisitivo real acumulado en el último año. El incremento nominal es ficticio frente a la devaluación fáctica en los mercados.

Sin embargo, el mercado de trabajo está compuesto principalmente por trabajadores informales. El sector informal representa la gran mayoría de la fuerza de trabajo ocupada o subempleada del país. Este inmenso contingente abarca trabajadores por cuenta propia y jornaleros. Vive al día para subsistir. Constituyen el subproletariado urbano y aquellos trabajadores desposeídos de medios de producción que venden su fuerza de trabajo por el día a día. No explotan mano de obra ajena, carecen de capital y su única fuente de subsistencia es el trabajo vivo. Históricamente pertenecen a las filas de la clase explotada y sufren con crudeza los efectos directos de la inflación y el desabastecimiento provocado por las crisis de acumulación. Para este segmento de los trabajadores no se garantiza un salario mínimo ni otro tipo de reivindicaciones laborales.

Los Pequeños y Medianos Empresarios o Comerciantes (Pequeña Burguesía): Aunque operen en condiciones de informalidad legal, estos sujetos poseen pequeños medios de producción, mercancías o capital comercial. Su meta económica no es la mera supervivencia asalariada, sino la realización del beneficio mercantil y la acumulación privada. Con frecuencia explotan formal o informalmente a trabajadores familiares o asalariados precarizados. Su posición de clase los inclina políticamente hacia la reacción: rechazan las huelgas y los bloqueos obreros porque detienen la rotación de sus mercancías y amenazan su pequeña propiedad, exigiendo al Estado burgués orden, créditos, subsidios y paz social para continuar sus actividades comerciales.

Aunque el sector informal rechaza formalmente el paro por necesidad de subsistencia, se ve asfixiado por el desabastecimiento y la falta de transporte provocados por la huelga. Dentro de su enfoque policlasista la COB incorpora en sus exigencias las reivindicaciones con las que puede identificarse este sector de la pequeña burguesía.

Las condiciones y el medio ambiente de trabajo se han deteriorado al extremo. El incremento nominal del salario mínimo a 3.300 bolivianos es una burla frente al costo real de la vida, forzando a la clase trabajadora a prolongar sus jornadas laborales reales (pluriempleo, subempleo e informalidad) para compensar la pérdida del 60% de su poder de compra.

Reivindicaciones planteadas por los dirigentes de la huelga

El pliego de peticiones presentado por la burocracia de la COB aglutina más de 112 demandas de carácter laboral y político. El núcleo de los reclamos de las centrales sindicales se sintetiza en los siguientes puntos:

1.  Incremento Salarial Indexado: Exigencia de un aumento salarial real que se indexe directamente al costo actual de la canasta básica familiar, rechazando los topes oficiales y los aumentos cosméticos del Gobierno. Esta exigencia ha venido quedando opacada por reclamos de pequeños y medianos empresarios del transporte y el comercio, así como de campesinos e indígenas.

2.  Abrogación de Normas Antiobreras o que afectan al campesinado: Rechazo contundente a las medidas de descentralización educativa aplicadas contra el magisterio. Desprecio a las maniobras tibias del Ejecutivo (como la abrogación de la Ley 1720, que permitía convertir la pequeña propiedad agraria en un activo financiero reconocido por la banca), considerándolas insuficientes y exigiendo la destitución inmediata de los ministros responsables del ajuste fiscal.

3.  Abastecimiento y Calidad de Combustibles: Exigencia del sector transporte pesado y urbano de solucionar inmediatamente el desabastecimiento logístico y la pésima calidad de los carburantes distribuidos, que arruinan sus herramientas de trabajo. Reivindicación del pequeño y mediano empresariado del transporte.

Si bien se presentaron algunas demandas económicas de los trabajadores, que expresaban las necesidades inmediatas de la clase, la dirección de la COB le dio un carácter netamente policlasista, corporativo y reformista a su pliego de exigencias. No cuestionan la raíz de la explotación capitalista ni la propiedad privada de los medios de producción; limitan la lucha a un forcejeo distributivo dentro de los marcos de la legalidad burguesa.

Pero rápidamente el “evismo” impulsó en este movimiento la exigencia de la renuncia del Presidente Paz y la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas, pasando las demás reivindicaciones a un segundo plano. Esto colocó al movimiento en un plano insurreccional, pero no una insurrección contra el capitalismo, sino por su continuidad, bajo la figura de un cambio de gobierno, manteniendo la democracia burguesa. De esta manera, de fortalecerse la tendencia insurreccional en el movimiento, los desenlaces que se configuran a partir de esta situación son: a) el mantenimiento del gobierno actual, luego de una negociación con el movimiento huelgario, b) renuncia del presidente, designación de un gobierno de salvación nacional y convocatoria a elecciones anticipadas, c) golpe de Estado para detener al movimiento insurgente y blindar militarmente el ajuste fiscal en curso (Decreto 5516). Pero en todos estos posibles desenlaces la burguesía continuará en el poder, ya sea que gobierne apoyándose en los partidos de la derecha, o en los partidos de la izquierda oportunista como el MAS, la corriente “evista” y similares (“movimientos sociales” y la COB) o colocando el control del gobierno en manos de una Junta Militar.

El presidente Paz anunció el miércoles 20 de mayo una reestructuración de su gabinete de gobierno, asegurando que mejorará la comunicación con los diferentes sectores sociales. Así mismo el presidente rechazó a los manifestantes, que llamó vándalos, y cuestionó a factores políticos que no mencionó, pero con clara referencia a Evo Morales y sus seguidores, que tienen una “bandera ideológica” y que están vinculados al “narcotráfico y lo ilegal”. Ratificó su plan de ajuste macroeconómico, la reestructuración del Estado y el desmontaje de mecanismos de corrupción, según él, desarrollados durante los últimos 20 años de gobiernos del MAS, convocando a un “Consejo Económico y Social” en el que llamó a participar a las organizaciones sociales integradas al conflicto. Aun así, dada la continuidad de los bloqueos, el presidente solicitó la creación de un “corredor humanitario”, refiriéndose en la necesidad de dar acceso en El Alto y La Paz, a insumos médicos, alimentos y combustibles, con lo cual el gobierno reconoció indirectamente que no tiene el control de la situación. Y en todos sus anuncios ni siquiera mencionó el tema del salario.

Mientras el presidente del gobierno burgués ofrece un "Consejo Económico y Social" (una mesa de conciliación policlasista) se niega rotundamente a discutir el salario de la fuerza de trabajo asalariada porque su misión histórica actual es sostener la tasa de ganancia patronal mediante y la caída del salario real.

El 21 de mayo se concretó el acceso de una caravana de cisternas con combustible e insumos médicos, que accedieron a la Paz bajo control de las fuerzas policiales. Pero el gobierno sigue sin tener el control de la situación. El hecho de que el Gobierno tenga que recurrir a la aviación militarizada para transportar raciones insuficientes de pollo y cerdo, y dependa del auxilio logístico de gobiernos burgueses vecinos como Argentina y Chile, demuestra que el flujo ordinario de la circulación del capital está roto. El ingreso de cisternas con escolta armada no es una victoria del orden, sino una operación excepcional que ratifica que el territorio sigue cercado por las bases en lucha.

El movimiento huelgario, dominado por el interclasismo y el oportunismo se mantiene firme en su exigencia de renuncia del presidente Paz y por lo tanto rechaza dialogar con un “gobierno agonizante” y rechaza el llamado al Consejo Económico y Social, calificado como una maniobra del gobierno, al cual noi quieren reconocer ni dar oxígeno con su asistencia.

La reacción también se ha movilizado “en respaldo al gobierno y en defensa de la democracia”, en la capital. Mientras tanto los organismos internacionales se han pronunciado en respaldo al gobierno de Paz y lo mismo ha hecho el gobierno de EEUU que emitió un pronunciamiento de respaldo al gobierno actual de Bolivia.

Posiciones de los diferentes factores políticos, sindicales y empresariales

La huelga ha polarizado los campos de clase en el escenario nacional:

El Gobierno Burgués (Paz Pereira): Mantiene una posición inflexible en defensa de los decretos económicos de austeridad (Decreto Supremo 5516), argumentando que son necesarios para frenar la llamada “estanflación”. Acusa a la COB de promover una huelga “ilegal” y tacha a los bloqueadores de cometer actos de “sedición” al servicio de intereses oscuros.

El Empresariado (Monopolios y Terratenientes): Expresa un rechazo absoluto. Los sectores agropecuario, avícola, exportador y turístico denuncian pérdidas millonarias y exigen mano dura al Estado, alegando que el aislamiento de los centros productivos “destruye el empleo formal” (es decir, detiene la extracción de plusvalía).

La Oposición Burguesa Tradicional y Comités Cívicos: Figuras como Carlos Mesa denuncian que el país está “secuestrado por minorías violentas”. Por su parte, el Comité pro Santa Cruz utiliza una narrativa anticomunista y oportunista, acusando a Evo Morales de utilizar las protestas para gestar un “golpe de Estado”. Ambas facciones burguesas (gobierno y oposición) coinciden en la necesidad de aplastar la resistencia obrera.

Los Partidos Oportunistas (“Evismo”): Se montan sobre el conflicto legítimo de las bases para canalizar el descontento hacia salidas electorales o pugnas palaciegas de poder, traicionando el potencial revolucionario de la huelga para convertirlo en moneda de cambio de la política burguesa.

Los Organismos del Estado (Defensor del Pueblo): Operan como pacificadores y mediadores institucionales, buscando diluir el conflicto de clases en mesas de diálogo estériles. Alertan hipócritamente sobre el uso de las Fuerzas Militares mientras intentan salvar el orden constitucional burgués.

La traición histórica y el oportunismo de la COB

Para desentrañar la verdadera naturaleza de la Central Obrera Boliviana (COB) es indispensable analizar su comportamiento político en el tiempo, lo que evidencia su total sumisión al Estado burgués según la fracción que lo administre. Bajo los gobiernos reformistas de Evo Morales y Luis Arce, la burocracia sindical de la COB actuó como un apéndice descarado del poder ejecutivo, pacificando los conflictos, asimilando las estructuras corporativas y desactivando de raíz cualquier atisbo de independencia e iniciativa revolucionaria del proletariado. En esos periodos, las demandas obreras fueron sistemáticamente encajonadas y sacrificadas en aras de la estabilidad del “capitalismo de Estado” andino y el falso discurso del “proceso de cambio”.

Por el contrario, la actual agresividad y la convocatoria veloz a la huelga general indefinida frente al gobierno derechista de Rodrigo Paz no responden a un súbito despertar clasista de su dirección traidora, sino a su oportunismo político más abyecto. La cúpula de la COB se ha alineado orgánicamente con el bando burgués “evista” (afín a Evo Morales), el cual instrumentaliza y parasita la rabia legítima de las bases obreras.

No se busca destruir al Estado capitalista, sino desgastar al administrador actual (Paz Pereira) para forzar un reordenamiento y reposicionar a su fracción política aliada en la disputa por el control del aparato fiscal y gubernamental. Con esto, la dirección de la COB confirma su papel histórico contrarrevolucionario, transformando las reivindicaciones obreras contenidas en el pliego de peticiones interclasista en una mera moneda de cambio en las pugnas interburguesas. En el punto álgido del conflicto el presidente de la COB pasó a la clandestinidad.

Perspectivas del proletariado boliviano ante la ausencia de una dirección revolucionaria

El drama histórico de la clase obrera boliviana queda nuevamente en evidencia en esta huelga nacional indefinida. El proletariado minero, educativo y del transporte demuestra una gran disposición combativa, capaz de paralizar los ejes vitales del país, integrado con sectores indígenas, campesinos y de la pequeña burguesía descontenta. Sin embargo, la efectividad logística de los bloqueos contrasta con la debilidad política e ideológica de las organizaciones que agrupan a los asalariados. Esto se evidencia en como las reivindicaciones salariales y laborales han quedado opacadas por la exigencia de la renuncia del presidente y por la exigencia de reivindicaciones de los pequeños empresarios como el rechazo a los precios actuales de los combustibles.

Al carecer de una dirección revolucionaria con un programa claro de derrocamiento del capitalismo, las masas se encuentran atrapadas entre el martillo del ajuste fiscal gubernamental y el yunque del oportunismo reformista (“evismo” y la burocracia de la COB). A corto plazo, las perspectivas son sombrías: la huelga corre el riesgo de desgastarse, ser traicionada a cambio de migajas salariales nominales o ser utilizada para el retorno de fracciones burguesas populistas que continuarán con la agenda de sumisión al capital financiero.

La necesidad imperiosa de la reanudación de la lucha de clases

Como enseñaba Lenin en El imperialismo, fase superior del capitalismo, los monopolios y las potencias imperialistas (ya sean de bloque occidental o euroasiático) que se disputan el litio, el gas y los recursos de Bolivia jamás permitirán una emancipación real de las masas trabajadoras y su rompimiento con las vías reformistas, el policlasismo o del nacionalismo. El capitalismo en crisis no tiene concesiones duraderas que ofrecer. Por otro lado, el movimiento obrero debe entender que su principal enemigo -la burguesía- está dentro de las fronteras bolivianas y el llamado a enfrentar el enemigo externo (cualquiera de los imperialismos) termina siendo una distracción y desperdicio de energías impulsado por el discurso de ese “anti-imperialismo” burgués de la izquierda oportunista.

Para romper este círculo vicioso de explotación y traición sindical, se imponen las siguientes tareas históricas:

1. La Adhesión Militante al Partido Comunista Internacional: La huelga actual demuestra que la combatividad espontánea y la fuerza organizativa de la COB son insuficientes si falta el factor político subjetivo central: el partido de vanguardia de la clase obrera. Solo el partido comunista internacional, estrictamente anclado en la doctrina marxista de la revolución y la dictadura del proletariado, puede unificar las luchas dispersas de los mineros, maestros, choferes, subproletarios urbanos y los trabajadores asalariados en general y conducir estas fuerzas hacia el derrocamiento de la burguesía.

2. Continuidad, ampliación y profundización de la Huelga, eliminando los servicios mínimos e incorporando a trabajadores de sectores que todavía no se han incorporado. Rechazo a la participación en el Consejo Económico y Social convocado por el Presidente Paz. Pasar de una insurrección como expresión de la confrontación inter-burguesa a una insurrección proletaria. Ni “Gobierno de Salvación Nacional”, ni “elecciones anticipadas”, ni “Dictadura Militar”. Insurrección obrera por el derrocamiento de la burguesía y por la implantación de la Dictadura del Proletariado.

3. Ya sea que el curso político apunte hacia el mantenimiento del gobierno actual o que se produzca un cambio de gobierno burgués, el movimiento debe asumir de manera intransigente la exigencia del aumento general de los salarios, asegurándose de que éste aumento se aplique y beneficie incluso a los pensionados y a los trabajadores informales. La Huelga General no debe levantarse sin la conquista de aumento salarial como reivindicación principal a exigir al gobierno y los patronos.

4. La Ruptura con el Oportunismo: El proletariado boliviano debe romper los lazos que lo atan a las facciones burguesas de cualquier signo (pazistas o evistas) y barrer a la burocracia sindical colaboracionista que transforma el pliego de peticiones en un pliego de traición, interclasismo y confrontación interburguesa.

5. El Resurgimiento de Verdaderos Sindicatos de Clase: Es vital la reconstitución de los sindicatos que unan efectivamente a la clase obrera, sin las divisiones por nacionalidad u oficios y que asuman los métodos de lucha como la huelga, indefinida y sin servicios mínimos. Sindicatos que no centren su organización en los centros de trabajo sino en la organización local, regional y nacional a la que se integren trabajadores activos, pensionados y desempleados, practicando el debate en asamblea y la participación de base en diferentes comisiones requeridas para la lucha. Verdaderos órganos de defensa del salario y de resistencia contra el capital.

Solo la constitución del proletariado en partido político independiente permitirá transformar la actual resistencia defensiva contra la explotación capitalista y el ajuste fiscal en una ofensiva revolucionaria para la destrucción del Estado burgués, la expropiación de los monopolios transnacionales y nacionales, y la puesta en marcha de la transformación socialista.

La teoría predominante que explica las causas de la guerra en Irán y el Medio Oriente es que fue producto de la política temeraria de Trump, cuyo objetivo no era solo lograr la hegemonía global de Estados Unidos, sino hacerlo de una manera burda, cínica y sin escrúpulos, simplemente para demostrar fuerza, arrogancia y opresión como un fin en sí mismo. Un loco, se repite constantemente.

Se dice que Trump se precipitó al conflicto con Irán debido a sus pésimas cualidades personales, sumadas a su incapacidad para cumplir con su papel. Se afirma que actuó sin estrategia, incapaz de salir del atolladero en el que se metió, perjudicando así la economía global y la propia economía estadounidense.

Esto es lo que sostienen los comentaristas y periódicos más destacados de la prensa burguesa internacional -desde el New York Times hasta The Guardian y El País, por nombrar solo algunos-, así como, en todos los países, los partidos de la izquierda burguesa y gran parte de la izquierda oportunista.

Esto no es sorprendente, ya que esta narrativa resulta extremadamente útil para el capitalismo global, puesto que lo absuelve de toda responsabilidad, mistificando la naturaleza tanto del conflicto específico del Medio Oriente como del conflicto global que se está gestando, y atribuyendo la culpa a un solo hombre, a una política burguesa en particular y a un solo país imperialista.

Nosotros, ante todo, afirmamos que no hay hombre menos libre para tomar decisiones que el líder de la mayor potencia mundial, quien se encuentra en esa posición porque así lo han querido los colosales intereses de los conglomerados industriales y financieros del país, y por su propio bien.

Las declaraciones de Trump no son fruto de sus caprichos, sino que son cuidadosamente preparadas por un aparato especializado, sofisticado y con amplios recursos. A través de ellos, el régimen burgués estadounidense -no Trump- se dirige a sus diversos interlocutores: la clase trabajadora y la pequeña burguesía dentro del país, los mercados financieros globales y tanto las potencias aliadas como las enemigas.

El poder no pertenece a Trump, sino a un aparato que sirve a los intereses dominantes del capitalismo nacional estadounidense; pertenece a la burguesía -los principales grupos industriales y financieros- que lo ejerce a través de su aparato estatal. Esto ocurre en todos los países capitalistas, es decir, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos.

Dado que el capitalismo se basa en la acumulación de capital dentro de unidades corporativas, es, por esta razón, anárquico, y existen constantes conflictos y enfrentamientos entre los diversos sectores productivos y financieros.

Esto da lugar a enfrentamientos, incluso violentos, dentro de la política burguesa, con facciones de la burguesía insatisfechas con los actuales administradores del interés general del capitalismo nacional, que oportunistamente esgrimen los argumentos habituales que siempre convergen en la acusación de que el gobierno no defiende el interés nacional; una fórmula ideológica, es decir, engañosa, con la que la clase dominante oculta los intereses del capital, transponiendo al nivel nacional la hipocresía que todo jefe emplea en su empresa al llamarla “una gran familia” delante de los trabajadores.

El fascismo -el verdadero contenido político de los regímenes burgueses en la fase final y suprema del modo de producción capitalista: el imperialismo- sirve no solo para controlar a la clase trabajadora mediante la subyugación y la cooptación de los sindicatos dirigidos por reformistas, sino también para disciplinar a las diversas facciones burguesas en aras del interés general del capitalismo nacional.

Trump no solo no tiene libertad alguna para hacer y decir lo que quiera, sino que tampoco le preocupa en absoluto el problema de las elecciones de mitad de mandato y las futuras elecciones presidenciales, otra tontería más difundida por comentaristas pagados de todo el mundo.

Así como los partidos de la izquierda burguesa sirven para engañar a la clase trabajadora, los de la derecha engañan a la pequeña burguesía y a la aristocracia obrera.

En cada ciclo electoral, se repite la traición a las promesas de campaña, que suele desembocar en el resultado predecible de una victoria electoral para el partido previamente derrotado. Se trata de la llamada alternancia de poder, un mecanismo útil para mantener el control sobre la clase trabajadora, a la que hay que convencer de que puede defender sus intereses a través de las urnas en lugar de mediante la lucha. Un mecanismo que, como demuestran los datos de participación electoral, se está desgastando cada vez más.

En realidad, no existen partidos distintos, sino más bien camarillas político-empresariales de un solo partido -el del régimen burgués nacional-, algo similar a lo que ocurre en regímenes más autoritarios, como China, Rusia e Irán.

Trump actúa bajo las órdenes de quienes mueven los hilos tras su figura decorativa, que sirve para enmascarar la verdadera naturaleza del poder político, haciendo el trabajo sucio para toda la clase dirigente que lo puso en el poder.

Una vez que haya completado su tarea, sus “malas acciones” y fanfarronería -que lo hacen tan “especial” y tras las cuales se ocultan la idiotez de la prensa burguesa y el oportunismo político- permitirán:

por un lado, que los demócratas vuelvan a gobernar los intereses generales del capitalismo estadounidense con una continuidad sustancial con todas las administraciones anteriores, tal como, por ejemplo, Obama ostentaba el récord de deportación de inmigrantes indocumentados, Biden apoyó al régimen israelí durante dos años en la masacre de 80.000 palestinos, y todos han perseguido, como veremos más adelante, la supremacía estadounidense en el mercado mundial de hidrocarburos;
por otro lado, que los republicanos se reinventen, simplemente presentando un nuevo líder en las próximas elecciones.

Los excesos de Trump sirven, por lo tanto, para insuflar algo más de vida y credibilidad al mecanismo electoral, ralentizando su proceso de erosión. Las monstruosidades políticas cada vez más reaccionarias son útiles para los regímenes burgueses por varias razones: contribuyen a la formación de un entorno político y social cada vez más barbarizado, para acostumbrar y subyugar a la clase trabajadora;

tranquilizan a la pequeña burguesía -aterrorizada, histérica, impotente- ante su inminente destino de ser relegada al proletariado y al subproletariado;
restauran el sistema electoral y la democracia a un estado de inocencia, permitiendo a la izquierda burguesa recuperar la ilusión de una victoria fugaz al llamar a los trabajadores a votar contra el fascismo.

Esto continuará hasta que el Partido Comunista se fortalezca, estableciendo un vínculo sólido con la clase trabajadora que lucha por sus necesidades inmediatas, básicas, económicas y sindicales.

Una guerra útil para el capitalismo estadounidense

a) Dominio en el mercado mundial de hidrocarburos

Junto con la idea de que el poder político pertenece a la figura lamentablemente excepcional de un títere en manos de la clase dominante y que la guerra en el Medio Oriente es producto de su voluntad, debemos demoler otra noción aún más perniciosa que trae consigo esta mistificación política.

Las diversas interpretaciones burguesas de las guerras imperialistas comparten una característica esencial: la política y la economía se presentan como compartimentos estancos.

Se dice que la política -que supuestamente está afligida por los males eternos inherentes a la naturaleza humana: la sed de poder, el egoísmo, etc.- perjudica a la economía capitalista, la cual, aunque no está exenta de contradicciones, supuestamente rehuía la guerra porque le resulta perjudicial.

Para el sentido común, esto parece plausible, ya que las personas no burguesas experimentan la destrucción de la guerra como una pérdida para la sociedad. La realidad del capitalismo se invierte: la destrucción despeja el mercado de los bienes que lo habían saturado al final de un período histórico previo de acumulación capitalista, permitiendo así su recuperación. De esta manera, el capitalismo demuestra su carácter inhumano y reaccionario.

La ideología burguesa, por lo tanto, busca mantener al proletariado en un estado de ignorancia respecto a una concepción rudimentaria de la historia que divide la sociedad en compartimentos estancos, de modo que por un lado exista un progreso gradual del trabajo, la economía y las fuerzas productivas, y por otro, un mundo político marcado por la eterna lucha entre el bien y el mal.

Dos dimensiones fijas, siempre idénticas entre sí, en las que no se puede discernir ninguna ley de desarrollo, a las que uno debe resignarse y que, por lo tanto, sancionan la inevitabilidad del orden político y social existente.

En última instancia, incapaz de reconocer su naturaleza capitalista, la ideología burguesa explica la guerra como producto de la locura de un líder: Hitler, Trump, Putin, Netanyahu. ¿A quién se opondrían los hombres sensatos de la clase dominante? ¡La locura, que no explica nada, lo explica todo! Igual que las teorías conspirativas.

Esta interpretación de la historia, reducida al nivel de una telenovela, es desmantelada por el comunismo al demostrar que la guerra no es un acontecimiento que perjudique a la economía capitalista; no es una ruptura, sino más bien el producto de su funcionamiento normal, ya que, en cierta etapa de su desarrollo, le conviene; de ​​hecho, se vuelve indispensable.

En lo que respecta específicamente a la guerra en Irán, comenzamos mostrando cómo no perjudica, sino que defiende los intereses del capitalismo nacional estadounidense en su lucha por el reparto de los mercados y las ganancias globales.

Un elemento clave para comprender esta afirmación reside en el cambio radical provocado por la tecnología de extracción de petróleo y gas de esquisto (petróleo de esquisto), mediante la perforación horizontal y la fracturación hidráulica (fracking) de la roca.

Históricamente, Estados Unidos ha sido tanto productor de petróleo como importante importador neto (las importaciones superaban a las exportaciones). Esta tecnología le ha permitido convertirse en el principal productor mundial desde 2014, en un exportador neto de petróleo desde 2019 y en el cuarto país exportador de petróleo más grande desde 2021, por detrás de Arabia Saudita, Rusia y Canadá, y por delante de Irak.

Desde 2023, Estados Unidos se ha convertido en el principal productor mundial de gas gracias, además del desarrollo de la extracción de gas de esquisto, a las inversiones en nuevas plantas de licuefacción. La creciente demanda de gas ha hecho rentables estas inversiones, y la guerra en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, y las consiguientes sanciones al petróleo y al gas rusos han sido decisivas en este sentido.

Es fundamental comprender la importancia que la extracción de hidrocarburos ha adquirido en el capitalismo estadounidense. Esto se evidencia en el hecho de que, tras la crisis de 2008, durante años Estados Unidos y Alemania fueron las únicas economías capitalistas nacionales tradicionales -las llamadas occidentales- que alcanzaron y superaron su nivel máximo de producción industrial anterior a la crisis.

Pero, a diferencia de Alemania, Estados Unidos solo pudo lograr este resultado gracias al papel que desempeñó la extracción de petróleo de esquisto, a partir precisamente de 2010: sin esta contribución, la producción manufacturera en 2024 aún habría estado un 7,6% por debajo del máximo de 2007, lo que, además, supone un empeoramiento en comparación con el -5,5% de 2022.

Resulta pertinente señalar que Alemania, justo cuando comenzaba a recuperar terreno tras el declive provocado por la pandemia de Covid -que había hecho caer su producción industrial por debajo del máximo de 2007-, vio interrumpida dicha recuperación por la guerra en Ucrania. En 2022, la producción industrial fue un 1,6 % inferior a la de 2007, y en los tres años transcurridos desde entonces, ha continuado su descenso.

La guerra en Ucrania, que se prolonga desde hace más de cuatro años, ha asestado un duro golpe al principal rival atlántico de Estados Unidos. La nueva guerra en Irán supone un segundo golpe para el imperialismo alemán, y, evidentemente, no solo para este.

La producción de petróleo de esquisto en EEUU aumentó de 0,2 millones de barriles por día (mb/d) en 2009 a 2,8 mb/d en 2013, a 4,2 mb/d en 2014, a un máximo de 8 mb/d en 2023, y luego cayó a 7,2 mb/d el año pasado (2025). En 2025, Estados Unidos exportó 4 millones de barriles por día, 85 veces más que en 2011, pero ligeramente menos que en 2023 y 2024.

La característica distintiva del petróleo de esquisto es su elevado coste de producción. Si el precio internacional del petróleo se acerca a los 60 dólares, los beneficios disminuyen. Un precio de entre 80 y 90 dólares por barril garantiza buenos beneficios, y entre 100 y 110 dólares incentiva la inversión y la expansión de la producción.

Ya en abril del año pasado, los economistas burgueses habían pronosticado una caída en los precios del petróleo para el año en curso, lo que reflejaría una disminución de la demanda y, por lo tanto, presumiblemente un empeoramiento de la crisis de sobreproducción, lo que habría exacerbado la caída de la producción petrolera estadounidense que ya estaba en marcha desde 2024. La producción de acero en China, que en 2023 representó el 54% de la producción mundial de acero y es el mayor importador de petróleo del mundo, lleva dos años en declive.

La guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero -con el bloqueo del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz impuesto inicialmente por Irán a partir del 1 de marzo, y luego con el contrabloqueo impuesto por Estados Unidos a partir del 20 de abril- ha dado lugar a un precio medio desde abril hasta la fecha de 100 dólares por barril, en comparación con un precio medio de 77 dólares por barril durante los últimos seis meses.

Esto beneficia no solo la extracción de petróleo y gas, sino también la producción de productos refinados (gasolina, diésel, queroseno...), que ya ha alcanzado su máxima capacidad en EEUU. Un número récord de petroleros, gaseros y buques quimiqueros cruzan los océanos hacia y desde los puertos estadounidenses. El gas que Italia, por ejemplo, solía comprar principalmente a Qatar, ha sido reemplazado en gran medida por gas comprado a Estados Unidos. Edison, titular del mayor contrato de suministro de gas de Italia con Qatar, anunció a mediados de abril que ya había logrado reemplazar 7 de los 10 envíos que Doha debía enviar entre abril y junio. Seis de estos siete envíos ahora provienen de Estados Unidos.

Lo mismo ocurre con varios países del Lejano Oriente, que fueron importantes compradores de petróleo y gas del Golfo Pérsico.

Está claro que, desde la perspectiva de la industria petrolera -que, como hemos visto, desempeña un papel muy importante en el capitalismo estadounidense-, el llamado “atolladero” en el que supuestamente la insensatez de Trump arrastró al país es, de hecho, ¡un paraíso de ganancias!

También existe una ventaja relativa sobre los competidores en la división de los mercados mundiales. Mientras que Estados Unidos, como principal productor mundial de petróleo, se beneficia de un precio del petróleo de alrededor de 100 dólares por barril, los países que son grandes importadores, como Alemania y China, solo pueden sufrir las consecuencias.

Aunque China ha invertido fuertemente en la producción de tecnologías de energía renovable y vehículos eléctricos, y ha diversificado sus fuentes de suministro de hidrocarburos, más del 60% de su consumo de electricidad todavía depende de los combustibles fósiles, y aproximadamente el 16% de sus importaciones de petróleo provienen del Golfo Pérsico.
 

b) Por el dominio financiero del dólar

El segundo factor estrechamente vinculado a la extracción, refinación y exportación de hidrocarburos es la enorme deuda pública de Estados Unidos.

El aumento de la deuda pública es, en sí mismo, un mero reflejo del crecimiento del capital, de la acumulación capitalista. Sin embargo, lo que revela la dificultad del capital para acumularse es el creciente ratio de deuda pública respecto al PIB. En Estados Unidos, este ratio fue del 33,1 % en 2001, del 103,3 % en 2014 y del 123,3 % en 2024.

Un aumento repentino, muy peligroso a largo plazo, pero que por ahora se mantiene en un nivel sostenible, considerando que una forma mucho más débil de capitalismo como la italiana tiene una relación deuda pública/PIB de alrededor del 135%, que se ha mantenido en este nivel durante aproximadamente una década, mientras que la de Japón llega al 230%.

Para financiar la deuda pública estadounidense, es necesario mantener el dólar como moneda de intercambio internacional, ya que esto ofrece una garantía de fortaleza y estabilidad y, por lo tanto, hace atractiva la venta de bonos del Tesoro estadounidense (bonos del Tesoro).

Dado que entre el 80% y el 90% de los hidrocarburos se compran en dólares -excluyendo aquellos sujetos a sanciones impuestas por Estados Unidos, como el gas y el petróleo rusos e iraníes-, el aumento de los precios implica no solo mayores ingresos petroleros para las principales compañías estadounidenses, sino también un mayor uso y demanda del dólar en el mercado internacional, fortaleciéndolo así como moneda internacional y, en última instancia, reforzando la deuda pública estadounidense.

El papel del dólar como moneda de intercambio internacional fue asegurado por Estados Unidos mediante su victoria militar en la Segunda Guerra Mundial, que consolidó la superioridad industrial y financiera de esa forma de capitalismo -entonces en la cima de su poder-, reemplazando a la libra esterlina.

En 1944, Estados Unidos producía el 40% del armamento mundial. Al final de la guerra, con el 6% de la población mundial, representaba casi la mitad de la producción global, poseía más del 50% de las reservas mundiales de oro, controlaba el 52% de la flota mercante y gozaba de liderazgo tecnológico en casi todos los sectores.

Este poder ha estado en declive durante décadas, amenazado, como es bien sabido, por el poderío industrial de China, la principal nación manufacturera del mundo, que representa más del 30% de la producción manufacturera mundial. Pero la superioridad económica de la que gozaba Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial no es comparable a la que disfruta hoy el imperialismo chino, que, si bien es el principal fabricante del mundo, opera dentro de un mundo que ha adoptado plenamente el modo de producción capitalista, con una pluralidad de potencias capitalistas medianas y grandes que compiten entre sí, comenzando por la India.

Además, el capitalismo nacional estadounidense, que lucha contra su inexorable declive, choca con el capitalismo chino, al que, sin embargo, es erróneo considerar todavía «joven». En cambio, es correcto definirlo como ya plenamente maduro, tras haber sufrido durante varios años una grave crisis de sobreproducción. China ha pasado de una relación deuda pública/PIB del 39,3 % en 2014 a casi el 90 % en 2025.

Sin embargo, la superioridad industrial del imperialismo chino tiende inevitablemente a erosionar el dominio financiero de Estados Unidos y, con ello, el papel del dólar, socavando la sostenibilidad de la deuda nacional de Washington.

El fuerte aumento de las exportaciones estadounidenses de petróleo, gas y productos refinados contribuye a ralentizar este proceso.

Así pues, si bien es cierto que la intervención militar en el Medio Oriente supone un alto coste para Estados Unidos -que opera la mayor flota militar del mundo-, se trata de una inversión de suma importancia para este capitalismo nacional.

Esto nos lleva al tercer factor por el cual la guerra sirve al capitalismo estadounidense.
 

c) Para la industria bélica

El ejército estadounidense es el más grande del mundo, y la industria de defensa desempeña un papel fundamental dentro del complejo industrial de la principal potencia imperialista mundial. Estados Unidos es también el principal exportador mundial de armas, con un 40% de las exportaciones globales.

Para ellos, la guerra representa una enorme inversión pública en el gigantesco aparato industrial bélico nacional. Además, sirve como un banco de pruebas crucial para las armas, los sistemas de armamento y las fuerzas armadas -armada, fuerza aérea y ejército- en su conjunto, así como para el sistema de investigación y desarrollo, cuyos beneficios se extienden posteriormente al sector civil.

Por lo tanto, lejos de ser antieconómica, la guerra librada por Estados Unidos en Irán, con la ayuda de su Estado vasallo israelí, representa, por un lado, una inversión pública masiva que, para usar la terminología económica burguesa tan apreciada por la izquierda, cumple una función anti-cíclica -es decir, contrarresta una recesión ya en marcha- y, por otro lado, traslada parcialmente los efectos de la crisis de sobreproducción a los competidores europeos y asiáticos.

Es cierto que el aumento de los precios del gas y el petróleo provocará una mayor inflación. Lo mismo ocurre con diversos componentes de fertilizantes, como la urea, cuyo comercio internacional en un 30% transita por el estrecho de Ormuz. Pero este repunte inflacionario afectará a todos los países. Y en este contexto, la principal potencia imperialista del mundo gozará de una ventaja relativa.

Además, en la medida en que el crecimiento inflacionario se mantenga contenido, solo suprimiría parcialmente el consumo, la Sección II de la producción capitalista, y en menor medida la Sección I, que se refiere a la producción de los medios de producción. Una inflación moderada, al elevar los precios de todos los bienes -excepto los salarios, cuyo aumento requiere la lucha de los trabajadores- y, por lo tanto, es un proceso más lento, incrementa las ganancias y, en consecuencia, beneficia a la economía capitalista.

Estados Unidos se ha esforzado por mantener el precio del petróleo en un nivel adecuado: no por encima de los 100-110 dólares por barril. Con este fin, suspendió las sanciones al petróleo ruso y, durante un breve período, también al petróleo iraní.

Posteriormente, la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y sus declaraciones de intención de aumentar la producción en un millón de barriles diarios sirvieron como otro elemento útil para este fin; una medida que, no por casualidad, fue recibida muy positivamente por la administración estadounidense, que obviamente estaba al tanto de ella.

El choque entre potencias capitalistas regionales en el Golfo Pérsico

La decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP introduce otro aspecto importante de la guerra en Irán.

Los países que más sufren las consecuencias de este conflicto son los del Golfo Pérsico: Irak, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Existen diferencias significativas.

El bloqueo del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz afecta principalmente a Qatar, el mayor exportador de gas del mundo. En 2025, exportó aproximadamente 12.500 millones de pies cúbicos de gas al día, de los cuales 8.600 millones se transportaron por mar y el resto a través de gasoductos; sin embargo, aparte del Gasoducto Árabe que llega al Mediterráneo, estos gasoductos tienen conexiones con Bahréin, Omán y los Emiratos Árabes Unidos -es decir, otros países del Golfo Pérsico- y, por lo tanto, no pueden sustituir a los buques gaseros bloqueados en el Golfo.

El bombardeo de la planta qatarí de Ras Laffan, centro de producción de las exportaciones de gas del país, redujo su producción en aproximadamente un 17%, y podría tardar hasta cinco años en restablecerse a los niveles de producción anteriores.

Los Emiratos Árabes Unidos también han sufrido ataques masivos con misiles y drones, a una escala mucho mayor que los lanzados contra Israel y contra cualquier otro país de la región. Sin embargo, estos ataques fueron protegidos, según se supo, por sistemas antimisiles israelíes desplegados en el país, con la asistencia de personal militar israelí en su operación. Esto representa un importante avance en la relación de apoyo mutuo entre ambos países, que se consolidó con los Acuerdos de Abraham de 2020.

Egipto también envió aviones militares para defender a los Emiratos Árabes Unidos, y Al Sisi declaró: “Lo que perjudica a los Emiratos Árabes Unidos perjudica a Egipto”.

Tanto los Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita cuentan con oleoductos, a diferencia de Qatar, que evitan el estrecho de Ormuz. Arabia Saudita, que exportó aproximadamente 7 millones de barriles diarios en 2025 -el principal exportador mundial de petróleo-, posee un oleoducto que va desde la costa oriental del Golfo Pérsico hasta la costa occidental del Mar Rojo, con una capacidad de más de 4 millones de barriles diarios. Los Emiratos Árabes Unidos, que exportaron aproximadamente 3 millones de barriles diarios en 2025, tienen una parte de su costa en el Golfo de Omán, más allá del estrecho de Ormuz, donde se ubica el puerto petrolero de Fujairah, conectada con la zona de Abu Dabi mediante un oleoducto con una capacidad de 1,5 millones de barriles diarios. En las últimas semanas, se ha sabido que cuatro buques gaseros de los Emiratos Árabes Unidos lograron llegar a puertos indios, lo que confirma que esta potencia regional se ha visto relativamente menos afectada por el conflicto, ya que está más protegida por el marco de alianzas del imperialismo estadounidense.

Hace unos días, Pakistán y Arabia Saudita anunciaron un importante acuerdo económico-militar. Arabia Saudita garantizó -aunque no se especifican los beneficios económicos- el despliegue de 8.000 soldados pakistaníes para su defensa, cifra que teóricamente podría ascender a 80.000, un escuadrón de cazas JF-17 Thunder -desarrollados conjuntamente por China y Pakistán- y un sistema de defensa aérea chino HQ-9. El acuerdo parece ser, al menos en parte, una respuesta a la retirada de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP.

Irak, el tercer mayor exportador de petróleo del mundo con 4 millones de barriles diarios, exporta aproximadamente la mitad de esa cantidad a través de oleoductos a Turquía -y desde allí a Europa-, así como a Egipto, Jordania e Israel.

En teoría, Irán parece ser el país más vulnerable a un bloqueo del estrecho de Ormuz. El ochenta por ciento de las exportaciones de petróleo se cargan en buques cisterna en las terminales de la isla de Kharg, y entre el 80 % y el 90 % de dichas exportaciones -entre 2 y 3 millones de barriles diarios en 2025- son adquiridas por China. Entre el 40 % y el 50 % de los ingresos del gobierno provienen de las exportaciones de hidrocarburos, que representan el 70 % del total de las exportaciones del país. Una vulnerabilidad extrema.

En los últimos años, a medida que se han intensificado las sanciones, Irán ha podido exportar petróleo a través de una denominada “flota clandestina”, pero ha tenido que venderlo a un precio reducido, similar a lo que está ocurriendo en Rusia, unos 10 dólares por barril por debajo del precio de mercado.

En teoría, el bloqueo del estrecho de Ormuz debería asfixiar rápidamente al régimen iraní, mientras que el imperialismo estadounidense se beneficia de un precio del petróleo que ronda los 100 dólares por barril. Sin embargo, no está claro cuán efectivo es realmente el bloqueo estadounidense contra los buques de la flota clandestina iraní, que apagan sus transpondedores (sistemas de radio) y son indetectables para los sistemas civiles de seguimiento de buques.

El bloqueo estadounidense se dirige a los buques que viajan hacia y desde puertos iraníes. Irak, por ejemplo, habría firmado un acuerdo con Irán, pagando una tarifa al régimen burgués de Teherán para permitir el paso de los barcos que parten de sus dos puertos, Basora y Umm Qasr. Se trata de buques que la Armada estadounidense no bloquea y en los que podría transportarse petróleo iraní por mar. Incluso con el consentimiento de Estados Unidos, no se puede descartar que una parte de los petroleros atraviese el estrecho y llegue a China, en un contexto de presión, confrontaciones y negociaciones. En cualquier caso, es improbable que el bloqueo sea total.

Además, hay que tener en cuenta la cantidad de petróleo iraní que ya se encuentra en el mar. En los meses previos al conflicto, el régimen iraní, anticipándose al ataque, había incrementado significativamente los envíos y las exportaciones, alcanzando los 3 millones de barriles diarios. Cuando, el 20 de marzo, Estados Unidos anunció una suspensión de un mes de las sanciones al petróleo iraní -que no se renovó, ya que el 13 de abril fue sustituida por el bloqueo de los buques que entraban y salían de los puertos iraníes en las aguas del mar Arábigo, cerca del golfo de Omán- se estimaba que había 170 millones de barriles en el mar, lo que equivale a unos dos meses y medio de exportaciones al ritmo de 2025 y a unos 80 superpetroleros (VLCC). Han transcurrido dos meses desde entonces.

Estados Unidos e Israel podrían atacar fácilmente la isla de Kharg, paralizando al país durante años. Pero el régimen iraní amenaza con atacar la infraestructura petrolera en los países del Golfo (oleoductos, gasoductos, refinerías, puertos) para obstruir, incluso a través de los hutíes, la navegación por el estrecho de Bab el Mandeb, por donde pasa el 10% del comercio marítimo mundial, como ocurrió en diciembre de 2023 y enero de 2024, y para cortar los cables submarinos de internet que atraviesan el estrecho de Ormuz.

La escalada del conflicto, incluso si tan solo una parte de estas amenazas se materializara, provocaría un aumento aún mayor de los precios de los hidrocarburos y de la inflación, suficiente para anular los efectos económicos positivos para el imperialismo estadounidense.

En conjunto, estos factores revelan la falsedad de la afirmación de que la actual administración estadounidense carece de estrategia. Los ataques contra el régimen venezolano a principios de enero y contra Irán dos meses después forman parte del objetivo de asegurar un papel cada vez más dominante para la industria petrolera estadounidense en el mercado mundial, fortaleciendo así el dominio financiero de la principal potencia imperialista global y haciendo sostenibles sus enormes gastos militares, necesarios para garantizar dichas condiciones.

El ataque estadounidense contra Irán claramente no tiene nada que ver con la naturaleza de ese régimen y, en última instancia, poco que ver con los intereses capitalistas específicos de la burguesía iraní. Al atacar a Irán, Estados Unidos ha reducido la competencia en el mercado petrolero de las petromonarquías del Golfo Pérsico, ha asestado un segundo golpe a las potencias imperialistas europeas -principalmente Alemania, grandes importadoras de hidrocarburos- y ha bloqueado la principal ruta de suministro de petróleo y gas de su principal rival imperialista mundial, China, para la cual entre el 45 % y el 50 % de las importaciones de petróleo y casi el 30 % de las importaciones de gas pasan por el estrecho de Ormuz.

En el contexto específico del Medio Oriente, el conflicto se basa en las rivalidades entre Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, y fortalece aún más a Israel frente a su rival regional, Irán, hasta el punto de que, desde hace meses, varios analistas señalan al imperialismo turco como el nuevo principal rival del imperialismo israelí.

El imperialismo chino, poseedor de grandes reservas estratégicas de petróleo, parece haber respondido, por ahora, al bloqueo del estrecho de Ormuz reduciendo drásticamente las importaciones de petróleo y gas. Como principal importador mundial de hidrocarburos, esto ha contribuido a mantener los precios dentro de ciertos límites, permitiendo al gigante capitalista chino reducir sus gastos.

Al mismo tiempo, es importante señalar que las exportaciones de gas de Estados Unidos a China, que alcanzaron un máximo de 4.000 millones de toneladas anuales en 2020, cayeron a 3.600 millones de toneladas anuales en 2021, a 2.100 millones de toneladas anuales en 2022, a 500 millones de toneladas anuales en 2023 y a cero a partir de 2024.

Una guerra contra la lucha del proletariado iraní

Si bien la estrategia del imperialismo estadounidense es coherente y discernible, lo que parece totalmente incoherente es la propaganda utilizada para justificar el ataque contra el régimen burgués iraní.

Desde los días del levantamiento de enero, la administración estadounidense ha emitido repetidas declaraciones de apoyo a los manifestantes, afirmando que intervendría militarmente para defenderlos del régimen que, mientras tanto, los estaba matando por miles.

La intervención militar de Estados Unidos e Israel finalmente llegó el 28 de febrero, más de un mes después de la sangrienta represión. ¡Quizás temían que, al intervenir antes, el levantamiento pudiera tener éxito!

Además, Estados Unidos y otros regímenes burgueses y partidos de derecha (en Italia, el partido mayoritario en el poder) financiaron generosamente y apoyaron abiertamente al hijo del último Shah depuesto en 1979, Reza Pahlavi, como alternativa al régimen de los ayatolás, creando un movimiento llamado MIGA (Make Iran Great Again), que se mostró muy agresivo con otras fuerzas políticas iraníes, especialmente con las de izquierda, presentes en manifestaciones de comunidades iraníes en el extranjero, y que pedía abiertamente la intervención militar estadounidense. El punto culminante de este movimiento fue la manifestación de 100.000 personas en Múnich el 14 de febrero.

Como hemos afirmado reiteradamente, a través de folletos y artículos internacionales, las declaraciones de apoyo a los rebeldes por parte de Estados Unidos e Israel solo beneficiaron al régimen iraní, que pudo así desacreditar y reprimir más fácilmente el levantamiento, presentándolo como un instrumento de potencias extranjeras hostiles; del mismo modo que la intervención militar ha bloqueado cualquier resurgimiento de la lucha de la clase trabajadora y las protestas de otros estratos sociales, uniendo a la oposición política burguesa en torno al régimen.

La guerra también ha puesto fin a las manifestaciones en apoyo de la monarquía iraní, que la habían promovido con tanta vehemencia.

Pahlavi parece haber corrido una suerte similar a la de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, a quien Trump utilizó para alimentar la propaganda contra el régimen venezolano y luego apartó en favor de figuras destacadas del régimen del “socialismo bolivariano”, empezando por la nueva presidenta, Delcy Rodríguez: exministra de Relaciones Exteriores, Economía e Hidrocarburos, quien le dio la espalda en menos de un día sin que ninguna de las 5 millones de bayonetas invocadas por Maduro disparara un solo tiro en su defensa.

Tras el asesinato del ayatolá Jamenei, Trump declaró que quería tener voz y voto en la elección de su sucesor. Más allá de la arrogancia habitual en este tipo de declaraciones, el cambio sustancial que implicaba era el abandono de la postura propagandística anterior -que abogaba por la destrucción del régimen teocrático chií- y su sustitución por el objetivo más pragmático de un simple cambio interno dentro del régimen. Justo lo contrario de lo que se hizo en Venezuela.

¡Las declaraciones a favor de la democracia del gobierno de Estados Unidos y las del régimen venezolano a favor del socialismo han demostrado tener exactamente la misma coherencia!

La intervención militar, lejos de revitalizar al movimiento de lucha dentro de Irán -y de hecho, al establecer un clima social y político de emergencia bélica- fomentó la represión mediante decenas de ejecuciones y cientos de arrestos, y dentro de las filas del régimen burgués, ha favorecido a las facciones más estrechamente vinculadas al aparato militar -a saber, los Pasdaran- que controlan una porción cada vez mayor de la economía capitalista del país.

Se confirma una vez más que la guerra capitalista e imperialista es el arma más valiosa de los regímenes burgueses contra la lucha de clases, precisamente cuando, debido a las condiciones sociales objetivamente degradantes, la lucha muestra signos de su inevitable estallido.

El levantamiento del proletariado iraní representa una amenaza para las burguesías de todo el Medio Oriente, ya que conlleva el riesgo de que las masas proletarias se extiendan y movilicen en los países árabes vecinos. La propagación de la lucha de clases más allá de las fronteras nacionales no es en absoluto una posibilidad remota, como demostró la llamada Primavera Árabe de 2010-2011.

También supone una amenaza para la burguesía israelí, que, si el régimen de los ayatolás colapsara a manos de la lucha de la clase trabajadora, vería desaparecer el espectro del enemigo externo con el que disciplina a su clase asalariada.

La guerra ha venido al rescate, sí, pero del régimen burgués con túnicas de ayatolá, contra el proletariado iraní y el de todo el Medio Oriente.

Guerra imperialista, falso anti-imperialismo, revolución proletaria.

Hemos visto cómo, mediante la guerra, el imperialismo estadounidense busca obtener ventaja sobre sus competidores trasladándoles la mayor parte de la carga de la creciente crisis de sobreproducción -un punto fundamental que no debe pasarse por alto-, una crisis que los afecta a todos.

El imperialismo chino, principal candidato para arrebatarle a Estados Unidos el dominio de las ganancias globales -tal como este último lo hizo con Gran Bretaña-, no está exento de la crisis, y ya hemos visto claros signos de envejecimiento prematuro, que recapitularemos. La reciente crisis inmobiliaria, manifestación de la especulación que surge cuando se estanca la acumulación capitalista; el repentino aumento de la relación deuda pública/PIB; y el declive de la producción industrial hasta el punto de que el país ha experimentado una situación casi deflacionaria en los últimos tres años: estos son indicadores inequívocos de esta tendencia.

Para dar salida a su capital excedente, el imperialismo chino debe volverse cada vez más invasivo y agresivo, primero en el ámbito económico y luego en el militar, en el escenario internacional. Esto conduce a un inevitable choque con los imperialismos rivales por el reparto del mundo, principalmente con el de Washington.

Por lo tanto, resulta imperdonablemente ingenuo, si no una artimaña suprema, presentar el conflicto imperialista que se desarrolla ante nuestros ojos -el tercero en poco más de un siglo- como responsabilidad de una sola de las potencias capitalistas, escudándose en el hecho de que Estados Unidos está librando guerras preventivas en el marco de este choque general.

Se trata del típico truco mezquino de culpar de la guerra al bando que ataca primero, para ocultar cómo se desarrolla y surge del sistema económico y político en su conjunto, que en última instancia tiene una necesidad absoluta de la guerra.

De hecho, para el imperialismo estadounidense, atacar a Venezuela, Irán, y mañana a Cuba y Groenlandia, sirve para ganar posiciones de fuerza de cara al choque general en el que todas las potencias mundiales saben que deben y quieren sumergirse, y, sobre todo, sumergir al proletariado.

El verdadero enemigo de toda la burguesía, de hecho -mucho más que las clases dirigentes de los países rivales- es la crisis económica y la revolución social que implica: es la amenaza de la revolución proletaria.

Todos los regímenes burgueses, desde los democráticos hasta los más o menos abiertamente autoritarios, desde los que se visten de islámicos hasta los que se pintan de rojo para usurpar el nombre de socialismo, se están rearmando en previsión del choque en el que destruirán la inmensa reserva de bienes que asfixia cada vez más los mercados, impidiendo una mayor acumulación de capital, y en el que enviarán al proletariado a una matanza fratricida con sus hermanos de clase en otros países, en interés de los capitalistas disfrazados de interés nacional.

En este empeño, la burguesía recibe el apoyo de los partidos de la izquierda burguesa y oportunista, que defienden la idea de una lucha eterna de las naciones oprimidas contra el opresor. Este es el marco ideológico que utilizó Mussolini al enfrentar a las naciones proletarias contra las «demo-pluto-judías». El objetivo ya no sería la superación del capitalismo -el socialismo-, sino la coexistencia pacífica de los Estados capitalistas. O, a lo sumo, la derrota militar de los Estados capitalistas opresores, identificados como las únicas potencias imperialistas, sería un paso necesario antes de que pudiera comenzar la lucha por el socialismo. Esta lucha de Estados capitalistas que explotan a cientos de millones de proletarios y campesinos pobres contra otros Estados capitalistas que hacen lo mismo, pero que, debido a circunstancias históricas, son superiores en poder en ese momento histórico, se presenta como una lucha anti-imperialista. El imperialismo, que Lenin explica como la etapa final del desarrollo del capitalismo, se reduce a una característica propia de unos pocos países, y no a un modo de producción que envuelve al planeta entero en una inextricable red de relaciones económicas. El choque entre las potencias imperialistas dominantes y aquellas que buscan desplazarlas en el reparto de los beneficios globales se presenta como una lucha anti-imperialista y anticolonial.

Los Estados burgueses, completamente al servicio de la acumulación capitalista más despiadada, llevada a cabo mediante la explotación de los proletarios que viven en ellos, se visten con la etiqueta de fuerzas anti-imperialistas simplemente porque se enfrentan militarmente a la potencia imperialista dominante. Ya ni siquiera necesitan fingir ser socialistas, como ocurre con China, pero un régimen como el de Irán también es perfectamente aceptable; un régimen que, según su propia admisión, reprimió a más de 3.000 manifestantes en las calles durante unos diez días el pasado mes de enero.

El concepto de lucha anticolonial, que para el marxismo se situaba dentro de la lucha de clases durante el período de transición de ciertos países y áreas geohistóricas desde los modos de producción pre-capitalistas al capitalismo, ha sido despojado por un oportunismo moribundo de toda conexión con la lucha de clases y el socialismo, y llenado de prejuicios ideológicos burgueses, convertidos -como ellos mismos predican- en eternos.

Es evidente que el proletariado de todos los países del mundo no tiene amigos ni en el llamado imperialismo occidental ni en aquellos que se proclaman defensores de un mundo de paz y respeto por el derecho internacional, y que simplemente aspiran a sustituir a los primeros en su posición dominante y privilegiada en los mercados internacionales.

La clase obrera puede detener la guerra imperialista que se gesta y avanza negándose a tomar partido en sus frentes, denunciándolos a todos como burgueses y enemigos. El imperialismo se combate mediante la lucha de clases, no mediante la guerra entre Estados. Se combate mediante la unidad internacional de la clase obrera, que, en la práctica, se logra anteponiendo la lucha contra la propia burguesía nacional a todo lo demás, sin mostrar jamás solidaridad con ella contra una supuesta potencia extranjera. La potencia extranjera que oprime al proletariado mundial es el capitalismo.

Hasta que la clase obrera tome el poder político dentro de un país, arrebatándoselo a la burguesía mediante la revolución y estableciendo la dictadura del proletariado, debe negarse a derramar sangre en guerras entre potencias imperialistas en beneficio de su propia burguesía. Mientras el poder resida en la burguesía, cuanto antes sea derrotado el propio país en la guerra, menos sangre proletaria se derramará. Hasta que el proletariado tome el poder, la única lucha que se puede librar, la única sangre que los trabajadores deben aceptar derramar, es la lucha de clases.

En Irán, los trabajadores también deben organizarse en sindicatos independientes del régimen burgués -sindicatos de base- que centren su organización en estructuras territoriales, para unir a los trabajadores de todas las divisiones empresariales y luchar, mediante huelgas cada vez más amplias, por sus intereses inmediatos: aumentos salariales y de pensiones, reducción de la jornada laboral y el pago íntegro a los trabajadores despedidos. El Partido Comunista Internacional subraya el papel fundamental de esta lucha de clases elemental, económica y sindical. Su intensificación, junto con el fortalecimiento de nuestro partido en las filas de la clase proletaria y en las organizaciones sindicales de base, impulsa al movimiento hacia el plano político, hacia la lucha por el poder, hacia la revolución.

Un violento “doblete sísmico” -un sismo de magnitud 7,2 seguido de un segundo evento de 7,5 Mw con epicentro en el subsuelo del estado Yaracuy- sacudió al norte y centro de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. Si bien el foco geofísico se ubicó en tierras yaracuyanas, donde las afectaciones a la infraestructura resultaron afortunadamente menores, la onda destructiva descargó su verdadera furia material sobre los grandes centros de concentración urbana y los ejes de la especulación inmobiliaria costera: Caracas, La Guaira, Tucacas, Morón y Puerto Cabello.

Mientras los aparatos de propaganda de la prensa burguesa y el reformismo local vierten lágrimas de cocodrilo apelando a la “unidad nacional” y la “solidaridad patriótica”, la cruda realidad de las relaciones de producción capitalistas se impone sobre los escombros. Lejos de ser una fatalidad puramente geofísica, la tragedia material demuestra con nitidez las tesis comunista: la naturaleza termina haciendo el trabajo sucio que suelen ejecutar las guerras imperialistas, aportando la destrucción violenta de fuerzas productivas y capital constante que el capitalismo senil necesita desesperadamente para oxigenarse cuando se encuentra asfixiado por sus crisis cíclicas de sobreproducción.

Antecedentes Históricos: La recurrencia de la negligencia burguesa

La historia sísmica de la república burguesa venezolana está marcada por catástrofes cuyos altos costos humanos reflejan la absoluta subordinación de la vivienda a la renta inmobiliaria y a la ganancia patronal.

1812 y 1900: Desde los grandes sismos del siglo XIX, el hacinamiento de la fuerza de trabajo en estructuras vulnerables evidenció la nula preocupación de las clases dominantes por las condiciones de vida de los desposeídos.

El Terremoto de Caracas de 1967: El sismo del 29 de julio de 1967 (magnitud 6,5) fijó el precedente moderno. El colapso de edificios residenciales en zonas de alta densidad como Altamira y Los Palos Grandes (Caracas) desnudó la especulación del suelo urbano y el abaratamiento criminal de los materiales por parte de la burguesía de la construcción. Casi sesenta años después, la geografía de la destrucción se repite en los mismos municipios capitalinos y se extiende por el litoral central, demostrando que bajo el capitalismo no existe memoria científica, sino únicamente la memoria del dividendo.

Magnitud de la Tragedia: La sangre obrera abona el terreno de los centros turísticos e industriales

Las estimaciones científicas y los primeros informes locales confirman el colapso masivo de la infraestructura habitacional, hotelera y de servicios. Los mayores estragos se concentran en el Distrito Capital y en el estado de La Guaira (declarada zona de catástrofe), así como en el eje costero de Tucacas, Morón y Puerto Cabello. Se reportan más de 2.500 muertes confirmadas, miles de heridos y una pavorosa cifra que supera los 50.000 desaparecidos bajo las estructuras destruidas. Se estima que el número de víctimas aumente hasta casi coincidir con el de desaparecidos. Para el capital, este salto en la escala de la muerte de miles a decenas de miles no es un freno: es la confirmación de la magnitud del “espacio limpio” y de la magnitud de la futura fuerza de trabajo sobrante que estará dispuesta a aceptar las condiciones más miserables en los contratos para la reconstrucción que asuman las empresas de construcción nacionales e internacionales.

Estadísticamente, la carnicería humana tiene un sesgo de clase inequívoco. Ha sido, es y será principalmente la sangre obrera la que se derrama en estos eventos. Mientras los burgueses y la alta burocracia se resguardan en seguras quintas privadas construidas bajo rigurosas normativas de ingeniería, el proletariado urbano y los trabajadores del sector servicios han sido sepultados vivos. El colapso ha golpeado con saña a los bloques habitacionales populares masificados de Caracas y La Guaira, pero también a las estructuras hoteleras y comerciales de Tucacas y el eje Morón - Puerto Cabello, donde la fuerza de trabajo se hacina para dinamizar el aparato turístico y portuario regional.

La ola de muerte y destrucción que trajo el terremoto, no ha venido a subvertir a un “mundo feliz”, a un “paraíso”, sino a una región en la que la población asalariada vive atormentada por salarios de hambre, por el desempleo, por acceso insuficiente a los alimentos, al agua potable, a un servicio eléctrico estable, a un sistema de salud competente, es decir, a un país donde es visible todo el efecto social depauperante de la sísmica economía capitalista.

La Falsa Solidaridad y el Negocio de la Reconstrucción

Tras el desastre, se abrirá paso de inmediato la “orgía de la reconstrucción”, un lucrativo festín donde las potencias imperialistas y las fracciones de la burguesía local se disputarán las cuotas de valorización del capital sobre zonas estratégicas para el mercado del ocio burgués y la logística manufacturera.

1. El mercado de divisas desnuda el cinismo mercantil

Mientras la población agonizaba bajo los escombros, la economía de mercado demostró su total indiferencia humanitaria. Entre el 24 de junio y el 30 de junio, la tasa oficial de cambio del dólar publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) saltó de los 621,52 bolívares por dólar a más de 633,36 bolívares por dólar, registrando un aumento directo de casi 12 bolívares en menos de una semana. Esta devaluación de facto en medio de la peor emergencia del siglo evidencia que la ley del valor y la especulación financiera no conocen tregua ni piedad.

Pero el gobierno, los empresarios, las centrales sindicales y los oportunistas de todos los colores, manifestaron su condición “humanitaria” con el anuncio concertado del primero de mayo, de no aumentar los míseros salarios que se pagan en Venezuela. Mientras tanto, como ejemplo del humanitarismo empresarial, 30 trabajadores del supermercado Catania, en Puerto Cabello, renunciaron en bloque cuando el patrono los quiso obligar a trabajar pese a que un edificio vecino a esas instalaciones se encontraba inclinado y propenso a derrumbarse y caer sobre ese local comercial.

2. La controversia politiquera frente al urbanismo del desastre

En los próximos días, los partidos del orden burgués desatarán una estéril controversia mediática acerca de la calidad de los materiales y las violaciones a los códigos de edificación. Se trata de una cortina de humo ideológica. El debate oculta que muchas de estas macro-construcciones ni siquiera debieron existir. El modo de producción capitalista impulsa irracionalmente altísimas concentraciones de población en ciudades como Caracas y edificaciones de gran altura desprovistas de sentido técnico, con el único fin de maximizar la renta del suelo.

Este gigantismo es particularmente grotesco en la zona turística de La Guaira y en el eje de playa integrado por Tucacas - Morón - Puerto Cabello. Estos desarrollos turísticos masivos, complejos de marinas hoteleras y torres vacacionales agreden criminalmente al paisaje y al equilibrio ambiental, habiendo sido erigidos sobre suelos vulnerables exclusivamente para el blanqueo de capitales, la especulación inmobiliaria y la captura del excedente económico de la clase dominante.

3. El desembarco imperialista de EEUU como administrador de los contratos

La ayuda de emergencia desplegada por el gobierno de los Estados Unidos no responde a fines filantrópicos. En el contexto actual de ocupación y tutela política de facto en Venezuela, tras el secuestro del presidente Maduro el pasado enero, la administración estadounidense controla y bloquea los fondos de la venta del petróleo venezolano en el exterior.

Por ende, el imperialismo norteamericano posee la llave del dinero y -bajo la fachada de asistencia humanitaria canalizada a través de agencias transnacionales- administrará directamente la asignación de los multimillonarios contratos de reconstrucción vial, portuaria, hotelera y de vivienda. Las corporaciones estadounidenses de la construcción desembarcan en el litoral central y occidental junto a sus socios y testaferros de la burguesía local (tanto de la oposición tradicional como de los grupos empresariales asociados a la República Bolivariana, indiferentes al reemplazo de Maduro por Delsy Rodríguez) para repartirse el botín de la reconstrucción de la infraestructura dañada y el relanzamiento del rentable negocio turístico de playa.

No es, en absoluto, un hecho casual ni una muestra de filantropía que el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) hayan anunciado, de forma casi simultánea y expedita, la conformación de fondos especiales de financiamiento para la reconstrucción de la infraestructura colapsada. El capital financiero transnacional opera con la velocidad del buitre: donde el reformismo y la sensiblería ciudadana ven una tragedia humana, los tecnócratas del imperialismo ven una ventana de oportunidad extraordinaria para relanzar los ciclos de acumulación y sujeción crediticia.

Estos créditos de “emergencia” no son donaciones; constituyen nueva deuda soberana que recaerá directamente sobre las costillas de la clase obrera venezolana mediante futuros planes de austeridad y reformas fiscales regresivas. El FMI y la CAF acuden a blindar el beneficio de los grandes monopolios constructores, asegurando que el Estado burgués venezolano disponga de la liquidez necesaria para pagar los contratos de las corporaciones internacionales y sus socios de la burguesía local, al tiempo que amarran nuevos mecanismos de chantaje financiero.

El verdadero “Doblete”, la doble explotación obrera

La catástrofe de junio de 2026 cierra el círculo vicioso de la explotación del trabajo asalariado. Será la mano de obra proletaria la que, bajo condiciones de precarización laboral extrema y salarios de indigencia, deba limpiar los escombros y levantar de nuevo cada hotel de lujo, cada puerto y cada edificio destruido. Sin embargo, una vez concluida la reconstrucción, las leyes del mercado capitalista y sus míseros salarios les impedirán nuevamente tener acceso a esas infraestructuras vacacionales y viviendas dignas.

La única respuesta histórica válida de la clase obrera ante la barbarie especulativa del desastre es la ruptura con la farsa electoral, la ruptura con las traidoras direcciones sindicales del régimen y la organización de huelgas por el aumento de los salarios, las pensiones y la reducción de la jornada laboral, cada vez más extensas, coordinadas y unidas, hasta llegar a una huelga general de duración indefinida para alcanzar estos objetivos, hasta su desenlace revolucionario con la toma del poder político por parte de la clase obrera, organizada en verdaderos sindicatos de clase y dirigida por el partido comunista internacional, con el fin de destruir el sistema de explotación del trabajo asalariado, que convierte la muerte de los proletarios en la oxigenación del Capital.

Evidentemente que todas las manifestaciones de solidaridad, masivas y espontáneas, que pasaron por encima del control del gobierno y de sus opositores, demuestran el poderoso potencial que existe en la sociedad para la reanudación de la lucha de clase.